Dirigentes de izquierda tienen identificado a un hombre que se camufló entre ellos durante 20 años como infiltrado de Inteligencia militar en tiempos de democracia. El espía, que alcanzó puestos jerárquicos en lo político y lo sindical, fue jubilado por Defensa en 2005.

Esta es la historia de un espía de la inteligencia militar en democracia. Del infiltrado que llegó más hondo en los ambientes sindicales y más alto en los círculos políticos del Frente Amplio. Es el relato de un camuflaje casi perfecto. El hombre vive, está en su casa, y sabe que la difusión de parte de un viejo archivo lo ha dejado en evidencia ante quienes fueron sus compañeros durante 20 años. Su secreto ya no está a salvo.

Los aportes que el "Agente 03-E" realizó a la Dirección General de Información de Defensa (DGID) bajo el seudónimo "Leandro" aparecieron entre los 1.444 rollos microfilmados que la exministra de Defensa Azucena Berrutti encontró en 2006 en un armario del ex-Cgior, una vieja sede de inteligencia militar. Al principio, el archivo fue revisado por personas designadas por Berrutti con el único fin de encontrar pistas sobre los desaparecidos en la dictadura.

En octubre de 2015, la muerte de un antiguo jerarca de inteligencia militar, Elmar Castiglioni, arrojó nueva información. En su casa se encontraron unas 60 cajas con documentos que fueron incautados por la jueza Beatriz Larrieu por la sospecha de que allí podría haber datos sobre el asesinato de Fernando Miranda, también en dictadura. La jueza solicitó a Isabel Wschebor, entonces directora de la Secretaría de Derechos Humanos, y al decano de la Facultad de Humanidades, Álvaro Rico, que le informaran sobre el contenido. Hasta ahora, Wschebor y Rico son los únicos que han visto de primera mano el llamado archivo Castiglioni.

Tiempo después se supo que las principales novedades no venían por el lado de la causa Miranda, sino por los documentos fechados luego de 1985. Castiglioni, un hombre recordado por sus conocidos como "extraño" y "obseso", sobrino de un reconocido agente de inteligencia policial y en sus últimos años vocero del Foro Libertad y Concordia, había guardado información en su casa durante 50 años. Entre sus papeles había documentos elaborados por él pero también muchos originales de la DGID —luego Dinacie—, que evidenciaban que el sabido espionaje militar en tiempos de dictadura se había continuado en democracia.

A fines de 2016, ocho años después del hallazgo en el ex-Cgior, el periodista Samuel Blixen publicó una serie de artículos en los que, a partir del acceso a una porción del archivo Berrutti, describió cómo la DGID reclutaba personas para espiar e infiltrar sindicatos y partidos políticos, sobre todo de izquierda, a fines de los 80. La acumulación de elementos llevó al diputado frentista Luis Puig a solicitar al Parlamento la creación de una comisión investigadora, que finalmente se formó en noviembre pasado y que por estos días empieza a revelar algunas conclusiones.

En uno de los artículos de Blixen, publicado en octubre de 2016, se difundieron comentarios que "Leandro", el agente protagonista de esta historia, filtraba sobre las discusiones internas en la FOEB, el sindicato de la bebida. La lectura atenta de aquellas palabras le permitió al sindicalista Richard Read identificar al delator. Fue por varios elementos, cuenta Read, pero sobre todo por un pasaje en el que relata hechos y participantes de una asamblea. "Fui yo y se retiró Richard", transcribió Brecha. El único que pudo haber quedado en su lugar es el señor L —así le llamaremos—, un exempleado de Pilsen que a mediados de los 80 llegó a ser su suplente en la FOEB.

