El alemán M. contrabandeaba Viagra trucha en Europa. Compraba medicamentos falsos en India y China y los revendía por internet. Lo que ganaba lo depositaba en bancos de España y República Checa. Hace cinco años adquirió tres terrenos en el balneario Bella Vista y así lavó el dinero. Hasta que la Justicia lo atrapó.

El caso, uno de los 375 procesamientos por lavados de activos que contabiliza la Justicia uruguaya en siete años, resume el mecanismo más común para quienes realizan este delito en el país: comprar y vender inmuebles. Es que el "blanqueo" consiste en hacer pasar como legítimo un dinero que surge de lo ilícito, como del contrabando. Y qué mejor que apostar por un terrenito en una zona tranquila, sin muchas trabas.

Esta imagen de paraíso —no solo fiscal— es la que el gobierno quiere borrar. Sobre todo quiere enterrar la vieja idea de que "más vale que entre dinero y circule, venga de donde venga". En cuatro años visitarán el país representantes de la GAFI, la organización internacional que supervisa el control de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Al término de su evaluación los examinadores extranjeros decidirán si Uruguay cumple con los estándares mundiales. Una mala calificación significa ingresar a una lista que, al decir de Carlos Díaz Fraga, director de la Secretaría Nacional Antilavado, "es mucho más grave" que la lista gris de la OCDE. ¿Por qué? "El resto de los países deben tomar debida diligencia ante toda transacción, las casas matrices de bancos extranjeros pueden exigir el cierre de sus sucursales en Uruguay, hay castigos de bienes y encarecimiento de intereses". A Uruguay le ingresaría menos plata. En pocas palabras: un gran castigo para un pequeño país.

Uruguay se convirtió ayer en el 51° país miembro del Centro de Desarrollo de la OCDE. En la firma del acuerdo, que no implica un cambio de legislación pero sí la posibilidad de negociar políticas públicas, el presidente Tabaré Vázquez fue enfático: "Uruguay combate el lavado de activos", dijo a El Espectador. Hubo "diferencias en el pasado", pero "demostraremos" que hemos cambiado, aseveró el mandatario.

Es que al efecto "estigma" y a las sanciones que puede implicar el ingreso a la tan temida lista, Díaz Fraga agrega otra advertencia: "Si Uruguay no pone un freno, puede pasar que dentro de 10 ó 15 años se encuentre sin país", como pasó en Colombia y como sucede en algunos Estados de México en los que gobierna el narcotráfico. A nadie se le ocurre pensar que el crimen organizado actúa por mero altruismo, sino que lo hace por dinero. Y ese dinero los criminales deben blanquearlo de alguna forma.

El término "lavado" nace en la década de 1920, cuando las organizaciones mafiosas en Estados Unidos intentaban ocultar la procedencia ilícita de su dinero comprando lavanderías. Por aquel entonces regía la "ley seca" y se disparó el contrabando de bebidas alcohólicas. Hoy las formas de delinquir son bastante más complejas, involucran grupos transnacionales que no conocen de fronteras y que tienen profesionales a su cargo. Pero hay excepciones. La jueza Adriana de los Santos recuerda que una familia uruguaya revendió un auto cinco veces y en cada oportunidad lo hacía a un precio más caro. La última vez el vehículo cotizaba más que un cero kilómetro. La jugada fue "tan burda" que fue simple bajar el martillo de los acusados.

La preocupación del gobierno por este tema no es nueva, comenzó en 2004 en la gestión de Jorge Batlle y aumentó en 2006 cuando el Fondo Monetario Internacional aconsejó acoplarse a los organismos internacionales para "no quedar aislados". Desde entonces le siguió una serie de medidas que incluyen la creación de la propia Secretaría Antilavado, la fundación de dos juzgados especializados en crimen organizado y, en el actual proyecto de Presupuesto, la instalación de un servicio dedicado al control del sector no financiero.

Con este último ajuste de tuercas el gobierno pretende tapar un bache: en los últimos 10 años solo hubo 64 denuncias dentro del sector no financiero de presuntos casos de lavado de activos. Sin embargo, dentro del área financiera hubo 1.749. Así como los bancos, las casas de cambio y los asesores de inversión deben declarar ante el Banco Central si consideran que uno de sus clientes está haciendo maniobras "sospechosas" que pueden ser producto de un blanqueo de capital, también están obligados otros actores: los casinos, los escribanos, inmobiliarias, administradores de sociedades y vendedores de metales preciosos. Todos estos sujetos que integran el sector no financiero son los que, para las autoridades, "no se han involucrado como se esperaba". Hasta hoy hay unos 10.000 obligados.

