En Uruguay existe una baja percepción de corrupción. Aún así, los mecanismos institucionales para combatirla, en recursos humanos y presupuesto, son débiles. También falta un largo trecho en materia legal para crear un escudo eficiente. La Junta Anticorrupción pelea como puede.

Si la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), más conocida como Junta Anticorrupción, fuera un equipo de fútbol (de hecho tiene apenas 19 funcionarios), y la corrupción vistiera la casaca argentina o brasileña, perdería por goleada. En momentos en que en la región los ilícitos vinculados a la gestión pública parecen brotar de la tierra e implican a dirigentes y partidos de todas las tendencias políticas, en Uruguay el organismo especializado cuenta con un presupuesto diario de $ 52.000. También es ignorado por la Justicia y hace 18 años que no logra definir si puede o no actuar de oficio. Este año deberá suspender su participación en eventos internacionales por falta de presupuesto y un secretario general que pueda asistir.

Según el ranking de Transparencia Internacional sobre percepción de corrupción, Uruguay ocupa el lugar 21. Es un sitial privilegiado frente a realidades muy cercanas. La corrupción hizo perder a Petrobras en Brasil 11.000 millones de dólares (la quinta parte del PIB anual de Uruguay), mientras en Argentina un ex funcionario es pescado con nueve millones de dólares en efectivo cuando los esconde en un convento.

A pesar de la falta de recursos humanos y económicos, la Jutep es de esos equipos que saca resultados a fuerza de sacrificio y empeño. De esa manera logra cumplir a satisfacción sus cometidos más básicos y hacer gala de su independencia técnica, dándose el lujo de hacer reparos formales sobre la declaración jurada de bienes del propio presidente de la República Tabaré Vázquez.

La normativa sobre las declaraciones juradas prevé que la nómina debe incluir una relación precisa de los "bienes muebles e inmuebles así como de los ingresos propios del declarante, de su cónyuge, o concubino". También estipula que las únicas declaraciones que obligatoriamente son abiertas al público, corresponden al presidente y vicepresidente de la República. Sus cónyuges o concubinos pueden optar por la confidencialidad.

Un estudio FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), realizado sobre la Jutep, dedica un apartado a analizar el caso específico de las declaraciones juradas presentadas por Vázquez entre 2005 y 2010. "Las cuatro declaraciones que presentó fueron abiertas y de conformidad con lo dispuesto por la normativa vigente, pero su cónyuge la presentó en sobre cerrado, dentro de la de su esposo, por haber realizado separación judicial de bienes, razón por la cual esa declaración no fue abierta. Este tipo de circunstancias restringen la información de acceso al público", sostiene el estudio FODA que la Jutep incluyó en su memoria anual.

Luego de la apertura de la declaración patrimonial de 2005, la Junta hizo la siguiente constancia en el acta 243 del 20 de mayo de 2005: "En el sobre estaba incluido un segundo sobre, cerrado, que el doctor Vázquez afirmó que contenía la declaración jurada de su cónyuge. No fue abierto en consideración a que se invocó la reserva de confidencialidad reconocida expresamente en el instructivo pertinente". El presidente de la Junta Anticorrupción, Luis Yarzábal, confirmó a El País que la situación se reiteró en la declaración jurada de ingresos y bienes presentada por el presidente en 2015.

Vázquez tiene separación de bienes con su cónyuge, María Auxiliadora Delgado, desde el 3 de setiembre de 1986, época en la que no ocupaba cargos electivos.

Yarzábal dijo que lo hecho por el mandatario está amparado por la ley, dado que esta permite a los cónyuges optar por la confidencialidad. No obstante, precisó que la Jutep tiene previsto abrir una discusión sobre la necesidad de que se legisle para eliminar esa potestad y que todas esas nóminas sean públicas.

El caso de Vázquez no es el único, las declaraciones de los vicepresidentes Raúl Sendic y Danilo Astori tampoco incluyeron los bienes e ingresos de sus cónyuges, a diferencia de José Mujica, que sí lo hizo con su esposa Lucía Topolansky.

