Un experto marítimo denuncia que Uruguay es el “eslabón principal” de la pesca ilegal en el Atlántico Sur y que recibe alrededor de 200 pesqueros ilegales al año. La Armada Nacional no lo refuta. Reconoce haber detectado en infracción a muchos más buques de los que ha logrado capturar.

Desde la rambla son buques viejos, uno al lado del otro. Desde el cielo parece el juego de la Batalla Naval. Pero en los documentos son pesqueros con un duro historial de ilegalidad. El puerto de Montevideo da cobijo a barcos con antecedentes de maltrato laboral y pesca sin autorización. Esta semana hay cuatro de estas embarcaciones amarradas junto al muelle más próximo a la calle Ciudadela. Están ahí, a la vista, sin ningún camuflaje.

"Uruguay es el eslabón principal de la pesca ilegal en el Atlántico Sur". Milko Schvartzman no da vueltas. Según este estudioso de asuntos marítimos que fue investigador de Greenpeace, la Administración Nacional de Puertos, la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) y las empresas de logística portuaria forman parte de un sistema que abastece de combustible, reparaciones y provisiones a barcos extranjeros que cometieron delitos.

Desde 2001 hasta ahora hubo al menos 32 incidentes irregulares protagonizados por buques extranjeros que fueron a parar al puerto de Montevideo. Cuatro de ellos son los que están amarrados al muelle esta semana. Schvartzman lo sabe porque todos los días, como una obsesión, revisa los datos satelitales que ofrecen gratuitamente algunos sitios de internet.

Mediante este sistema fue que divisó a principios de este mes al Hua Li 8, el buque chino que pasó a pocos kilómetros de Punta del Este. La embarcación estaba siendo perseguida por la Prefectura argentina por haber pescado ilegalmente calamares en la zona exclusiva del país vecino. La Armada uruguaya tomó la posta de seguirlo, pero el barco huyó. El ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, reconoce con hombros encogidos: "Se nos escapó, se nos escapó".

La persecución fallida encendió una alerta: no se trata solo de los buques con historial de incidentes que amarran en Montevideo, sino también de la incapacidad de Uruguay para enfrentar a quienes invaden su jurisdicción. "Podemos controlar, pero no tenemos capacidad punitiva", admite Fernández Huidobro. Y agrega: "Argentina sabe las capacidades que tiene Uruguay, y los chorros también lo saben".

En los últimos dos años la Armada detectó 23 buques en "presunta infracción" próximos al límite lateral con Brasil. Estaban pescando ilegalmente dentro de los 322 kilómetros que conforman la zona exclusiva de Uruguay. A 16 se los persiguió, pero solo se logró capturar a cuatro, según datos facilitados por relaciones públicas de la Armada. Cuando un buque es capturado se lo inspecciona, se le aplica una sanción —generalmente una multa— y se le advierte que no vuelva a ingresar.

Cada día hay decenas de barcos navegando por aguas uruguayas y serán más si Naciones Unidas finalmente autoriza extender la jurisdicción de 322 kilómetros a 563. Muchas de estas embarcaciones recalan en el puerto de Montevideo, un lugar estratégico para la carga y descarga de mercadería. Sin embargo, no todas las tripulaciones realizan una tarea legal, reconoce el ministro de Defensa. "Es como si me dijera que lo que se mueve en Aceguá esta noche está todo autorizado", agrega entre risas.

Según Interpol, la pesca ilegal deja pérdidas de unos US$ 23.000 millones al año en el mundo por lo que deja de recaudarse de impuestos y por los puestos laborales no generados, entre otras cosas. Es uno de los negocios más rentables del crimen organizado y encuentra en el Atlántico Sur valiosos recursos: calamares, atunes, peces espada y merluza negra, un manjar que cuesta $ 900 el kilo.

"Cuando los barcos de banderas asiáticas no tienen buenas capturas cerca de sus países, vienen al sur del océano Atlántico", dice Guillermo Caille, de la fundación Patagonia Natural. Sobre todo son buques chinos, como el que hundió la Prefectura argentina en Chubut el 14 de marzo. Con ese ya van 69 barcos de esa nacionalidad capturados en aguas argentinas desde 2001.

