De los 30 procesados con prisión por delitos en la dictadura, solo siete están recluidos en Domingo Arena. A diez años de su creación, el futuro de esta cárcel especial para alojar a los militares y policías represores, cabalga a la par de la biología de quienes la ocupan.

El dormitorio-celda de José Sande tiene televisión por cable, aire acondicionado, computadora, calcomanías de Nacional, flores y dibujos de su hijo de tres años. Sande está sentado en una de las cuatro sillas que compró para cuando recibe visitas y sonríe dejando entrever un perno de metal en la muela, uno de los pocos problemas de salud que ha tenido desde que está preso. Habla y casi no deja hablar, pero su discurso se interrumpe por la aparición de una figura en la puerta. José Arab, otro de los reclusos, pide permiso y pasa, como vecino que se ha ganado el derecho de molestar cuando lo necesita.

—Amigo, ¿terminó ya de colocar esa antena?— pregunta Arab.

—En eso ando— responde Sande señalando el serrucho que dejó apoyado en su cama de una plaza— pero por ahora sigo sin agarrar ningún canal.

En el pasado uno era de los azules y el otro de los verdes, pero ahora los une una misma realidad. Sande ofrece un café, de esos que tiene en el mueble junto a las frutas y los chocolates, y su compañero rechaza la invitación. Es miércoles después del mediodía y Arab recién se levanta. Todavía está con el salto de cama blanco, el pijama y las pantuflas; apenas le dio el tiempo de almorzar la pasta casera que su esposa le había llevado cuatro días antes. Nada hace pensar que ese hombre de 76 años, que habla de álgebra y filosofía moderna, cumplirá dentro de dos semanas sus primeros 10 años de reclusión de una condena de 25, por el homicidio de 28 personas durante la última dictadura uruguaya (1973-1985). A Sande le dieron 20 años, también por los asesinatos del llamado "segundo vuelo".

Las celdas de Sande, Arab y los otros cinco reclusos de la cárcel de Domingo Arena no tienen llaves ni horarios para apagar la luz. Si bien hay una guardia militar que custodia el perímetro y unos policías que controlan a quien entra y sale durante las 34 horas de visita que hay por semana, lo más peligroso es un perro salchicha llamado Poli que olfatea a todo recién llegado. El resto tiene la impronta de un residencial de ancianos cercado con alambre de púas.

La Unidad de Internación N° 8, como se llama técnicamente, es una prisión creada hace 10 años para albergar a los militares y policías condenados por crímenes de lesa humanidad. Pero a una década de que Tabaré Vázquez haya inaugurado este predio que el Ministerio de Defensa le cedió al de Interior, solo queda claro que es una reclusión con fecha de vencimiento.

La cárcel de Domingo Arena —nombre de la calle en la que está ubicada en Piedras Blancas— cabalga a la par de la biología de quienes la ocupan; acá solo la muerte o la enfermedad la van desocupando. No se reemplazan las ausencias, sino que van contando los días hasta que el público objetivo de ese centro carcelario finalmente se agote y se cierre una etapa en la historia reciente de Uruguay.

Desde hace 10 años fueron procesadas 29 personas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Antes había sido encarcelado el civil Juan Carlos Blanco, por la muerte de la maestra Elena Quinteros. En tres casos la Justicia revocó el procesamiento de quienes no tenían otra causa. Del resto, seis ya fallecieron, cinco están en el hospital, cuatro cumplen prisión domiciliaria, cuatro están encerrados en Coraceros y otros siete en Domingo Arena.

Para mantener la vida en prisión de José Arab, José Sande, Jorge Silveira, Pedro Freitas, Ricardo Medina, Enrique Rivero y Ernesto Soca el Estado invierte en el salario de unas 100 personas, más comida, mantenimiento, traslados y TV cable. Los reclusos cuentan con una enfermera que los visita todos los días —por más que algunos también tienen su seguro privado—, y tienen la posibilidad de ver en vivo los partidos del fútbol uruguayo.

En el comedor hay un televisor LED de 32 pulgadas, en diagonal a la estufa a leña, que siempre está apagado. Los presos miran la TV en sus celdas y los espacios comunes son solo sitios de paso. El patio es el lugar de reunión cuando el día está lindo. Es allí donde Medina aprovecha para caminar, Soca escucha la radio y Rivero mira pasar los aviones de su Fuerza Aérea: "Cómo se extraña volar", dice este aviador sentenciado en 2010 a 19 años de cárcel por la detención y muerte de Ubagesner Chaves Sosa, cuyos restos fueron los primeros hallados de un desaparecido.