El estudio FODA que la Jutep hizo suyo, incluye recomendaciones precisas para estos casos. "Es necesario establecer a texto expreso normativamente que, las declaraciones de los cónyuges y concubinos reconocidos judicialmente del presidente y vicepresidente de la República serán abiertas, a efectos de evitar situaciones que configuren una vía oblicua de sustraer del conocimiento del público el patrimonio de estos".

También señala la necesidad de cruzar datos, y recomienda hacerlo entre cónyuges. El caso podría darse en relación a una persona obligada a declarar sus bienes y que deba, además, presentar la declaración de su cónyuge. Sería importante prever cruzamiento de dicha información, enlazando los dos registros desde el punto de vista informático.

La Jutep logró un triunfo este año. Por ley dejó la órbita del Ministerio de Educación y Cultura y se convirtió en un organismo descentralizado. No obstante, otros reclamos siguen en lista de espera.

Yarzábal explicó que este año se presentarán al Poder Ejecutivo más propuestas legales para fortalecer su accionar. "Vamos a insistir en el enriquecimiento ilícito. La Junta estudiará si hay un enriquecimiento injustificado a partir de la evolución del patrimonio de los declarantes y, si es así, pasará los antecedentes a la Justicia Penal", explicó.

Otro planteo apunta a que la ciudadanía pueda tener libre acceso a la información sobre la evolución en el tiempo del patrimonio de los 45.000 funcionarios obligados a declarar. "No hablamos del detalle sino del monto global. Eso debería ser público y permitiría ver cómo ha crecido durante la función", señaló.

La tercera iniciativa, que Yarzábal entiende mejoraría sensiblemente la situación de la Junta, pretende que se le atribuya la potestad de investigar denuncias. "Hoy las recibimos pero sin más trámite son derivadas a la Fiscalía. La idea es que se convierta en un órgano que pueda investigar lo que se denuncie y, en caso de confirmar irregularidades o ilícitos, derivar a la Justicia. No pretendemos ser un órgano punitivo", precisó.

Desde 1998, año en que fue creada, la Jutep ha peleado por mejorar su estatus dentro de la institucionalidad pero nunca se le ha prestado mucha atención. Eso explica su magro presupuesto, que en 2015 ascendió a solo 19.159.700 pesos. También su escaso personal.

En 2014 los policías quedaron obligados a presentar declaraciones juradas. Eso incrementó en 300% el total de nóminas recibidas por la Jutep, mientras que su plantilla solo se incrementó un 20%. Se estima que implicó una carga extra de entre 800 y 1.000 horas hombre. En el caso del registro de declaraciones juradas, la escasez de recursos humanos ha generado relegar otras tareas como la gestión de omisos, que en 2014 no se realizó. "Constituye un control importante para la efectividad del sistema de declaraciones juradas, por lo cual la situación resulta preocupante", sostuvo la Jutep en la memoria anual de ese año.

La visibilidad y legitimidad de la Junta es otro problema. Uno de sus cometidos fundamentales es actuar como perito auxiliar de la Justicia en causas penales por corrupción en la Administración Pública. Sin embargo, durante 2015 la Junta recibió del Poder Judicial solamente ocho solicitudes de informes. En 2014 habían sido tres. Los pedidos de la Justicia a la Jutep fueron 16 entre 2000 y 2004, y 54 entre 2005 y 2009. Se precipitaron entre 2010 y 2014, cuando solamente se solicitaron 23 asesoramientos. La tendencia es preocupante para la Junta. Yarzábal espera que esto se revierta y la Justicia se apoye más en la Jutep. Explicó que la reticencia se debía a su ubicación como institución dependiente del Ministerio de Educación y Cultura. Ahora, como organismo descentralizado, Yarzábal considera que jueces y fiscales confiarán más en su idoneidad.

A pedido de la Justicia, el año pasado la Jutep abrió solo seis declaraciones juradas. En 2014 fueron 13. Entre 2000 y 2015 la Junta abrió 458 declaraciones a pedido de jueces penales.

Desde su creación, la Junta nunca abrió una nómina de oficio porque la legislación es poco precisa. En todos esos años no ha podido desentrañar en qué circunstancias puede hacerlo. Incluso hizo consultas a expertos y catedráticos que no pudieron dar una respuesta a su incertidumbre.