Algunos de esos buques hacen transbordo y descargan en alta mar los peces robados. Otros prefieren trasladar toda la mercadería directo al puerto. En uno u otro caso suelen aprovechar "la logística barata" y confortable que ofrece Montevideo, dice Schvartzman. Cada año recalan en Montevideo entre 1.400 y 2.000 pesqueros. El exactivista de Greenpeace estima que unos 200 carecen de autorización para pescar.

Más allá de la legalidad de los buques, su arribo a puerto constituye un gran negocio. Por cada escala, cada buque deja hasta US$ 100.000 de ganancia, calcula Mario Baubeta, gerente de finanzas de la agencia Tranship y expresidente del Centro de Navegación, una asociación que nuclea a los agentes marítimos.

Buenos Aires no quiere quedar por fuera. De hecho, el subsecretario de Pesca argentino, Tomás Gerpe, reconoció que pretende lograr un acuerdo con los buques chinos que capturan ilegalmente en aguas de su país para que, a cambio de autorizar la pesca, operen en los puertos de Argentina.

La pesca ilegal genera problemas ambientales y depredación. Según la especie, hay cupos de captura con el fin de no cortar la cadena reproductiva. De modo que si es que existe un rédito, es solo económico. Para Yamandú Flangini, exdirector de la Dinara, "la conveniencia es del puerto de Montevideo" que se queda con el dinero de la logística. Aunque matiza señalando que las autoridades uruguayas pueden desconocer si está todo en regla o cuál fue el recorrido exacto de un pesquero antes de recalar. En este sentido, el actual director del organismo, Daniel Gilardoni, insiste en que Uruguay es uno de los nueve países que firmaron un acuerdo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el que se acepta la operativa con extranjeros siguiendo determinados criterios de inspección. "Puede que no seamos perfectos, pero siempre se exige la información del buque", se defiende.

Hay otros delitos asociados a la pesca ilegal, como las malas condiciones laborales, que no son competencia de Uruguay. "Suele suceder que trabajadores asiáticos y africanos se tiren al agua y lleguen nadando, pidiendo refugio", comenta Carlos Vega, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma). Pero, como ocurre en una embajada, arriba del barco rigen las leyes del país dueño de la embarcación.

Desde 2005 no hay registro de una embarcación uruguaya que haya sido captada cometiendo un delito en aguas de otro país. El hecho más famoso ocurrió en 2003, cuando un barco de bandera nacional pescaba sin autorización en el mar australiano y fue perseguido durante 7.000 kilómetros. Una vez capturado fue multado y retirado de circulación. Operaba para la "mafia gallega", una asociación criminal con sede en Galicia que pescaba ilegalmente la merluza negra. Recién hace dos semanas cayeron presos los líderes de la banda (ver recuadro).

Distintas fuentes consultadas coinciden en que hubo un tiempo en que la bandera uruguaya era utilizada por conveniencia. Las empresas extranjeras solicitaban la identificación y, sin muchas trabas, la obtenían. "Por suerte eso ya no ocurre", enfatiza el sindicalista Vega. "Para nosotros, como trabajadores, no era una situación agradable".

Hoy los reclamos de los trabajadores pasan por otros lados. La pesca uruguaya está en una crisis: de 68 barcos habilitados para navegar, operan 28. Un conflicto aún no resuelto por los aportes patronales amenaza con paralizar todo el sector a partir del 30 de abril.

Pero por más discrepancias que los sindicalistas puedan tener con las autoridades, Vega considera que "el puerto de Montevideo es uno de los puertos con más regulaciones". "Puede que haya barcos cuyo legajo no es el mejor, pero sin el consentimiento del Puerto y la Dinara", dice.

Fernández Huidobro lo resume así: "Es falso que los buques recalen en Montevideo para hacer pasar como legal lo ilegal. Llegan por razones logísticas, aunque sean ilegales. No nos hagamos los mimosos".

