En el tercer piso de la galería Caubarrere, en el Centro de Montevideo, funciona la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente. En la puerta hay solo un rótulo que dice Presidencia de la República. Al entrar, dos guardias detrás de un mostrador.

La oficina está conformada por varias salas pequeñas, y tres de ellas contienen buena parte de la historia de la dictadura. Conforman el “archivo de la secretaría”, una figura que se creó en 2011 y recién ahora se está terminando de saber qué contiene.

La primera sala está destinada al ingreso de nueva documentación. Allí, donde el aire acondicionado sale frío, hay varias cajas en el piso y decenas de carpetas de cartón sobre una mesita. Está trancada con llave. Una segunda sala se dedica al tratamiento documental. “Denuncias”, “Testimonios”, “Legajos”, anuncian las etiquetas en cajas y carpetas organizadas en estantes. Tres archivólogos, que conocen en profundidad el contenido, sacan, miran, guardan. Uno de ellos transcribe a la computadora el legajo de un militar. Dicen que es un trabajo “lindo”, pero aclaran que “la descripción técnica de la tortura no es para cualquiera”. La tercera sala es el depósito. Lo que hay allí ya fue leído, procesado e incorporado a la historia oficial. Buena parte de las carpetas tienen la sigla LDD: legajo de desaparecido.

El principal logro de Isabel Wschebor en los siete meses que lleva a cargo de esa secretaría fue realizar un inventario de toda la documentación que hay allí. Una parte todavía se usa a nivel administrativo y judicial; otra parte ya no. Wschebor, una historiadora con formación en archivos, se propuso “poner la casa en orden” y “generar un sistema para que no se vuelva a desordenar”. Hoy dice sonriente que “la casa está empezando a estar ordenada”.

Sin embargo, todavía no tiene claro qué porcentaje de la documentación sobre la dictadura está allí, en su archivo, y qué tanto está fuera. Lo que se sabe es que hasta el momento han aparecido 24 archivos, 11 de ellos estatales. Parte de la información reside en el Archivo General de la Nación, parte en el Ministerio del Interior, otro tanto en el de Relaciones Exteriores, y así por decenas. Wschebor ha procurado tener copias de varios de ellos.

En estos 10 años de búsqueda de información sobre desaparecidos, los documentos encontrados han sido millones, la forma de procesarlos ha sido más bien artesanal, y las personas involucradas en ese trabajo han variado. ¿Con qué criterio? Con el de quien ha descubierto el archivo.

Sucedió, por ejemplo, cuando en febrero de 2006 la ministra Azucena Berruti encontró, en base a una denuncia anónima, 1.140 microfilmaciones de la Inteligencia militar en el exCGIOR, una escuela de contra inteligencia. En ese entonces, la ministra Berrutti acudió al lugar y lacró la habitación en la que aparecieron los materiales. Se negó a abrir los archivos y puso a dos personas de su confianza a trabajar en la digitalización de la información. Las personas eran María del Carmen Martínez (integrante de Familiares de Desaparecidos y detenida en el centro clandestino Orletti) y Jorge Tiscornia, un ex tupamaro que estuvo preso en el Penal de Libertad entre 1972 y 1985, conocido por haber escrito “el almanaque más grande del mundo” durante su reclusión.

Berruti los nombró por designación directa, sin concurso previo y a través de un contrato de obra por dos años. La oposición sacó chispas por este tema. El Partido Nacional reclamó tener representantes o veedores independientes, pero no tuvo eco. Berruti argumentaba que había muchas mentiras en las microfilmaciones, por lo que la tarea era solo para entendidos.

En ese entonces ya se había formado el equipo de historiadores de la Udelar, creado justamente para la investigación histórica de la dictadura. Álvaro Rico, hoy decano de la Facultad de Humanidades, era el coordinador del grupo y hoy es el supervisor. Sin embargo, los historiadores recién accedieron a la información -no a toda, pero sí a buena parte- años después, cuando el siguiente ministro, José Bayardi, resolvió dejar las microfilmaciones digitalizadas en el Archivo General de la Nación.