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Díaz Fraga no echa culpas. Desde su despacho en el noveno piso de la Torre Ejecutiva y sin ánimo de señalar con el dedo, dice que "preocupa" la falta de reportes en el sector inmobiliario cuando, como ocurrió con el alemán M., es la forma más típica de blanqueo: comprar una casa en la mañana para revenderla en la tarde o adquirir un apartamento en Manga al precio que vale en Punta del Este, por mencionar dos típicas estrategias. Y para saber lo que es un comportamiento "irregular", las autoridades apelan a los profesionales.

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En los últimos 10 años las inmobiliarias reportaron solo cuatro operaciones sospechosas. Para el gobierno parece "poco" en un sector que en 2013 inscribió más de 73.500 compraventas, según datos del Instituto Nacional de Estadística. La Cámara Inmobiliaria (CIU) argumenta que ellos solo controlan el 34% del mercado.

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Un estudio de la consultora Cifra revela que de quienes compraron o vendieron una propiedad en los últimos cinco años, uno de cada tres lo hizo en el sector formal (en inmobiliarias con oficinas establecidas). Para Gabriel Conde, presidente de la CIU, esa es la principal causa de la poca cantidad de reportes. "No hay que denunciar todas las operaciones y a casi nadie le ha pasado algo inusual, porque los movimientos millonarios no pasan por inmobiliarias formales", explica el empresario.

La CIU está elaborando un manual de procedimiento, algo así como un instructivo de cómo lidiar con el cliente a la hora de exigirle más información. "No es simpático, pero vamos a tener que hacer docencia con los clientes", dice Conde, quien teme que las medidas desestimulen aún más la compraventa en el mercado formal. "Nos pasa cada vez más que en zonas turísticas el portero alquila los apartamentos, en los campos es un ingeniero agrónomo y en los pequeños pueblos, un jardinero". "La inmensa mayoría de los 900 socios de la Cámara (600 en forma directa) son pequeñas y medianas empresas, por lo que la baja de clientes se hace sentir", afirma.

Más allá de quejas, en la Cámara son claros: las medidas están para cumplirlas y eso es lo que harán. En esta misma línea, Julio Villamide, agente inmobiliario con 40 años de experiencia, entiende que tampoco es conveniente para las inmobiliarias "estar vinculados a hechos desagradables (delictivos)". Eso sí: a su criterio, ya se aplican restricciones y la propia plaza uruguaya, por su tamaño pequeño, "no es propicia para el gran lavado de activos".

Desde el gobierno coinciden con esa visión. Díaz Fraga opina que "nadie viene a Uruguay a hacer un gran negocio, sino en busca de la tranquilidad". De hecho, el crecimiento de un 40% de las habitaciones de hoteles en la capital no despierta sospechas "porque aun así son solo 6.000 habitaciones para una ciudad que recibe un millón de turistas", dice Villamide.

"Solo los profesionales pueden saber si esto es habitual o no", indica el director de la Secretaría Antilavado. "Hace años que los escribanos son los depositarios de la fe pública, porque el Estado no tenía entonces la capacidad tecnológica para hacerlo; algo similar se les está pidiendo a las inmobiliarias ahora". Y para que haya confianza a la hora de reportar, Díaz Fraga asevera que "están dadas todas las garantías". Pocos funcionarios del BCU son quienes acceden a los casos, la denuncia queda bajo anonimato y es posible reportar luego de cerrar una compraventa para no perder al cliente. "Cuando usted ve que frente a su casa están robando, llama al 911. Acá estamos pidiendo lo mismo: reportar".

Para que haya lavado de activos tiene que haber un delito previo. En algunos países la Justicia entiende que todo delito es precedente. En otros, como Uruguay, solo se tiene en cuenta una lista específica. Aquí son 36 las infracciones que pueden derivar en un blanqueo de dinero. Pero el tráfico ilícito de estupefacientes se lleva todas las miradas.

Cuarenta y seis de los 51 procesados que lleva contabilizados la Justicia en 2015 fueron por estos delitos. Le sigue la estafa con cuatro casos. Uno de los ejemplos más claros es la causa que cae sobre el expresidente de la AUF y Conmebol, Eugenio Figueredo. En otros países de la región la clave está en la corrupción. La "operación lavado de dinero" de Petrobras, en Brasil, y PDVSA, en Venezuela son los temas en foco hoy (ver recuadros).