Dentro de las "debilidades" de la Jutep, el estudio FODA identificó la escasez de personal, las dudas de los obligados a presentar declaraciones, la falta de cumplimiento en el análisis de los omisos y la escueta utilización de las facultades de control de nóminas.

También señaló que es insuficiente la custodia por cinco años de las declaraciones juradas luego del cese o fallecimiento de los obligados. "El plazo de custodia resulta exiguo dado que las declaraciones juradas deben ser verdaderos insumos que aporten datos relevantes a las causas penales", indica.

La contracara de la Jutep es el rol que desarrolla capacitando a los funcionarios públicos. En 2003 apenas se le solicitaron cinco asesoramientos desde la Administración Pública. En 2015 fueron diez que partieron desde diversos organismos, y 4.000 por parte de jerarcas y funcionarios. Esto se vincula a una fuerte tarea de capacitación dentro del Estado. En 2015 se dictaron 73 cursos de los que formaron parte 2.012 estatales. Es en esa tarea donde la Jutep espera sus frutos.

Más de 45.000 funcionarios públicos están obligados a presentar declaración jurada de bienes e ingresos. Un importante porcentaje las entrega con errores que deben ser corregidos, al tiempo que los omisos son apenas un 2%. La mayoría de ellos son ediles. ¿Por qué? Porque la única potestad que tiene la Junta para castigar la omisión es la retención del 50% del salario, y los ediles son honorarios.

Según consta en la memoria 2014 de la Jutep, en un primer momento se cursó comunicación a los directorios de los partidos, lo que causó "gran malestar". Posteriormente se publicó la omisión en la prensa, lo que tampoco dio resultados favorables en tanto no motivó conductas de cumplimiento. La Junta considera que deberían aplicarse otras sanciones, pero dado que el nivel de incumplimiento es residual tampoco se considera un problema grave.

No obstante, sí resulta relevante que quienes están obligados a presentar declaraciones lo perciben como un mero trámite formal, al tiempo que en la población en general existe desconocimiento sobre la existencia de la herramienta. Ello es producto de la falta de cruzamientos de datos y fiscalización. En su momento se planteó actuar de oficio cuando un funcionario incrementa su patrimonio en más de 200% con respecto a su última declaración.

En el ranking de Transparencia Internacional 2015 sobre percepción de corrupción, Dinamarca ocupa el primer lugar. Le siguen en transparencia Finlandia, Suecia, Nueva Zelanda, Holanda y Noruega. ¿Por qué son los países nórdicos los más cristalinos? Son múltiples las razones. Altos niveles educativos y buen nivel de vida, junto a una importante condena social hacia los desvíos de conducta lo explican en parte. Pero no es lo único, también hay una acumulación de políticas públicas que surten efecto. Por ejemplo, en algunos de esos países toda decisión que adopte un funcionario público (menos las vinculadas a la seguridad) son públicas. También lo son las declaraciones de ingreso de todos los ciudadanos, no importa si conduce un ómnibus, es un artista famoso o un político. Los ministros y restantes jerarcas son elegidos porque llegan a la cúspide de su carrera y no por los partidos políticos. Los países nórdicos han desterrado la corrupción en base a decisión política y compromiso ciudadano.

GUSTAVO STOK

El revoleo de bolsos con 9 millones de dólares por sobre la pared de un convento para esconder allí dinero proveniente de la corrupción no solo dejó al desnudo a José López, el poderoso secretario de Obras Públicas desde el primer día del gobierno de Néstor Kirchner hasta el último día del mandato de Cristina Kirchner. Esa escena cinematográfica de la madrugada del martes pasado ya disparó en Argentina una serie de efectos políticos, cuyo alcance aún es imposible de dimensionar.

Si bien el destape de los escándalos de corrupción ocurridos durante el ciclo kirchnerista ya había incluido desde testimonios de arrepentidos hasta videos de cámaras de seguridad en los que se veía a empresarios cercanos al anterior gobierno contando millones de dólares en una financiera, la saga protagonizada por López terminó por poner en evidencia, como nunca antes, la maquinaria sistemática de corrupción montada en torno a la obra pública desde el 2003 al 2015 en Argentina.