-¿No correspondía que ustedes hicieran ese análisis?

Sentado en el despacho del decanato, Rico piensa y se queda en silencio.

-Uno podría pensar que perfectamente ese archivo, revisado en un ámbito tan reservado, pudo ser depurado- se le insiste, y entonces el decano se sincera.

-Sí, podés pensarlo. Hay una cuota de voluntad reservada a los jerarcas. Después las cosas se encauzan a partir de la legislación o de un criterio más armónico y general para todos los organismos.

La legislación que menciona es un conjunto de tres leyes que refieren al tema: la de protección de datos personales y acción de “habeas data”, la de derecho de acceso a la información pública y la que crea el Sistema Nacional de Archivos. Las tres se aprobaron en 2008.

Si bien ninguna describe qué hacer si aparece un archivo (y menos aun referido a la dictadura), la última de las tres le da al Archivo General de la Nación (AGN) la rectoría del sistema.

Podría suponerse que desde la aprobación de esa norma, el AGN pasó a ocuparse de leer y analizar los siguientes archivos que aparecieron, pero no fue así. En 2012, por ejemplo, se descubrieron en el museo MAPI, ex sede de Defensa, 60 cajas con fichas que en un primer momento todos atribuyeron a la época de la dictadura. El director del museo, Facundo de Almeida, llamó a la Intendencia y allí resolvieron dar cuenta al equipo de Rico. Durante meses dos historiadores estudiaron el material en una sala cerrada del MAPI. Escribanos municipales hicieron un inventario. Al final resultó que los documentos no revelaban nada sobre desaparecidos ni asesinatos políticos. Y el AGN no intervino en el proceso.

Ahora volvió a suceder. El viernes 2 de octubre, tras una denuncia del secretario de Derechos Humanos, Javier Miranda, la Justicia allanó la casa del coronel recién fallecido Elmar Castiglioni, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia. Se presume que allí hay información que puede llegar a aclarar la muerte de Fernando Miranda, padre de Javier. Hace más de 20 días que las 60 cajas incautadas por la jueza Beatriz Larrieu están, según supo El País, en un limbo institucional, a la espera de que la jueza y el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, resuelvan quién debe abrirlas (ver más información en el recuadro).

A Wschebor, una mujer sonriente y de voz dulce, se le ensombrece la cara cuando se le pregunta sobre las “garantías” en caso de que un nuevo archivo -el de Castiglioni u otros que puedan aparecer- contenga información que involucre o perjudique a personas que hoy están en la función pública. Primero pide “no fantasear con información que no se conoce” (“habría que volver a leer a Freud, porque la capacidad de imaginar es inimaginable”). Segundo, advierte que la desclasificación viene después del tratamiento judicial o administrativo, y que dependerá de ciertos “plazos precaucionales”, que en Uruguay son 30 años desde el momento de la producción del documento. A su juicio, “la información sobre personas que están en actividad hoy debe estar reservada”.

Y cuando se le insiste sobre cómo pueden estar tranquilos los uruguayos de que no se esconderá nada sobre personas en el poder, su respuesta es: “Nosotros damos garantías desde nuestra jerarquía administrativa”. Si llega documentación nueva a la secretaría -como ha llegado cantidad en estos meses, según afirmó-, sus palabras son dos, y a ellas se aferra: “¡Al archivo!”. Y ahí, quienes tienen el cometido de analizar en primer lugar las características de la información son, de acuerdo al protocolo de la secretaría, funcionarios de Presidencia. Para Wschebor, esa debe ser garantía suficiente, porque son personas en servicio público. “Es tan frágil la institucionalidad en Uruguay en este tema, que entramos en especulaciones de las que hay que salir”, concluye.