El ministro del Interior Eduardo Bonomi entiende que es necesario agrandar la lista de delitos precedentes. En una entrevista en el programa televisivo Código País explicó el interés de incluir las rapiñas, abigeato y hurto para evitar que los delincuentes utilicen el dinero fruto de sus ilícitos luego de cumplir su condena. Díaz Fraga coincide en que hay que extender el listado, pero para incorporar como delito la evasión fiscal.

Esquivar el pago de impuestos en el exterior y depositar el dinero (o comprar casas) en Uruguay ha sido durante años una tentación, sobre todo para algunos argentinos (políticos incluidos). Pero desde que el país comenzó a ajustar las tuercas flojas, otro destino parece haber captado el interés: Panamá. En los últimos años allí se han instalado varios estudios uruguayos y sociedades financieras (hoy sociedades anónimas). No en vano, la GAFI colocó al país centroamericano en su lista gris en junio de 2014.

Al término del segundo trimestre de 2015 en el banco central de Panamá hubo US$ 259 millones en depósitos procedentes de Argentina y US$ 122 millones con origen en Uruguay.

Desde que Panamá está en la lista gris, comenzó una serie de cambios legislativos similares a los que Uruguay está realizando previo a la inspección de 2019.

Lionel Andrés Messi es el mejor futbolista del mundo y su imagen vale. En tres años el delantero del Barcelona recibió US$ 13 millones por contratos publicitarios y debió pagar US$ 5,3 millones de impuestos a la Hacienda española. Supuestamente nunca pagó. La Fiscalía entiende que el padre del jugador, quien manejaba sus transacciones, tejió un entramado societario en Belice y Uruguay para la evasión fiscal. Y por más que en 2013 la familia Messi hizo un pago "correctivo", las autoridades insisten en la posibilidad de prisión y en que Uruguay libere los datos.

Para la desilusión de los fiscales españoles, a priori Uruguay no accederá a su pedido. La razón es simple: en el país el delito fiscal no es precedente del lavado de activos. Al menos por ahora. Es que la Secretaría Antilavado elevará al Parlamento una propuesta para incorporar este nuevo delito, tal como lo sugiere la GAFI (ese organismo internacional que visitará el país en 2019). La idea de las autoridades uruguayas es que la modificación esté efectiva para 2017, aunque la norma no es retroactiva.

"El delito tributario es a veces una vendeta política", dice Félix Abadi, catedrático de Impuestos en la Universidad ORT. "La OCDE hace una gran movida pero no señala a los grandes países que incumplen (léase Estados Unidos)". De ahí que para el profesor sea un error incorporar este nuevo delito como precedente del lavado de activos. "El Banco Central puede quedarse con la casa en Punta del Este de un argentino que no pagó sus impuestos en la AFIP (la versión argentina de la DGI)… Es un poco exagerado", sostiene el contador. Y se pregunta: "¿El narcotráfico es lo mismo que un tipo que no pagó los impuestos?".

Díaz Fraga reconoce que no puede colocarse en un mismo escalón quien trafica droga con quien sustrae la renta del Estado. Pero "Uruguay no está en condiciones de andar con caprichos", dice tajante el director. Es un requisito del organismo internacional y la consecuencia es clara: estar o no en la temida lista. Hay tiempo hasta 2019.

Cinco años después llegó la sentencia. El 16 de octubre el juez especializado en Crimen Organizado Néstor Valetti condenó con prisión a 15 personas, en uno de los entramados de lavado de activos que involucra a más cómplices. El jefe de la banda, de iniciales H.M., ya estaba preso desde julio de 2010. Desde el penal de Libertad manejaba los hilos y usaba a amigos y familiares, incluidas madre y esposa, como testaferros.

Para la Justicia uruguaya era extraño que aquel hombre que había caído en prisión por narcotráfico hubiera realizado tantos giros en redes de cobranza, que su pareja hubiera comprado un Ford Falcon, que su madre hubiera adquirido una casa y que continuara recibiendo dinero cuando no tenía un trabajo lícito desde 1998. Los testigos justificaron que H.M. criaba chanchos, pero las pericias confirmaron una realidad bastante distinta. El monto de dinero no era alto si se lo compara con las grandes organizaciones criminales, pero la Policía sí constató giros a cuentagotas. Entre 2009 y 2010 recibió a su nombre $168.652 y US$ 300, y aportó $ 273.681 a través de Red Pagos y Abitab. De la trama participaron familiares y amigos.

EL FIN DE LA PLATA FÁCIL