Es la cara visible de un cambio drástico. Transformará en un año la forma en que se investiga, juzga y acusa en Uruguay, y esto lo convertirá en el fiscal de corte más poderoso de la historia. Sus opiniones lo han puesto varias veces en el centro de la polémica, lo que le creó alianzas y oposiciones. ¿Quién es Jorge Díaz?

Jorge Díaz habla con vehemencia hasta de su rutina. Dice que prefiere dejar afuera los asuntos personales y sus ojos cerrados con gesto tenso acompañan esta resistencia. Sin embargo, ni bien empieza a explicarse, lo derrota su propia naturaleza: gesticula, mueve las manos y mira fijo a los ojos de su interlocutor para enfatizar sus opiniones, que lo han transformado en un actor clave y polémico en todo lo que tiene que ver con el proceso penal uruguayo. Es un hombre difícil de convencer, dicen los que lo conocen desde hace décadas. También dicen que es de ideas firmes y enérgico. Él acepta "la imputación" y agrega una. Es terco.

Tiene 49 años y es la cara visible de la Fiscalía General de la Nación desde 2012, cuando luego de tres años como juez de Crimen Organizado se lo designó fiscal de corte, el cargo más alto al que puede aspirar un fiscal. Hoy es el protagonista de una reforma histórica al Código del Proceso Penal (CPP), que cambiará la forma en que se investigan, acusan y juzgan los delitos. Para cuando se implemente, será el fiscal de corte más poderoso que ha tenido Uruguay. En el camino, se ha ganado varias resistencias, acusaciones e incluso enemigos. Pero, ¿quién es Jorge Díaz?

La justicia penal nunca fue una ambición de Díaz, que en todo caso la veía como "bailar con la más fea". Cuando era juez de paz "odiaba" oficiar casamientos, pero lo suyo parecía apuntar a lo civil y procesal. Sin embargo, le tocó bailar con lo penal y hoy cree que le pudo marcar el paso bastante bien.

Sus orígenes se remontan a Fraile Muerto, en el departamento de Cerro Largo. Hijo de un policía y una costurera, tuvo una infancia que define como "pobre pero digna". A poco de terminada la dictadura y con apenas 17 años llegó a Montevideo para inscribirse en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, en medio de un ambiente efervescente. Como estudiante militó en el gremio, trabajó en la fotocopiadora de la institución y aunque por un momento amenazó con cambiar su orientación y dedicarse a la historia, recibió su título con la idea clara de que quería ser juez.

Trabajó en Soriano, Tacuarembó, Paysandú y Canelones, y llegó a Montevideo para luego convertirse en juez de Crimen Organizado. Fue el primero en procesar por el delito de lavado de activos del narcotráfico, estuvo a cargo del hasta ahora misterioso caso del arsenal de Saúl Feldman y le tocó procesar a Anabella Damasco, una colega de mayor jerarquía, por apropiación indebida de dinero del Estado.

El momento bisagra en su vida le llegó a los 37 años, cuando pasó de la oficina al CTI en unas pocas horas. Entre las dunas de Solymar, dentro de una bolsa de nailon había un cuerpo. Eran los restos de una mujer que había sido asesinada por su esposo ocho meses antes y que había permanecido entre la arena todo ese tiempo tras un meticuloso plan de su asesino, que para esquivar las sospechas incluso había falsificado una carta en su nombre. "Firmé el auto de procesamiento y salí para el médico", reconstruye Díaz. Tuvo cuatro paros cardíacos y el cardiodesfibrilador que está implantado en su pecho se lo recuerda todos los días.

Por eso, ahora no toma café, dejó de fumar y se obliga a sí mismo a tener al menos un libro "no jurídico" en la mesa de luz. Después de una jornada laboral de 12 horas y con poco espacio para el sueño, los libros son su vía de escape. De todas formas, tampoco se aleja mucho de su rubro. Es fanático de la novela negra escandinava y los policiales, con el detective Kurt Wallander del escritor sueco Henning Mankell como uno de sus referentes. Lo que tiene de trabajólico lo canaliza como comprador compulsivo de libros, incluso en formato digital. "Ya llevo como cuatro libros electrónicos destrozados. Se me caen , me siento arriba de ellos o los llevo a la playa", cuenta entre divertido y apasionado.