"¿Cómo pude comerme 15 años a este ortiba de los botones?", pensó Read en el instante en que cayó en la cuenta. Explotaba de calentura consigo mismo. Se sintió "violado". Rebobinó su memoria hasta el 7 de diciembre de 1982, el día en que el sindicato organizó un acto en dictadura. La noche anterior habían acordado que, si caían, todos responsabilizarían a Read y a nadie más que a Read. Tal como preveían, los fueron a reprimir, algunos huyeron y otros no. En la madrugada, desde un calabozo de la sede de inteligencia policial, Read escuchó a L. desconociendo el acuerdo previo y "marcando a todos" los demás durante un interrogatorio.

Aquella vez no le dio importancia. Años más tarde, el hombre ya integraba la lista de Read como alterno suyo, lo cual le permitía participar de la Mesa Representativa del Pit-Cnt. Todo esto a pesar de que, como dirigente sindical, "era un agua tibia", dice Read. "Hubo gente que desconfió de él, pero yo no. Yo no sospechaba. O era un muy buen actor, o era un perejil reclutado. Obviamente le fue bien, porque llegó a niveles muy altos".

Ahora que mira hacia atrás, recuerda que L. operaba de forma tal que hacía que las distintas corrientes dentro del sindicato se enfrentaran y discutieran. Incluso un compañero lo llegó a increpar en público por eso, llamándolo "traidor".

En paralelo a su actividad sindical, L. se afilió al Partido Socialista (PS). Eduardo Lalo Fernández, dirigente histórico del partido, no tiene certeza sobre el año en que se afilió, pero sí recuerda que lo conoció en 1983, cuando se estaban armando varios sindicatos y él, por su experiencia en AEBU, les daba asesoramiento. El hombre se le acercó y le dijo que era primo de un sindicalista socialista, conquistando así su primera impresión.

Al tiempo se hicieron muy cercanos. "Era un dirigente serio. Nunca desconfié. Era amigo de él, venía a mi casa, yo iba a la suya", dice Fernández. "Cuando me enteré, me quería morir. Lo he llamado, pero no tuve respuesta. ¿Qué buscaba? ¡Éramos tan públicos! Me cuesta entender qué mierda hacía".

El señor L. militó en el PS de Montevideo hasta la segunda mitad de los 90. Luego se divorció, dejó la Pilsen, se desapareció del ambiente sindical y se fue a vivir a Minas. Pero allí siguió su actividad política al punto que llegó a ocupar el puesto más alto del FA en Lavalleja.

"Él llegó a Minas como referente del Partido Socialista", recuerda Elena Chaín, dirigente histórica del Frente allí y ex presa política. "Hacía alarde de sus conocimientos personales en Montevideo. Era un hombre muy prepotente, de aspecto militar, que quería ser amable con todo el mundo. Le gustaba figurar. Siempre me dio mala espina", asegura.

Siendo Chaín la presidenta de la Mesa Política del Frente Amplio en Lavalleja, el señor L. había alcanzado el lugar de vicepresidente. Chaín cuenta que a menudo anunciaba que haría cosas que luego no concretaba, dejándola a ella en una mala posición. "Varias veces me serruchó el palo", afirma esta mujer que, hoy retirada, no teme decir que ella les advirtió a sus compañeros que aquel hombre tenía "algo raro".

En 2007 Chaín renunció a la Mesa y en su lugar quedó el señor L. Javier Umpiérrez, hoy diputado del MPP por Lavalleja, recuerda que durante el año que estuvo en ese rol intentó imprimirle un rasgo ejecutivo a un cargo esencialmente directivo, y por eso tuvo dificultades. Dice que una vez, en una discusión "acalorada", le dio un ataque al corazón y debieron llamar a la emergencia. Umpiérrez, que fue su sucesor en ese órgano de conducción, nunca desconfió de L. "No era un nadie: venía de un partido histórico", razona.

Para las elecciones de 2009, L. militó para el FA pero nadie recuerda en qué sector. Después de eso dejaron de verlo y años después supieron que se había unido al Club de Leones de Minas, del cual llegó a ser presidente. En esa organización, según cuenta uno de los miembros, L. ha mostrado "una fuerza bárbara" y realiza "una gestión excepcional".

