La historia de Alexandra, una mujer que pensó en abortar y se arrepintió antes de concretarlo, muestra que hoy el Estado ofrece más facilidades para interrumpir un embarazo que para dar vida. Ahora el sistema de salud debe replantear una práctica que el TCA consideró ilegal.

Alexandra baja despacio las escaleras de la maternidad del Pereira Rossell. Mira con sus ojos celestes enrojecidos de cansancio y sonríe con calidez, pero no fue un día sencillo para ella. Mía, una de sus dos bebés prematuros en CTI, no quiso tomar la mema. Y por haber intentado tanto con ella, no pudo atender a su otro bebé, Kevin. Esto le hace sentir un vacío como madre, dice. Está agotada, lleva ocho horas dando vueltas en el hospital y no come desde la mañana. Así suelen ser sus días desde hace un mes, cuando nacieron sus chiquitos. Esos niños que un día pensó abortar.

Su experiencia con los anticonceptivos no fue buena: al parecer, su cuerpo no absorbe las pastillas (así, dice, concibió a sus dos primeros hijos); probó con el diu pero le lastimó el útero y le hizo adelgazar; y cuando quiso ligarse las trompas, después de parir al quinto, le indicaron que esperara seis meses, pero antes de eso volvió a quedar embarazada.

"Me lo voy a sacar", pensó entonces. Sabía que iba a sufrir, pero se convenció de que ya tenía muchos hijos, que sus embarazos siempre eran muy complicados y que la economía de su casa no daba para más. Su marido la apoyó. Alexandra inició el proceso de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) con un ginecólogo que ante su planteo, le mandó análisis confirmatorios del embarazo. Luego el ecografista, que se supone que ante un IVE se debe limitar a constatar que haya un feto vivo con menos de 12 semanas de gestación, no se contuvo: "¡Son dos!", soltó. "Ah, si son dos no me los saco", dijo ella enseguida. Entonces él le dejó ver en la pantalla los dos sacos gestacionales.

Todos los motivos racionales para abortar se iban desvaneciendo. "Dos nenes iguales. Qué increíble que el cuerpo humano pueda generar dos criaturas", pensó Alexandra. "Me llenó de ilusión, parecía que estuviera embarazada de mis primeros dos niños".

Volvió a la consulta. Le tocaba el momento del asesoramiento interdisciplinario. Había una ginecóloga, una trabajadora social y una psicóloga. "Me dieron un consentimiento para firmar, la receta de las pastillas, y me explicaron cómo tomarlas. Les dije que era una decisión difícil y me puse a llorar. Ellos me dijeron que sí, que era difícil. Después me explicaron lo que me podía pasar tomando las pastillas, y ta. Lo demás quedaba en una".

—¿En algún momento te dijeron que tenías la opción de seguir con el embarazo y darlos en adopción, o seguir y recibir ayuda de algún tipo?

—No, nunca me dijeron nada de eso.

Alexandra se fue sorprendida. "Pensé que me iban a insistir con que no me lo sacara, o ponerme alguna traba, o darme más tiempo. Que me iban a dar pie para arrepentirme. Me resultó extraño que fuera tan rápido y tan fácil, que me dieran todas las armas para yo sacármelo. Yo capaz necesitaba que alguien me dijera no. Más allá de que soy una mujer grande. Alguien que me hiciera pensar".

Salió de esa entrevista y fue a buscar las pastillas a la farmacia de la mutualista. Entonces sucedió algo que cambió el rumbo: le habían dado de baja porque su marido se había quedado sin trabajo. Todavía estaba a tiempo de iniciar el proceso en ASSE (estaba de siete semanas), pero algo había cambiado en su interior.

En el centro que tiene ASSE en la Cruz de Carrasco fue a parar al consultorio de Marie Lourdes González, una ginecóloga católica conocida entre sus colegas por estar en contra del aborto y ser una ferviente objetora de conciencia. "Doctora, vengo con usted porque me dijeron que no hace abortos", le dijo Alexandra. Desde entonces nació entre ellas una alianza por la vida de Mía y Kevin: dos más entre "los salvados del aborto" que González se enorgullece de contar en su legajo.

El caso de Alexandra despertó en González una "indignación infinita" por varios motivos. Uno, porque "se la despachó como a una papa caliente". Y dos, porque cuando ella decidió seguir con su embarazo, "el Estado le soltó la mano" y le negó distintas ayudas.