Hace algunos meses la delincuencia atacó al fiscal de corte donde menos lo hubiera imaginado cuando su exesposa y madre de dos de sus tres hijas fue asesinada en medio de una rapiña. Dice que el episodio lo interpeló al punto que llegó a imaginar diez versiones diferentes de carta de renuncia.

Era abril de 2012 y Díaz se enfrentaba a los senadores de la comisión de Asuntos Administrativos previo a convertirse en fiscal de corte. Ya tenía cuatro ideas fijas a concretar y así se lo anunció a los legisladores.

Para resumirlas sube y baja su mano derecha, marcando cada una con énfasis. Primero estaba la reforma del CPP, segundo conseguir la autonomía de la Fiscalía —que hasta el momento había dependido del Ministerio de Educación y Cultura— y en tercer lugar anunció que iba a redefinir los cometidos de la institución, dejando afuera aspectos civiles como los casos de divorcio, tenencia, entre otras cosas. "Denme dos años para organizarlos y luego no asciende nadie más que no sea por concurso", recuerda haber dicho, y esa fue su cuarta promesa.

Las primeras dos eran un viejo reclamo del pasado. En ningún país del mundo, argumenta, una fiscalía puede depender del Poder Ejecutivo. "El máximo grado de autonomía que se pudo lograr fue de servicio descentralizado, yo creo que hay que ir por más autonomía", dice, aunque sabe que eso le tocará a alguno de sus sucesores porque implica una reforma constitucional.

El objetivo de llevar adelante la reforma del CPP también tenía varias décadas. La idea clave detrás del proceso es lograr que no sean los jueces quienes dirigen la investigación y dictan la sentencia —como ocurre bajo el sistema actual— sino que los fiscales se encarguen de acusar e investigar. Díaz marca dos escalones con sus brazos y jerarquiza. Arriba están hoy juez y fiscal, y abajo la defensa. Con la reforma, explica, el juez va a estar arriba y el fiscal y defensor abajo, en situación de igualdad. La reforma implica más garantías, tanto para las víctimas como para los victimarios, y esta es el arma principal con que defiende su batalla.

Aun así, sus ideas han encontrado muchas resistencias. Son varios, entre fiscales y legisladores, quienes le atribuyen comentarios "inoportunos" y lo acusan de haberse tomado más atribuciones de las que debería en numerosas ocasiones.

Se podría decir que el fiscal Enrique Viana es uno de los opositores públicos más acérrimos del fiscal de corte. En 2015 decidió trasladarlo de su cargo en el ámbito civil a una Fiscalía de Menores y dispuso una investigación administrativa sobre su trabajo. Entre otras cosas, por la cantidad de recursos de inconstitucionalidad que planteó y que fueron rechazados por la SCJ.

Para Viana, la medida fue un castigo ejemplarizante. "Hemos sido golpeados para demostrar que acá solo se hace la voluntad del fiscal general", indica en referencia a su caso y el del fiscal Ricardo Perciballe, quien fue trasladado en 2012 de su cargo en Crimen Organizado. En su momento, Perciballe también se enfrentó con dureza a la decisión de Díaz acusándolo de tener "motivos espurios" y "personales" y de actuar con "desviación de poder" y "ánimo vindicativo". Viana es además contrario a la reforma que Díaz lleva adelante por considerar que convierte a los jueces en "elementos decorativos" y que responde a la influencia de Estados Unidos.

Díaz defiende que de los más de 300 traslados que ha dispuesto desde que está en su cargo solamente estos dos han sido recusados. "No sé si no es un récord la poca cantidad de recursos contra toda esa cantidad de movimientos" afirma. "Yo no he polemizado y no polemizaré con ningún fiscal, como no lo hago con los sindicatos porque entiendo que no corresponde", dice y concluye, desafiante: "Vivimos en un país libre desde 1985 para adelante. Antes, cuando había otras personas en el poder no teníamos libertad de expresión. Capaz que alguno de los que hoy cuestiona sí la tenía, pero el resto del pueblo no".