De acuerdo a una resolución del Ministerio de Defensa firmada en 2008 por el ministro José Bayardi, el señor L. fue jubilado el 1° de abril de 2005 (siendo ministra Berrutti) tras 41 años de servicio. El acta especifica que realizó ocho años de "servicios militares simples" y 33 años de "servicios civiles", aunque no aclara dónde. Pudo haber sido en una entidad de Defensa —como, por ejemplo, Inteligencia— o en comisión en otra función pública, pero con certeza fue en el Estado.

A sus compañeros de la bebida les había contado que siendo más joven había sido soldado, que había robado en un cuartel y que lo habían echado. A los socialistas, en tanto, les decía que había estado en el Ejército como administrativo y que había caído preso por colaborar con algún grupo sedicioso. La contraposición de versiones sobre su pasado militar surgió meses atrás, cuando Read y Fernández comenzaron a repasar lo que sabían de este hombre al que habían conocido tanto y tan poco a la vez.

El País intentó acercarse al señor L. por varias vías, pero no fue posible. Luego de leer los mensajes, apagó el celular.

Aunque la comisión investigadora no tuvo acceso al archivo Castiglioni —está en poder de la Justicia y bajo reserva—, y del extenso archivo Berrutti, de tres millones de copias, ha leído solo partes, los legisladores ya tienen claro que hay evidencia suficiente de que inteligencia militar operó de forma irregular en democracia.

El diputado por el Partido Comunista Gerardo Núñez, presidente de la comisión, dijo a El Observador que a su juicio "hay muchos elementos violatorios de la Constitución y de las leyes, lo que ya es mérito por sí solo para un pasaje a la Justicia". Después, en radio Carve, aseguró: "Esto no es obra de cinco trasnochados. Estamos hablando de una práctica institucional muy importante".

Lo que han visto los legisladores confirma las versiones de Brecha de infiltraciones, seguimientos y allanamientos ilegales desde 1985 hasta 2001 aproximadamente. Además, según le dijo Núñez a El Observador, uno de los documentos evidencia el pago por parte de la CIA a 30 informantes entre fines de los 80 y principios de los 90. En general, se trataba de militares que trabajaban en la Policía para cruzar información, agregó el diputado.

Por la comisión han pasado Wschebor y Rico —que contaron lo que vieron del archivo Castiglioni—, Blixen, y una decena de ministros de Defensa e Interior de los últimos 30 años. Según contó a El País Iván Posada, diputado por el Partido Independiente y miembro de la comisión, todos los exjerarcas manifestaron no haber tenido conocimiento de esas operaciones de inteligencia. "Eso significa que habría una actividad irregular, claramente contraria a lo que establece la Constitución —que prohíbe las pesquisas secretas—, sin conocimiento del mando superior (político). Quienes no podrían decir que lo desconocían, en principio, son los superiores de rango militar", dijo Posada. Por eso, en los próximos meses la comisión citará primero a los que dirigieron inteligencia militar y después a los comandantes en jefe de las distintas Fuerzas Armadas.

El ministro actual de Defensa, Jorge Menéndez, adelantó parte de la tarea cuando, a fines de 2016, pidió a los tres comandantes en jefe que le señalaran por escrito si había existido espionaje militar en democracia. Los tres respondieron que no. "Hemos solicitado información que nos ha sido contestada bajo firma, con la responsabilidad que eso conlleva", advirtió Menéndez, según recogió La Diaria en diciembre. Apoyado en la palabra de los tres mandamás militares, Menéndez ha asegurado que hoy no existe espionaje de inteligencia militar y que, de haber existido, terminó hace mucho tiempo.

Algo similar sostiene el colorado Yamandú Fau, quien fuera ministro de Defensa entre 2002 y 2005. "Antes de la dictadura era común, pero ¿cuántos años hace que no aparecen denuncias de espionaje en la prensa o el Parlamento?", plantea.