Fue al BPS a gestionar un subsidio y le dijeron que no le correspondía porque estaba "en el tope de los aportes por la composición de su familia". Alexandra cobra $ 3.000 de asignaciones y, contando a los mellizos, tiene siete hijos, todos menores de edad, y dos de ellos con discapacidades. Fue al Mides a preguntar si no podían aumentarle el monto de la Tarjeta Uruguay Social (hoy recibe $ 2.000) pero tampoco tuvo eco. En el BPS hizo el trámite para que le dieran boletos, pero no le corresponden porque ella no está trabajando y su marido está en negro en un depósito de cartones. También allí pidió transporte para su hija Brisa, que es sorda. La niña de siete años hace un mes que no va a la escuela porque nadie puede llevarla. En el BPS no pudieron ayudarla.

Hay más: aún no ha cobrado la asignación prenatal que le han dicho que le corresponde por sus bebés. Es que como están en CTI, no les ha podido sacar la cédula y al parecer no basta con la partida de nacimiento para comprobar que están vivos. En el Pereira Rossell Alexandra pudo comer durante los primeros días, pero ahora pasan las bandejas delante suyo y no le dan. Hace semanas que no ingiere nada entre las 10 y las 18.30 horas, lapso en el que entra y sale de los controles. Lo que sí le dieron, dice, fue "contención". Y ella lo valora. En su relato no hay autocompasión, solo realidad.

"Estoy convencida de que no es intencional la desprotección, sino que en realidad los recursos son limitados", dice González. "Esto fue como un tsunami: tener que dar solución al aborto, con los plazos, los equipos y todo lo demás. Pienso que el Estado debería coordinar todas las prestaciones y organizar bien los recursos. ¿Nadie vio su realidad? Cuando estuvo internada podían ver a todos sus niños. Allí hay 10 trabajadoras sociales y no se lo pudieron solucionar. Es muy triste".

Hoy los bebés se encuentran estables y es posible que la semana próxima pasen a sala general. Pero Alexandra todavía no los tiene consigo y eso la tiene devastada. La peripecia de estos últimos meses ha llevado a esta mujer de 38 años a reflexionar. "Pienso que cuando vos decidís seguir con el embarazo pero tenés muchos hijos, la gente lo primero que hace es criticar. No celebran que vos quieras seguir con una vida. Yo no pretendo que nadie me regale nada, ni que me festejen que tengo siete hijos. Pero fue mi decisión, y la gente tendría que concientizarse más en dar una vida y no quitarla. Y menos a una criatura que no tiene la culpa de nada; los responsables somos nosotros", dice, y aclara: "Ya me ligué".

El aborto se despenalizó por ley en octubre de 2012. El decreto reglamentario, elaborado por el Ministerio de Salud Pública (MSP), salió al mes. Diez días después, 20 ginecólogos presentaron un recurso de impugnación del decreto ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). El 11 de agosto de este 2015 el TCA les dio la razón a los médicos en buena parte de sus reclamos y anuló total o parcialmente ocho artículos del decreto, lo cual tendrá efectos para todos los ginecólogos.

En la sentencia, el TCA alega que el decreto fue más allá de la ley en varios puntos. González —una de los profesionales demandantes— lo dice así: "el decreto pretendió ser la ley que no pudieron tener", porque la ley fue acordada voto a voto y el decreto se cocinó en el MSP.

El TCA establece que el asesoramiento interdisciplinario deberá ser completo (no solo informar cómo se toman las pastillas). Además, deberá hacerse inexorablemente en simultáneo (ginecólogo, trabajador social y psicólogo) y recién entonces se iniciarán los cinco días de reflexión, no como hasta ahora, que se podía hacer por separado y el reloj corría desde la primera consulta para agilizar.

El tercer aspecto sustancial del fallo es que la objeción de conciencia vale ahora para todas las etapas y no solo para la prescripción de fármacos o el legrado. Con esto, se va en contra de lo acordado entre el MSP, el Colegio Médico y la Udelar. Además de los ginecólogos ahora podrán objetar los demás técnicos involucrados.

Mariana Boutmy, una de las ginecólogas demandantes, contó que en su consulta les destina más tiempo a las que le plantean que quieren abortar. Al principio le daba miedo, pero después empezó a "hacerles pensar si realmente querían interrumpir". Les pregunta si lo habló con su pareja, con sus hermanas. "Les quiero prender la lucecita. Quizás las ilumine. No les digo no interrumpas". En muchos casos lo que pesa es el factor económico, cuenta. En esos casos, la mutualista donde trabaja tiene previsto exonerar de tiques y órdenes a las que sigan con el embarazo, e incluso ayudarlas con boletos.

Boutmy aseguró que hasta ahora se ha dado una suerte de "aborto exprés". "Cuando la paciente va a sacar hora, si dice IVE, se le da hora exprés. Es una paciente VIP. Una vez que accede a la consulta, se le coordina ecografía para el día o 48 horas. A las que no van a abortar se les da hora en tres semanas".