En lo que respecta a la reforma que lleva adelante desde hace años y que cuenta con el apoyo del Poder Ejecutivo y del Parlamento, Díaz se respalda en las propuestas que hizo antes de entrar al cargo. "Hay un viejo refrán que dice que el que avisa no traiciona, yo le dije a los senadores: si me van a votar la venia, vótenla para esto. Y eso es precisamente lo que estoy haciendo".

En mayo de este año al fiscal de corte se le abrió otro frente con numerosos actores de la justicia. De cara a la reforma del CPP, Díaz propuso en la Comisión de Constitución y Códigos de la cámara alta la necesidad de un "cambio cultural" y sugirió reducir la feria judicial y la cantidad de días que los juzgados quedan paralizados. Dijo también que es necesario ampliar sus horarios de funcionamiento y el rechazo no tardó en llegar desde la Asociación de Fiscales y la Asociación de Magistrados. Estos últimos catalogaron su actitud como "avasallante".

Sus dichos incluso provocaron la reacción del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, quien sentenció: "Nadie tiene que decirnos lo que tenemos que hacer".

Son muchos los rumores que rodean al fiscal de corte. Que le ofrecieron ser ministro del Interior es uno de ellos. Sin embargo, afirma que en ningún momento recibió tal propuesta y que tampoco piensa dejar su cargo. "Soy lo que quise ser y tengo un compromiso asumido de llevar adelante esta gestión hasta el final", dice. "No estoy pensando en esas cosas".

Ahora, carga en sus hombros una reforma que va a transformar el funcionamiento de la justicia de forma estructural y lo va a convertir en una de las figuras más importantes en materia de política criminal. Así como ocurre en otros países, el fiscal de corte —fiscal general o nacional dependiendo del país—, va a poder incidir en aquello que el Estado investiga. Si bien no podrá interferir en la independencia de cada fiscal sobre cómo y qué resolver, cree que tras la reforma sí podrá establecer lineamientos generales. Este es uno de los puntos que más se le cuestiona. ¿Dónde estará el límite para esas directivas?

De momento, la propuesta de control implica que el fiscal esté obligado a hacerlas públicas y notificar a la Asamblea General. De todas formas, el senador colorado Ope Pasquet cree que no sería control suficiente y que un órgano colegiado, integrado por los fiscales con más antigüedad, debería intervenir sobre estos lineamientos.

En su cuenta de Facebook, Díaz publica la misma frase una y otra vez. "Y sin embargo se mueve". Dice que en los primeros meses a cargo de la fiscalía volvía a su casa atragantado por la impotencia del "no se puede" y que ahora, incluso cuando no parece, la reforma se hace cada vez más tangible. La fecha para el cambio es ahora el 16 de julio de 2017. Ya la marcó en el almanaque, sabe que cae domingo y que es aniversario del Maracanazo.

Dos asaltantes golpearon a un hombre de 74 años a quien pretendían robarle el préstamo que acababa de retirar y otros los esperaban para huir, en marzo de este año. Los involucrados eran cinco y la fiscal María del Huerto Martínez pidió el procesamiento por hurto del acompañante del vehículo en que iban a escapar. La jueza del caso, Beatriz Larrieu, procesó al hombre con 90 días de prisión domiciliaria y dejó libre al dueño del auto. La decisión de la jueza causó molestia en el Ministerio del Interior, lo que motivó que el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Ricardo Pérez Manrique, convocara a una conferencia de prensa para explicar sus motivos. En este marco, el fiscal de corte Jorge Díaz resolvió que la fiscal había realizado un dictamen erróneo y dispuso la reserva de las actuaciones por 60 días, lo que implicaba que la fiscal tenía ese plazo para cambiar su pedido de procesamiento. Sin embargo, Díaz reconoció luego su error.

"Mas allá de que yo considerara que existiera un error, no corresponde hacer nada porque la fiscal es totalmente libre de poder modificar esa calificación en el futuro o de no hacerlo. Y ahí el error que cometí fue la reserva. Lo reservé con una intención y fue interpretado como una espada de Damocles que pendía sobre la fiscal. Cuando me advirtieron de esa posible interpretación lo que hice fue revocar esa norma", explicó el fiscal de corte, quien además indicó que cuando se reunió con la Asociación de Fiscales por el tema ya había cambiado la resolución. "Soy tozudo y terco pero cuando me convencen de que me equivoco, no tengo ningún problema en desandar el camino", dijo.