Cuando fue a dar su testimonio a la comisión investigadora, dos meses atrás, Fau les dijo a los legisladores que para opinar con autoridad necesitaba ver los documentos. Luego de discutirlo entre ellos, aceptaron y le entregaron en un pendrive lo correspondiente a su período y un poco más. "Lo curioso fue que no encontré absolutamente nada. El 90% eran resoluciones de la Justicia Militar —deserciones de soldados, faltas sin aviso, casos de violencia doméstica— y el otro 10% es información abierta —recortes de diarios, principalmente. No aparece ni una hoja que me llame la atención", contó Fau a El País. Todavía no terminó de leer porque le produce mucho "tedio", según confesó.

"Mi conclusión es que puede ser que en los primeros años de la democracia todavía no se hubieran adaptado al nuevo régimen y que hubieran seguido con tareas de este tipo. Pero ya en el 90 y pico eso empieza a desaparecer, y Dinacie va perdiendo jerarquía. Era una oficina que, en épocas mías, prácticamente no funcionaba".

Semanas atrás, en una entrevista con Gerardo Tagliaferro en Montevideo Portal, el excomandante de la Fuerza Aérea, exjefe del Estado Mayor de la Defensa y excoordinador de los Servicios de Inteligencia del Estado, José Bonilla, rechazó que el espionaje haya sido una práctica "normal" de la inteligencia militar en democracia. "No, mire, los hobbies son los hobbies (...) Siempre le voy a hablar con el corazón y con la verdad: hay gente en Inteligencia que a pesar de que se retire sigue alimentando su hobby porque es parte de su vida. Son lobos solitarios".

Desde el décimo piso de la Torre Ejecutiva, el actual coordinador de Inteligencia, Washington Martínez, apoya el punto de vista de su antecesor: "(El espionaje) puede haber sido, si se revela, a nivel personal o a nivel de un pequeño grupo de gente. El Estado mandatado por el Estado... yo no creo que haya existido".

Meses atrás, Martínez impulsó que se reflotara un viejo proyecto de ley que fue consensuado por una comisión bicameral y que crea un Sistema Nacional de Inteligencia de Estado. Según el jerarca, la norma —que todavía no se ha empezado a discutir en el Parlamento— le da a la oficina que él dirige autonomía financiera y, a la vez, la somete al control parlamentario. Para él, la aprobación de esa ley es clave para seguir trabajando en la coordinación de los organismos que hacen inteligencia y profundizar la "inteligencia estratégica, que es la que se debe hacer".

¿La Policía puede infiltrar gente en organizaciones sociales? La respuesta a esa pregunta depende de cómo se justifique. En marzo de este año, El Observador informó que cuatro policías se habían camuflado durante dos años en Plenaria, Memoria y Justicia, luego que se detectara en ella un giro hacia el islamismo. Uno de los agentes infiltrados salió en radio Sarandí, con lo cual se lo pudo identificar. Una fuente del ministerio contó que entonces se le tomó declaración por eventuales irregularidades administrativas, pero el hombre "negó todo" y se desvinculó de ese proceder. Hace poco, los sindicatos de la enseñanza denunciaron que un policía se había infiltrado en una marcha de liceales y los había filmado. Desde Interior se dijo que no sabía quién había dado la orden y se pidió una investigación de urgencia. La fuente ministerial explicó que los "límites legales" están plasmados en la ley de procedimiento policial, pero allí no hay nada específico sobre la potestad de espiar. A su vez, Inteligencia tiene su propio decreto reglamentario. La Policía es la única habilitada a realizar escuchas, pero requiere de orden judicial previa.