Para el senador Javier García, a quien le preocupa el asunto desde aquel hallazgo en el exCGIOR, es necesario que haya un marco legal sobre cómo proceder en la desclasificación de documentos, tal como sugiere la Unesco. “El Ejecutivo de entonces ya manejaba el tema a su criterio y sin garantías para nadie. Ahora, lo de Castiglioni refuerza el reclamo que estoy haciendo: debe haber una ley con garantías necesarias para las partes involucradas”, advirtió García. “Me preocupa que solo esté involucrada gente afín al gobierno. Estamos hablando de archivos que pueden tener pesquisas, nombres. Estamos hablando de posibles funcionarios públicos hoy”, planteó.

Cuando se conformó el equipo de historiadores, en 2005, el único archivo de la dictadura con el que se contaba era documentación reunida entre 2000 y 2003 por la Comisión para la Paz. Eran esencialmente legajos de los detenidos desaparecidos, combinados con testimonios y notas periodísticas.
“Cuando empezamos, pensamos que ese era el único archivo y que el resto había sido quemado o destruido. Pero luego empezaron a aparecer”, dijo Rico.

Desde entonces, equipos de 8 o 9 personas en promedio -lo conveniado entre Udelar y Presidencia-, sobre todo estudiantes avanzados o grados 1 y 2, han leído millones de documentos en busca de pequeñas piezas del puzzle de la historia. Aunque han permitido reconstruir el contexto, hasta ahora ninguno de los archivos ha revelado datos sobre dónde están los desaparecidos. Pero si tienen en cuenta cómo empezaron y lo que han avanzado, ellos no pierden la esperanza.

“Durante más de dos años, y en forma artesanal, tres personas trabajamos en la Dirección Nacional de Migración, revisando libros sobre entradas y salidas de 18 puntos cardinales, hoja por hoja, buscando algún represor o alguna víctima que hubieran usado su nombre original para entrar o salir de Uruguay”, contó Rico. ¿El resultado? “Muy modesto”. Se reconstruyó el viaje legal de dos familias solamente.

El trabajo de los historiadores también ha tenido, en ocasiones, cierta cuota de resistencia. Rico recuerda el tiempo que les llevó flexibilizar las condiciones de acceso al archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, y cómo debieron aprender de a poco la “jerga” con la que nombrar algunos documentos. En otros casos el esfuerzo ha sido más bien físico, como cuando revisaron un archivo de 300.000 fichas clínicas de Sanidad Militar en un una sala que Rico describe como “insalubre”, y de la que “había que salir a respirar cada tanto”.

Sobre lo “artesanal” de la tarea, y sobre lo escaso de los recursos, todos están de acuerdo. Y cuando se indaga sobre la causa del aparente divorcio entre el discurso oficial, los reclamos de verdad de unos y otros, y las condiciones de trabajo, la respuesta apunta, también, a un mismo lugar: la debilidad institucional.

Pablo Chargoña, abogado de Familiares de Detenidos Desaparecidos, entiende que existe en el Estado una gran “atomización” en materia de cuidado de los archivos de la dictadura. Para él, no se ha invertido lo suficiente en recursos humanos y capacitación para su estudio. “Falta coordinación y ese es un problema adicional. Hay un ejercicio funcional muy disperso y nos preocupa”, dijo. No obstante, elogió la nueva gestión y la intención de hacer un registro. “Hay una actitud diferente”, dice cuando compara a Wschebor con su antecesora, Graciela Jorge. “Con ella no teníamos contacto. No adjudico intenciones, pero hay un cambio de actitud frente a la tarea”, advirtió.

El exministro de Defensa, José Bayardi, sostiene que hay problemas institucionales a la hora de manejar los archivos de la dictadura. “Todo debería estar centralizado y el lugar natural para esto es el Archivo General de la Nación”, opinó.

Wschebor discrepa: para ella, es entendible que cada institución conserve su archivo. “Hay muchas cosas de la historia de las instituciones que no terminan o empiezan el 27 de junio de 1973”, dijo. A su juicio, lo importante es que existan protocolos comunes entre todos los que manejan archivos con información relativa al período. “En eso estamos”, aseguró. Han empezado a hacer reuniones periódicas.