Para reafirmar ese concepto, el 18 de agosto la Sociedad de Ginecología mandó un comunicado a sus socios advirtiendo que a pesar del paro del día siguiente, "la atención a las pacientes que están en proceso IVE debe realizarse en forma normal y habitual, dado que debe considerarse como una urgencia social y legal". No mencionaba otras prestaciones con semejante prioridad.

"Hay pacientes que van por la segunda o tercera vez del año", aseguró González. La ginecóloga dijo que está "cansada de ver formularios incompletos" y que "se corra para hacer entrar a la que llega con 12 semanas y seis días". Ahora, anuncia, va a hacer "estricta vigilancia" de que se cumpla la ley en sus lugares de trabajo.

El mismo día en que se conoció el fallo del TCA, el MSP dio una conferencia de prensa. El ministro Jorge Basso anunció que promoverá la coordinación entre los servicios de salud para "asegurar" la atención. Para eso, dijo, pedirá a las instituciones la lista de objetores de conciencia. Eso se anunció el viernes 21. Hasta ahora, según fuentes de distintas instituciones, el MSP no envió ninguna nota ni comunicó qué cambios concretos supone el fallo.

Agustín Amonte, abogado de los ginecólogos demandantes, dijo a El País que a su entender, si siguen trabajando como antes, los profesionales están incurriendo en una "ilegalidad evidente". Incluso consideró que podrían ser pasibles de una denuncia si alguna paciente los demandara por no cumplir con todos los elementos señalados por el TCA. Amonte advirtió que el MSP está en falta al no hacer cambios para acatar la sentencia. En el ministerio no quisieron hacer comentarios para este informe.

Las organizaciones que protegen los derechos de las mujeres se indignaron. "La interpretación del TCA es la más restrictiva y conservadora de la ley", advirtió MYSU en un comunicado firmado por decenas de feministas. Al ampliar la objeción de conciencia, el fallo "profundiza las barreras de acceso a los servicios".

El último relevamiento oficial indicó que los objetores de conciencia son alrededor del 30% de 700 ginecólogos. En cambio, los relevamientos de MYSU por departamento encontraron varios con 80, 90 y hasta 100% de ginecólogos objetores.

En el ámbito médico también dicen que son muchos más, ya que no todos han presentado su postura por escrito. De hecho, varios se refieren a "dos bandos" entre los que rechazan y los que defienden el servicio IVE. En el Pereira Rossell, por ejemplo, hay dos clínicas ginecológicas. La que dirige el exsubsecretario Leonel Briozzo tiene 0% de objeción; en la otra, con Justo Alonso a la cabeza, los objetores son el 80%. Entre ambas hay un enfrentamiento declarado.

Briozzo, principal promotor del proceso de IVE tal como funcionaba hasta ahora, reconoció su malestar por la sentencia del TCA, al que acusó de "desconocer la realidad". Sin embargo, opinó que no tendrá efectos prácticos (vea la entrevista completa aquí).

"El decreto solo permite asesorar exclusivamente en temas "técnicos con encare de disminución de riesgo y daño", lo que implica brindar información sobre cuáles son las formas menos riesgosas de practicar el aborto. De ese modo, se priva a la mujer de recibir toda la información científica necesaria para la toma de una decisión consciente y responsable, tal como lo exige la ley", plantea el TCA en la sentencia. A partir de ahora el asesoramiento deberá informar, como dice la ley, de estos aspectos: "las características de la interrupción del embarazo, los riesgos inherentes a dicha práctica, y las alternativas al aborto provocado, incluyendo los programas disponibles de apoyo social y económico, así como de la posibilidad de dar su hijo en adopción".

La consulta de asesoramiento con el equipo multidisciplinario debe

ser realizada en forma conjunta y no por separado. El plazo de reflexión debe regir a partir de la consulta conjunta y no a partir de la primera consulta con un ginecólogo, como permitía el decreto reglamentario. A su vez, el TCA le otorga al médico la posibilidad de que pregunte a la mujer si quiere que el padre participe del proceso de decisión.

El TCA anula los artículos del decreto que restringían la objeción de conciencia. En el fallo sostiene que "la ley otorga amplias garantías para el ejercicio de la libertad de conciencia", y que el decreto, en cambio, "es notoriamente limitativo del derecho de objeción de conciencia". "Lo que aquí se evidencia es una distinta concepción de la objeción de conciencia entre legislador y autoridad administrativa", advierte.

A partir de ahora están incluidas en la objeción de conciencia todas las etapas necesarias para la práctica del aborto y no solo el acto concreto. Un profesional que hace objeción de conciencia no está obligado a firmar ni siquiera el formulario que inicia el proceso. Solo se exceptúa de la objeción el "grave riesgo para la salud de la mujer", como dice la ley, pero no el "riesgo bio-psico-social" al que refería el decreto. También podrán declarar objeción de conciencia otros técnicos que participen de las distintas etapas, aunque no el personal administrativo.

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