Durante el invierno pasado, la Prefectura argentina llegó a contabilizar 400 buques pescando ilegalmente en su zona de exclusividad. Hace 10 años las embarcaciones detectadas fueron la cuarta parte. Milko Schvartzman, exactivista de Greenpeace, dice que es "probable" que también en Uruguay haya aumentado el número de pesqueros que invaden su jurisdicción. La Armada detectó 23 buques desde 2014. Pero no tiene medios para hacer un trabajo mejor, dice el ministro Eleuterio Fernández Huidobro. La Prefectura uruguaya tiene buques vetustos, de hace 50 años, y a veces ni siquiera hay combustible, explica. El Ministerio de Defensa negocia con Economía un fideicomiso para obtener tres lanchas oceánicas, de US$ 70 millones cada una.

Hace un año murió un trabajador uruguayo por hipotermia. Viajaba en el pesquero Rambla, un buque de bandera nacional que estaba —y sigue estando— autorizado para capturar en las islas Georgias. La falta de un cerramiento correcto y las malas condiciones en las que viajaban los 24 tripulantes fueron, para el Suntma, la causante del fatal desenlace. En esa zona del mapa, "48.3" según el código antártico, la habilitación de pesca es otorgada por Reino Unido, aunque Argentina reclama su soberanía de la zona. Si bien Uruguay "apoya" a Argentina en el litigio internacional, y el entonces presidente José Mujica prohibió el ingreso a puerto de buques con bandera de Falkland (Malvinas), la operativa sigue en marcha. El subsecretario de Pesca argentino, Tomás Gerpe, dijo a El País desconocer la situación y solicitó una investigación.

En la profundidad del mar uruguayo hay un tesoro: la merluza negra. Este pez con mucha grasa, rico en omega 3, y con fuerte sabor, vive en la zona antártica y lo más al norte que llega es, justamente, a Uruguay.

Más allá del valor nutricional, tiene un alto precio de comercialización: $ 900 el kilo, cuatro veces más que el tan cotizado salmón.

Parte del precio responde a la dificultad de su captura. Para hacer rentable el negocio y pescar en gran cantidad hay que viajar hacia el Polo Sur.

La merluza negra es una especie que habita en la profundidad, que puede llegar a medir más de dos metros y que vive hasta 50 años. A esa área no llega cualquier buque. Desde Montevideo, un puerto relativamente cercano, el viaje hacia la zona de mayor concentración de la especie dura 25 días. En el camino suele haber tormentas perfectas y tímpanos de hielo que se cierran de un momento a otro.

Eso no es todo. Hace 18 años que Uruguay es uno de los 25 países de una comisión que tiene jurisdicción pesquera en la zona. Al ser un área reservada y de exploración científica, solo se puede capturar a la merluza negra mayor de edad y con un buen tamaño. Las líneas con anzuelos deben contar con espantapájaros para no depredar las aves autóctonas, y el barco tiene que evitar al máximo toda posible contaminación.

Pero todas estas limitantes no son impedimento para los pesqueros ilegales.. Por lo dificultoso y costoso de esta pesca, son propiedad de mafias con mucho dinero. La más conocida es la "mafia gallega", con sede en Galicia.

Hace dos semanas sus principales líderes, Antonio Vidal Suárez (Tucho el Coyo), y su hijo Antonio Vidal Pego (Toño), pasaron a dormir tras las rejas. Operaban con la empresa Armadores Vidal S.A., y sus mil nombres falsos. Algunas de sus embarcaciones llegaron a contar con bandera uruguaya y hasta tuvieron aliados locales.

Ante estas posibles amenazas en la zona antártica, cada vez que un buque viaja a entregar provisiones a la base Artigas debe avistar la zona y reportar si encuentra a algún sospechoso navegando. "Donde está la base uruguaya es una zona de tránsito, no hay pesca, pero sí se debe reportar cualquier avistamiento", explica Mario Lluberas, del Instituto Antártico Uruguayo. Por ahora no han divisado a ningún infractor cerca.

EL NEGOCIO DE LA PESCA ILEGALTOMER URWICZ