Isabel Wschebor ya no dirige la Secretaría de Derechos Humanos pero igual insiste con la necesidad de que todos los archivos militares y policiales "estén bajo dominio civil". En el informe que elaboró para la Justicia sobre el archivo Castiglioni, la historiadora escribió: "El Estado ha tenido la tendencia a privatizar o seleccionar a los actores que tienen la competencia de investigar sobre este período, generando procesos de desclasificación parcial o selectivos de la documentación, lo que constituye una política de poca transparencia en relación al tema". Ella y Álvaro Rico son los únicos que accedieron al archivo acumulado por Elmar Castiglioni y, según reconoció Wschebor, apenas se consiguió una "mirada global". Los documentos están en poder de la Justicia y bajo secreto de sumario. Hasta ahora, solo se han revisado en el marco de la causa que investiga la muerte de Fernando Miranda.

De acuerdo a la información difundida por el semanario Brecha —que accedió a parte del denominado archivo Berrutti—, en la dictadura había en las Fuerzas Armadas una sección llamada Reclutamiento e Infiltración, que funcionaba con el Departamento III - Planes, Operaciones y Enlace. Desde allí, a partir de 1986 se armó una red de espías.

De los documentos que transcribió Brecha se desprende el modus operandi habitual de reclutamiento. En ocasiones, el nombre del espía surgía de la sugerencia de otro infiltrado, que primero describía sus características personales y sus posibilidades de acceder a información. Luego, se le ofrecía "colaborar con la agencia". Los evaluadores detallaban las "motivaciones personales" de la persona (económicas, sexuales, ideológicas, así como vicios o rasgos emocionales) que permitirán eventualmente presionarlos. Los agentes tenían un número y un nombre, y respondían a las órdenes de un "manipulador".

En 1987 el Departamento III despliega un plan de espionaje en torno a Wilson Ferreira Aldunate. Los infiltrados en el Partido Nacional detallan sus opiniones sobre la ley de caducidad y el MLN-Tupamaros, entre otras cosas.

A partir de 1988 el espionaje pasa a centrarse en sectores políticos de izquierda —el MLN, el PVP, el Partido Comunista, el Partido Socialista— y en el Pit-Cnt. A mediados de 1989 el Departamento III tenía el ojo puesto, sobre todo, en los sindicatos de bancarios, transporte, Ancap, UTE, Antel, bebida, metalúrgicos y portuarios. Algunos documentos evidencian la existencia de infiltrados también en diarios y semanarios, independientes y partidarios. Los manipuladores solicitaban los planos de las redacciones y pedían "estrechar vínculos" con determinados periodistas.

Brecha menciona que en los documentos se hacen varias referencias a la obtención de carnés de organismos oficiales como UTE, Antel, OSE, Intendencia de Montevideo o Corte Electoral. Con esos carnés, los agentes se hacían pasar por funcionarios públicos para acceder a domicilios o locales y realizar una detallada inspección. "El perfil ideológico de esta familia es marxista-leninista, dicen los archivos", contó el diputado Gerardo Núñez a El Observador. Esas visitas también les permitían ubicar los bornes telefónicos para realizar interferencias clandestinas.

Entre los reclutados había desde porteros de edificios próximos a los lugares clave, hasta funcionarios en Antel que colaboraban haciendo la "guía invertida" , obteniendo el nombre de un abonado por su número de teléfono. En la intendencia conseguían los propietarios de ciertos vehículos (por sus matrículas) y se hacían también de los planos de las casas a las que querían entrar.

El espionaje continuó en los 90 y 2000 y se posó sobre presidentes, expresidentes, legisladores, jueces y fiscales. Durante la crisis de 2002 se vigiló a Jorge Batlle y su prosecretario, Leonardo Costa. También fueron víctimas Julio María Sanguinetti, Tabaré Vázquez, Rodolfo Nin Novoa, Azucena Berrutti, Macarena Gelman, Mirtha Guianze, entre otros.

La información difundida por Brecha abarca lo aportado por espías e infiltrados manipulados por la inteligencia militar, pero no revela qué se hacía con los datos o qué operativos motivaban.

PRÁCTICAS IRREGULARES DE INTELIGENCIA