Cuando se les da la posibilidad de hablar, todos estos presos dicen que están encerrados "injustamente", que "no hay pruebas contundentes" y que "algún día se sabrá la verdad". Sin embargo, la mayoría ya tiene condena y hasta la confirmación de la Suprema Corte de Justicia, contrario a lo que sucede con el resto de los reclusos.

La gravedad de los delitos por los que fueron sentenciados los hoy prisioneros de Domingo Arena, hace que parte de la sociedad uruguaya se indigne por el tipo de castigo que cumplen en relación a otros presos. Sin embargo, para la exfiscal Mirtha Guianze, que llegó a procesar a 20 personas y que hoy integra la Institución de Derechos Humanos, "no se trata de que estos presos estén en malas condiciones, sino de que todos deberían tener un trato digno".

Según Guianze, el castigo les está llegando a personas mayores, "no es eso lo que se persigue, sino mantener la memoria". Para la exfiscal los presos de Domingo Arena son solo un puñado de los muchos responsables de delitos que dejó la dictadura. Dice que "quedaron enormes expedientes sin resolver", que "apenas se procesó a dos personas laterales por abusos sexuales contra mujeres", y que los procesos judiciales están siendo demasiado "largos y secretos".

Medina es uno de los reclusos que tiene más interés por estos procesos y escribe sobre Derecho como pasatiempo. A diferencia de Arab, que está "cansado de todo" y que prefiere que su hija abogada sea quien se encargue de lo legal, a Medina los casos jurídicos le apasionan. Fue a él quien la Justicia le encontró documentación reservada en su computadora. Y él es una prueba de la información que maneja este tipo particular de presos.

Por eso la exministra de Defensa, Azucena Berruti, justifica que se haya creado una cárcel especial. "Reunir a estos expolicías y militares con los presos comunes podría crear una situación de difícil control, ellos saben de inteligencia y de seguridad", afirma la exjerarca que negoció la creación de este recinto, y que entiende este hecho, 10 años después, como una de las decisiones "más complejas" que le ha tocado sortear en su gestión.

La cárcel de Domingo Arena ocupa 3.400 metros cuadrados y es la 17ª parte del predio militar que la envuelve, espacio al que también acceden los reclusos bajo custodia. El patio con piso de hormigón ocupa la mitad del centro de reclusión, luego hay un pabellón central con biblioteca, baños, cocina, comedor, aparatos de gimnasia, lavarropas, y unas 15 celdas en donde están alojados seis de los presos.

Jorge "Pajarito Silveira está en una zona aparte. Su habitación, conocida en la interna como "el apartamento", es un espacio más amplio y fue diseñado para albergar a los presos con problemas de conducta. Desde hace unos años, cuando Silveira denunció que Arab lo había amenazado, lo cambiaron para allí. Tiene su huerta propia que, según los compañeros, un soldado es quien la trabaja. No saben si hay dinero de por medio o lo sigue haciendo por jerarquía militar.

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No es lo único que los compañeros hablan de Silveira. También comentan que se ha llevado prostitutas a la cárcel en los 10 años que lleva recluido, que desprecia al personal subalterno y que ha encabezado una huelga de hambre, algo "inadmisible" para la disciplina militar. El "Pajarito" no se defiende porque dice que "no habla con la prensa".

Los privilegios de Silveira provocan la mayor tensión que hay en la cárcel Domingo Arena. Hace un año y medio, el semanario Búsqueda relató un encontronazo protagonizado por el exdictador Gregorio "Goyo" Álvarez a la hora de repartir los bizcochos, pero el nonagenario ahora está internado en el Hospital Militar.

Soca (67), el más joven de los presos, fue quien se había peleado con Álvarez. Aquel enfrentamiento dejaba entrever otra fisura que, sin nombrarla, está presente en esta cárcel: las jerarquías. Mientras Álvarez llegó a ser comandante y presidente de facto (1981-1985), Soca era parte del personal subalterno; un simple sargento. Hoy este exsoldado es el único que trabaja en Domingo Arena para redimir la pena.

Desde hace más de un año que Soca sale con un carrito con baldes de agua y jabón a lavar los autos de la dependencia militar, aledaña a la cárcel. Hace ocho horas de trabajo diario, ayuda en el gallinero del establecimiento y en el traslado de la comida. Según sus compañeros eso "le ha hecho muy bien" y lo "despejó" de su afectación psicológica por miedo a ser extraditado a Argentina.

