El avance de empresas chinas con proyectos pesqueros en Rocha y Montevideo genera resistencia a cada paso. Alrededor de pocas certezas crecen abundantes discrepancias y florecen las sospechas. El gobierno asegura que la pesca de peor fama en el mundo estará bajo control.

Dicen que este país se acaba donde uno deja de hacer pie en la playa Pocitos, pero por estos días los uruguayos que miran el mar parecen haberse multiplicado, y todo por una incógnita: ¿es cierto que en poco tiempo llegará China, que se apropiará de las bondades naturales de Rocha y que seguirá por Montevideo, voraz, con el objetivo de construir un búnker en el cual resguardar y reparar sus buques ilegales, perseguidos en el mundo?

Hasta ayer, 11.921 personas habían firmado en change.org la petición "NO permitan que Empresas Chinas pesquen en nuestras Costas", dirigida a la Intendencia de Rocha y al Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente. La carta fue creada hace una semana y crece de a mil firmantes por día. "Está en riesgo el futuro de las familias pesqueras de Rocha. Está en riesgo el futuro de nuestros ecosistemas marinos por un acuerdo que no se ha hecho de forma transparente y concertada con la comunidad", fundamenta la iniciativa.

La información, escasa por ahora, ha dado lugar a las suspicacias. "Si tienes un proyecto súper bonito, si me decís que se trata de una empresa de pesca responsable, debés tener un protocolo, una política de responsabilidad empresaria, ¿por qué no te ponés a conversar con la sociedad civil?", dice Rodrigo García, un biólogo marino rochense que se ha vuelto cara visible y referencia de los que dudan. Y el intendente de Rocha, Aníbal Pereyra, se exaspera porque siente que es su culpa, que debería haber guardado silencio hasta no tener certezas: "Hemos sido más que cristalinos en lo que ha ido sucediendo, quizás eso es lo que ha generado los disparates", dice con hondo malestar.

El intendente asegura que no ha convocado a los vecinos porque lo único que hay por ahora es "la ratificación de un interés" del grupo chino Helishen, en alianza con la uruguaya Goldenstar, de pescar anchoíta, producir harina de pescado y brindar servicios portuarios y logísticos. Sin embargo, ese simple interés ya se expresa en algunos números que Pereyra prefiere no divulgar, pero acepta confirmar: los chinos quieren salir a pescar con seis barcos y hablan de invertir unos 50 millones de dólares en todo el proyecto. Ya visitaron cinco veces el departamento, y la última trajeron hasta al alcalde de la provincia de Zhoushan, con quien su par de La Paloma firmó un acuerdo de hermanamiento que incluye, además de la pesca, el turismo y el deporte. Pero aún no hay nada concreto, insiste Pereyra.

Lo que sí es oficial es el pedido realizado por Goldenstar, también en conjunto con Helishen, para pescar merluza negra en la zona común de pesca y en aguas internacionales. El 17 de febrero la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) aprobó el proyecto que presentó esta empresa, que si bien es uruguaya y opera aquí hace 20 años, funciona con capital y dirigentes chinos. Y en la resolución, a la que accedió El País, se habilita a Goldenstar a incorporar tres buques pesqueros, que no solo buscarán la preciada merluza negra, sino también —a pedido de Dinara— el atún que desde hace años nadie quiere pescar. Los buques se están construyendo en China y deberán estar listos antes del próximo febrero.

El proyecto que presentaron es confidencial porque maneja costos y gastos de inversión, explicó Daniel Gilardoni, titular de la Dinara. El permiso de pesca aún no fue concedido y está sujeto a algunas condiciones: las unidades no podrán tener antecedentes de pesca ilegal, deberán ajustarse a las normas nacionales e internacionales, y aceptar el eventual embarque de observadores científicos a bordo.

"Pero, ¿por qué nadie está pescando merluza negra ni atún actualmente?", se pregunta el biólogo García. Según él, porque "no es viable". La merluza negra se consigue en aguas muy profundas, y si bien se vende a 10.000 dólares la tonelada, las condiciones de pesca conspiran contra la rentabilidad. García sospecha que la enorme capacidad de los buques que están construyendo los chinos es, en realidad, para contener pesca no habilitada, pesca ilegal.

Además, García cree —aunque no tiene certeza— que lo que se está anunciando "es una fachada" de lo verdaderamente importante. En octubre de 2016, luego de la gira del presidente Tabaré Vázquez por China, el titular de otra compañía de ese país llamada Shandong Baoma Fishery Group, anunció en el diario La República su intención de erigir en Puntas de Sayago una especie de megabase para los pesqueros chinos de todo el Atlántico Sur. El plan incluía una zona franca, un astillero de fabricación y reparación de barcos, un sitio de abastecimiento para los barcos y sus tripulaciones, una planta para el depósito, congelado y futuro procesamiento de los productos de alta mar, y una planta de producción de harina de pescado.