Anabella Damasco era presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay y ministra del Tribunal de Apelaciones Penal de 1er Turno cuando, en 2011, el faltante de dinero que había sido incautado en varias de sus causas prendió la alarma de la jueza Adriana de los Santos. El entonces juez de Crimen Organizado Jorge Díaz tuvo que ordenar el procesamiento de Damasco, una colega en una posición superior en la escala jerárquica por "apoderarse, en siete oportunidades, de dinero incautado en diferentes expedientes en los que intervino como magistrada. La suma total fue de US$ 35.000 y 14.000 euros y se considera uno de los mayores casos de corrupción judicial de Uruguay. Parte de este dinero provino de órdenes de compra que emitió y cobró por su cuenta y de depósitos que debía haber hecho en cuentas del poder judicial y omitió. Damasco dijo en su momento que no había utilizado el dinero en su beneficio e incluso declaró, según publicó Búsqueda en su momento, que había sido amenazada y coaccionada para hacerlo, pero nunca declaró por quién. La exjueza fue liberada en 2014 tras cuatro años en prisión. Para Díaz, se trata del caso "más doloroso, más duro y más difícil" que le tocó. "Por el daño que el accionar de Damasco había ocasionado en todo el servicio de justicia" y "el impacto emocional que implicaba".

El escenario parecía inventado para una novela policial. Un incendio en una casa de la calle Elba, en el barrio Aires Puros, había dejado en evidencia que el contador de 64 años Saúl Feldman guardaba un arsenal: más de 700 armas, miles de municiones y centenas de granadas. El hombre, acorralado por los funcionarios policiales que rodearon su casa de Shangrilá, decidió encerrarse y atacar hasta que murió a causa de los disparos recibidos en el enfrentamiento. Era octubre de 2009 y el caso cobró protagonismo en medio de la efervescencia electoral de la época. El nacionalista Luis Alberto Lacalle, que corría la carrera por la presidencia, lanzó un spot en televisión donde simulaba un informativo que asociaba al entonces candidato José Mujica al caso. El expresidente Jorge Batlle vinculó al Movimiento de Liberación Nacional (MLN) con Feldman y llamó a Mujica a aclarar su vinculación. El extupamaro rechazó las acusaciones y atacó a los medios por prestarse para lo que llamó una "maniobra política" con el fin de evitar que fuera presidente. Díaz, que era el juez del caso, lo archivó en diciembre de 2010 con muchas preguntas sin responder. "Era un caso hermoso en el contexto inadecuado", dice hoy. "Para mí sigue siendo un enigma que no he podido terminar de desentrañar", agrega. Incluso considera escribir un libro al respecto en el futuro.

Estaba todo pronto para que un cargamento de droga con un valor de US$ 1,5 millones viajara a España. Era abril de 2011 y los narcotraficantes pretendían llevar unos 319 kilos de cocaína a España en un contenedor de pescado cuando una inspección de la Brigada Antidrogas los hizo retroceder y devolver la droga a sus dueños. En el camino y tras una serie de operativos se recuperó la cocaína y 16 personas resultaron procesadas, 11 de ellas con prisión. Se lo conoce como la operación Cancerbero y los cabos sueltos dieron lugar a la génesis de una segunda operación, la Cancerbero II. Hacia noviembre de ese mismo año se procesó a 12 personas y se decomisaron 125 kilos de cocaína que tenían a España como destino. Al parecer, se trataba de varias organizaciones delictivas que tenían a Uruguay como parada y lugar de abastecimiento para camuflar la droga hacia la península ibérica. El caso tuvo todo: escuchas telefónicas, vigilancia electrónica, fortunas millonarias y decenas de procesamientos. La cantidad de droga incautada y de recursos que utilizaron para atrapar a los narcotraficantes hicieron que este sea otro de los casos que Díaz más recuerda de sus épocas como juez de Crimen Organizado. En un solo año, el juzgado incautó 600 kilos de cocaína en tres operativos, según publicó Portal 180 en ese momento.

FISCAL DE CORTE JORGE DÍAZMARIANA CASTIÑEIRAS