Soca fue acusado de participar en las torturas y matanza de las 28 víctimas de Automotores Orletti. Recibió una condena de 15 años, y por cada dos días de trabajo se le descuenta uno de encierro. El resto de los reclusos prefiere no descontar días de prisión. Hay un motivo de edad y hay razones ideológicas. Para Medina, "redimir la pena es para los delincuentes". A Arab le "daría mucha vergüenza que un soldado le tenga que dar órdenes".

Arab llegó a estudiar Ingeniería y fue mayor en el Ejército. Si bien gran parte de sus charlas en la cárcel rondan en las enfermedades —sus camaradas lo embroman de "hipocondríaco"—, es uno de los presos que pasa más horas leyendo. En su celda tiene una biblioteca con títulos sobre matemáticas —fue profesor—, novelas de Don Brown y literatura religiosa. Desde hace unos meses dejó de ir a la misa de los domingos que ofrecen en la reclusión. Pero su habitación está llena de estampitas, cruces y un póster del papa Francisco, junto a las camisetas de Nacional y Atenas.

En el caso de Arab la comida es otro de sus pasatiempos. Además de los platos caseros que le lleva su esposa, tiene acumuladas cajas de fábricas de pasta y rotiserías, y en la heladera, al lado de una Sprite Cero, guarda celosamente unos chocolates suizos.

El resto del ocio, aunque confiesa que cada vez le da menos espacio, lo dedica al trabajo en la carpintería. Frente a su cama, atrás del televisor plano, tiene colgados serruchos, destornilladores, cinceles y martillos.

Junto a Freitas, que casi no ve y no escucha, Arab es de los que pasa más horas encerrado y sin ánimo. Medina, en cambio, aprovecha a caminar como también lo hace Rivero. Sande juega a la paleta con los soldados o repara computadoras. Soca trabaja y escucha la radio. Silveira recibe visitas y ve al soldado cultivar la huerta. Son las rutinas que continúan en una cárcel que se está quedando vacía.

El 18 de octubre de 2002, el juez Eduardo Cavalli procesó con prisión a Juan Carlos Blanco por el "homicidio especialmente agravado" de Elena Quinteros. Desde entonces ya son 30 las personas procesadas por delitos ocurridos durante la última dictadura, tres de los cuales fueron revocados. La cifra de presos podría ser mayor si "los juzgados no estuvieran tan saturados", reclama Raúl Olivera, coordinador del Observatorio Luz Ibarburu, que lleva el conteo de los casos. Según Olivera solo el juzgado penal de 7° turno tiene más de 60 expedientes sin resolver. "No es que pidamos un juzgado especializado, pero sí descongestionar para que las causas avancen". La exfiscal Mirtha Guianze cuestiona el que no se haya avanzado "casi nada" en relación a las violaciones a mujeres. Solo hubo dos procesados (Héctor Amodio Pérez y Asencio Lucero). Para Guianze los juicios deberían ser públicos y orales, como en los otros países de la región. "Esto daría más garantías y aceleraría los procesos". El nuevo Código Penal prevé este tipo de juicios, pero no aplica para las causas que ya están en trámite. Por eso Olivera afirma que "no se espera ningún cambio".

Sobre uno de los muebles de su celda, José Sande tiene cuatro paletas de madera. Casi todos los días aprovecha para pelotear unas horas junto a los militares que custodian la cárcel de Domingo Arena. Antes iba con algunos de sus compañeros reclusos, pero la vejez y la falta de voluntad fue bajando la cantidad de participantes. Cada vez que Sande quiere jugar a la paleta debe pedir permiso, porque la cancha está fuera del cerco que controla el Ministerio del Interior. Es una formalidad, no es que teman su fuga. De hecho los presos de Domingo Arena pueden portar serruchos, tijeras, y elementos que en un centro de reclusión convencional serían objetos peligrosos. "No hay problemas de relación entre estos presos y el exterior, no existe el temor a la fuga o el mal comportamiento", explica Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para las cárceles.

Según Petit, lo "ideal es que no haya diferencias entre los presos, pero por la edad y por el tipo de reclusos no sería conveniente juntar" a estos privados de libertad con otros. El comisionado no sabe qué será de esta cárcel el día después del cierre.

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