"López fue un funcionario muy importante: manejó solo, por debajo de Néstor y Cristina Kirchner, la obra pública, más de 100.000 millones de dólares que constituían el corazón de la gestión kirchnerista. A eso se suma lo patético de la escena, que despierta en buena parte de la sociedad la pregunta de en manos de quién estuvimos. Y, además, el escándalo explota en un momento en que la gente está enojada con el ajuste económico y tiene que encontrar un culpable", dijo a El País el analista político Marcos Novaro.

Según un sondeo de la consultora Giacobbe & Asociados, al 66% de los encuestados le resultó indignante el hecho y el 68,3% cree que López es un testaferro de alguna figura del kirchnerismo.

El retorno de los casos de corrupción del kirchnerismo al centro del escenario político representa una bocanada de oxígeno para el presidente Mauricio Macri, justo cuando su gobierno transita por el período más duro del ajuste fiscal y monetario en marcha.

"Es un regalo del cielo para el gobierno que cae en el momento exacto. El grueso del Peronismo prefería no hacer olas porque creía que el kirchnerismo iba a pasar al olvido muy rápidamente y eso les permitiría recuperar fortaleza. Ahora, esa estrategia va a ser más difícil que funcione y el Peronismo intentará blanquearse frente a la sociedad pidiendo leyes de transparencia y castigos más duros. Además, semejante escándalo lava pecados menores, como la desprolijidad injustificada del presidente Macri en la presentación de su declaración jurada", señaló Novaro.

No obstante, analistas consultados advierten que los vientos favorables al gobierno por el estallido del caso López podrían cambiar de dirección a mediano plazo.

"El gobierno aspira a que el kirchnerismo continúe siendo una fuerza opositora con un volumen político importante porque eso le garantiza que se disperse en varios espacios el voto del Peronismo. Una degradación acelerada del kirchnerismo por los efectos de este nuevo escándalo de corrupción provocaría que la oferta peronista quede acotada a dos espacios (el Partido Justicialista oficial y el sector que lidera Sergio Massa) y eso la torne más competitiva en las elecciones legislativas que se llevarán a cabo el año próximo. Por eso, el estallido de este caso de corrupción es una buena noticia para el gobierno en el corto plazo, pero no tanto a mediano plazo, sobre todo si no logra reactivar la economía", dijo a El País el analista político Rodrigo Martínez, director de Isonomía Consultores.

En la siempre volátil Argentina, la fuerza que gozó de cuotas de poder elevadísimas durante más de doce años parece haber perdido casi toda su fortaleza política apenas seis meses después de dejar la Casa Rosada. Esa metamorfosis no solo promete alterar el escenario político, sino también dar impulso a viejas causas judiciales que fueron frenadas por el poder durante años.

De hecho, López había sido denunciado por enriquecimiento ilícito ya en 2008, y sin embargo ese expediente judicial nunca avanzó.

En ese marco, los esfuerzos por aislar a López e intentar convertirlo en una simple "oveja negra" del kirchnerismo parecen formar parte de una desesperada estrategia de defensa con pocas probabilidades de éxito frente a la opinión pública.

El demorado avance de la Justicia promete adquirir velocidad y el rumbo apunta a lo más alto de la pirámide del poder kirchnerista.

Durante doce años los Kirchner, primero Néstor y luego Cristina, gobernaron Argentina. Hubo denuncias pero la Justicia nunca fue a fondo. Ahora, un funcionario intenta esconder millones de dólares en efectivo y la realidad supera a cualquier ficción.

En el ranking de Transparencia Internacional, Brasil fue de los países que en 2015 más lugares perdió. Se ubica en el lugar 76 entre 168 países. Buena parte de sus políticos, sin importar su filiación política, está bajo sospecha en las causas sobre corrupción.

El pago de "comisiones" para cualquier trámite o negocio en Venezuela forma parte de la institucionalidad, afirman empresarios que comercian con ese país. Además, las leyes que pretenden ser contra la corrupción, en la práctica la abonan, dicen las ONG.

LA AMENAZA LATENTEGONZALO TERRA