Allí, en la misma zona donde la Administración Nacional de Puertos (ANP) pretende generar un "puerto logístico" —los pliegos de la licitación se publicaron este miércoles— Shandong Baoma quería destinar 210 millones de dólares a un proyecto que en su momento los activistas catalogaron de "monstruoso" y que en Argentina encendió las alarmas. Montevideo, que ya tiene fama de facilitador de la pesca ilegal, parecía encaminarse así a entregar en bandeja a los chinos los pescados propios y ajenos.

Pero, al parecer, el plan quedó en pausa. No avanzó en el Ministerio de Ganadería, en Dinara ni en la Intendencia de Montevideo, adonde deberían pedir los permisos de construcción para comenzar. El titular de Dinara se reunió más de una vez con los empresarios chinos. "Manifestaron su interés, pero no pusieron un proyecto arriba de la mesa", contó Gilardoni. Esas reuniones fueron hace meses y después no supo más. Preguntó en otros ministerios, pero nada. En enero, Gilardoni le dijo a La diaria que, en caso de prosperar, le gustaría que Dinara pudiera "opinar" sobre este ambicioso proyecto.

La otra aspiración largamente anunciada —y cuyos pliegos licitatorios también se publicaron el miércoles— consiste en trasladar toda la actividad pesquera que satura al puerto de Montevideo a una nueva terminal en Capurro. Y ahí también hay chinos al alpiste. Según informó el portal de Presidencia, en agosto de 2013 las autoridades de ANP recibieron la visita de una delegación de 15 representantes de un grupo de empresas provenientes de la ciudad de Qingdao, provincia de Shandong, que manifestaron expresamente su interés en ser socios de Uruguay y financiar el puerto Capurro. El País intentó contactar al presidente de ANP, Alberto Díaz, para saber si se había dado algún avance en este sentido, pero no contestó las consultas.

"Da la impresión de que están negociando a un nivel más alto, de modo que cuando esté avanzado, no podamos participar. Ojalá nos estemos equivocando. Que nos lo demuestren", planteó García.

El próximo viernes 9, a pedido del diputado blanco y rochense Alejo Umpiérrez, el ministro Tabaré Aguerre concurrirá a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca para dar explicaciones sobre los acuerdos realizados y por realizar. Umpiérrez comentó que la primera invitación se hizo en noviembre, tras el anuncio de Shandong Baoma, y se reiteró varias veces, pero que recién ahora que se atormentó el ambiente en Rocha, Aguerre confirmó su visita.

China tiene fama de pescar de forma irresponsable e ilegal, y Montevideo se la ha ganado también como parada de los buques que pescan en el Atlántico Sur. En marzo de 2016, Milko Schvartzman, que trabajó en Greenpeace y se presenta como especialista en conservación marina, dijo a El País que de entre 1.400 y 2.000 pesqueros que entran a Uruguay al año, 200 son ilegales. La Armada Nacional no lo refutó.

La pesca ilegal es muy difícil de demostrar, pero un indicador posible es el transbordo en alta mar. En un informe conjunto de la organización Oceana y el Observatorio Mundial de la Pesca, publicado en febrero, se da cuenta de 5.000 buques pasando hasta ocho horas junto a otros buques, probablemente recogiendo las capturas ilegales. Es una sospecha cada vez más fundada. La FAO, en sus informes anuales, viene advirtiendo sobre el crecimiento de esta situación.

A principios de mayo, un conjunto de ONG ecologistas, ambientalistas y vinculadas a asuntos marítimos, con Rodrigo García a la cabeza, lanzaron la campaña #Oceanosanos y difundieron un comunicado en el que manifiestan "diversas preocupaciones" en torno al establecimiento de bases pesqueras chinas en Rocha y Montevideo, "y en contrapartida proponen establecer ciertas garantías". García insiste: no se oponen a las inversiones, pero exigen saber las condiciones.

Gilardoni, que lleva 30 años en la pesca y 12 al frente de Dinara, también estaba en contra de los transbordos y de que Montevideo permitiera la descarga de buques extranjeros de dudosa legalidad. Pero ahora, dice, concibe las cosas de otro modo. "Cuando uno ve la realidad, se da cuenta de que hay cosas que son difíciles de cambiar y también hay que ver qué beneficia al país", explica. En Argentina esos buques no son bienvenidos y en Brasil deben pagar altos impuestos. Pero si Uruguay dejara de ser el puerto amigable al sur del Atlántico, según Gilardoni aparecería otro que se quedaría con todo lo bueno que llega con esos barcos a nivel de servicios, logística, reparación, hotelería, etcétera. A los pescadores locales que se quejan de que salen perjudicados, él les dice que la competencia con los de afuera seguirá aunque Montevideo deje de dar facilidades portuarias.

La opción oficial ha sido, entonces, reforzar los controles. Es cierto: Uruguay se ha ganado la mala fama de condescendiente, pero ahora se está buscando "dar vuelta la situación". En 2009 se aprobó el Acuerdo sobre las medidas del Estado rector del puerto (PSMA, por sus siglas en inglés) para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Uruguay fue promotor de este tratado y uno de los primeros en ratificarlo. En breve va a estar reglamentado, dice Gilardoni, y a partir de ese momento "cualquier barco de bandera extranjera, pesquero o de apoyo a la pesca, va a tener que presentar una solicitud a Dinara 72 horas antes de su arribo, y Dinara le va a decir a la Prefectura y a la ANP si ese barco puede entrar o no". La solicitud deberá ir acompañada de documentación que permita distinguir a los buques ilegales.

Hace un mes, el Poder Ejecutivo aprobó un decreto que impone a los barcos extranjeros el pago de una tasa en la solicitud de ingreso a puerto. García celebra estas medidas pero ironiza: "Imagínate lo que sería antes".

El 22 de mayo, cuando el intendente Aníbal Pereyra recibió a la delegación de Zhoushan, García pidió la palabra y se la negaron. Un grupo de vecinos se quejó con carteles que decían "basta de cuentos chinos" y "no puerto pirata con nuestra plata". Pereyra relativizó el peso de los manifestantes ("eran 50 y acá viven 6.000") y, una vez más, se paró de punta contra el biólogo que dirige la resistencia. Aseguró que García se había comprometido a no ir, que ya tuvo una reunión con él, y que entiende que hay "una desinformación direccionada" con "clara mala intención".

En La Paloma la tensión está en el aire, como antes estuvo el olor desagradable del procesamiento de la anchoíta para la producción de harina de pescado. Los locales no olvidan que 15 años atrás, la mala experiencia con una empresa de capitales chilenos obligaba a cerrar la escuela cada vez que el viento soplaba hacia allí. Está claro que la tecnología evolucionó y que las cosas se pueden hacer mejor, pero ellos manejan otros argumentos para oponerse.

Dicen que la anchoíta es la base alimenticia de muchas otras especies, y que si bien Uruguay hoy está habilitado a pescar hasta 40 mil toneladas, sería mejor no usar ese cupo y ejercer "la pesca responsable". Desde el gobierno, en tanto, son pragmáticos: si Uruguay no pesca la anchoíta, la va a pescar otro.

Hay más discrepancias en este punto: los que se resisten advierten que los estudios de stock están desactualizados y que, teniendo en cuenta que los pescadores locales cada vez pescan menos, es probable que haya menos anchoíta de lo estimado. Desde Dinara aseguran que los técnicos sostienen que la especie está subexplotada y que no puede estar en peligro de extinción cuando Uruguay, desde 2007, no sacó ni uno de esos peces.

El contrapunto también abarca las condiciones de pesca chinas. García asegura que conoce observadores científicos que han visto atrocidades a bordo de sus buques —por ejemplo, la captura de pescados de menor talla a la autorizada, lo cual se considera depredación— pero que han sido presionados para no denunciarlo. Afirma que las condiciones laborales son de esclavitud y falta de higiene. Gilardoni, por su parte, entiende que hay una cuota de "discriminación" en los planteos y, en todo caso, asegura que el único proyecto aprobado (el de Goldenstar para merluza negra y atún) se apegará a la ley nacional, que obliga a que el 70% de la tripulación en zona común de pesca y el 90% en aguas internacionales, sea de nacionalidad uruguaya. Esa norma, que admite excepciones, nunca se redujo a menos de 50% durante su administración.

A pesar de las discrepancias, hay dos puntos en los que ambos bandos concilian: en la postura de reforzar los controles a la pesca en Uruguay, y en la necesidad de poner condiciones a las inversiones. En el fondo, quizás, sea solo un malentendido.

En paralelo a las manifestaciones contrarias que afloran por estos días en relación a los proyectos pesqueros chinos en Uruguay, corre una buena noticia a los ojos del gobierno y empresarios: la próxima cumbre de negocios chino-latinoamericana será en Uruguay. Se hará en el Centro de Convenciones de Punta del Este entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre. El encuentro es celebrado como un paso más de cercanía entre Uruguay y China, dos países que han afianzado su hermanamiento sobre todo desde la gira de Tabaré Vázquez en octubre de 2016. Si bien el presidente viajó en busca de un Tratado de Libre Comercio que parece empantanado por la oposición de Brasil —aunque aún hay tiempo, porque se fijó un plazo de dos años para concretarlo—, sí se lograron varios acuerdos bilaterales y se aumentó la cooperación y el intercambio comercial. Desde la visita presidencial, son varios los intendentes que han viajado a China —no solo Aníbal Pereyra— en busca de inversiones y acuerdos de hermanamiento. La semana pasada fue el ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, quien pisó suelo chino para acordar las condiciones de venta de soja uruguaya. Actualmente China es el principal destino de las exportaciones nacionales y le compra a Uruguay mayoritariamente soja, lana, celulosa y carne bovina. Según el último informe de Uruguay XXI, el instituto promotor de inversiones, las exportaciones a China vienen en aumento desde 2008 y se espera que se sigan incrementando dado el dinamismo del país asiático.

TORMENTA EN PUERTA