En la secretaría que dirige trabajan 12 personas. Aunque sienten que son pocos, se han propuesto “dar antes de reclamar”. Un pizarrón de su oficina contiene una lista de tareas pendientes: “Hoy no tenemos la tecnología que precisamos”, dice en una parte. “Red: necesitamos mejorar”, alega en otra. Y también: “Mejorar el tema contactos de la secretaría”.

Wschebor también es crítica respecto a la institucionalidad, pero en otro sentido. Ella reclama que se implemente la ley del Sistema Nacional de Archivos y que se generen lugares para albergar documentación, algo que a su entender es una “urgencia de todo el país”. Más importante, aun, que la decisión de cómo procesarla.

Hace más de 20 días que la jueza Beatriz Larrieu incautó unas 60 cajas del domicilio del excoronel Elmar Castiglioni, material que posiblemente contenga información sobre la dictadura. Sin embargo, hasta ahora no se ha resuelto quiénes leerán y procesarán la documentación.

En una resolución con fecha 9 de octubre, Larrieu dispone que “dicho análisis sea llevado a cabo por técnicos en la materia que actuarán bajo la más estricta reserva en calidad de peritos”. Y resuelve que se designe para el cumplimiento de esa tarea al Archivo Judicial de expedientes Provenientes de la Justicia Militar (Ajprojumi), coordinado por Elba Rama. A su vez, solicita que “la Secretaría de Presidencia se sirva disponer la participación de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente mediante la designación de dos historiadores de dicha secretaría, coordinando con Ajprojumi y a disposición de la sede”.

Es decir, Larrieu no se despoja del archivo, e indica una coordinación entre el archivo judicial y la Secretaría de Presidencia. Según supo El País, el interlocutor de Presidencia en estos temas es el prosecretario, Juan Andrés Roballo. Y hasta el momento Roballo no se ha comunicado ni con la directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, Isabel Wschebor, ni con el encargado del equipo de historiadores de Udelar, Álvaro Rico.

Otra polémica se ha desatado en torno al “archivo Castiglioni”, y responde a los motivos por los que demoraron tanto en incautarlo.

-¿Se podría pensar que se esperó a la muerte de Castiglioni para ir a buscar las archivos?

-Sí, es una posibilidad que hayan esperado a que se muriera. Es una lectura posible de los hechos porque no está claro cuál ha sido el procedimiento para ir a buscar esa información, responde Pablo Chargoña, abogado de Familiares de Detenidos de Desaparecidos y otras organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos.

Chargoña sostiene que el Poder Ejecutivo tenía conocimiento de la existencia del archivo Castiglioni desde 2008, pero los sucesivos ministros de Defensa estuvieron omisos hasta su fallecimiento. Sin embargo, el exministro de Defensa, José Bayardi, niega haber tenido conocimiento del tema cuando asumió la titularidad del ministerio el 3 de marzo de 2008. “Nunca supe que antes de que yo asumiera se hubiera llevado adelante una operación de contra inteligencia y que se haya dado con esos archivos. Nunca nadie me lo comunicó”, dijo Bayardi a El País. Agregó que se ha tejido “una novela” en torno al tema y su participación. “Yo no tranqué nada”, insistió.

Chargoña dijo que a las organizaciones que representa han llegado versiones sobre otros archivos en domicilios particulares de militares, y Rico entiende que es una posibilidad real. Bayardi, si bien dice no tener información al respecto, considera que por las características de la dictadura resulta difícil que así sea. “Si ocurrió, no creo que haya formado parte de una orden institucional de robar u ocultar archivos. Fue una dictadura burocrática que dejaba todo por escrito”, explicó.

Sobre los archivos de Castiglioni, Bayardi entiende que su incautación es “muy importante” aunque debe ser analizada “con cuidado” porque se trata de una colección de un particular que operó en el área de inteligencia y “conoce muy bien todos estos operativos, por lo que podría haber información plantada”. “Quien lea esto debe tener experiencia y saber de inteligencia para distinguir lo real de lo falso. Esto parece ser la obra de alguien obsesionado con la inteligencia”, advirtió.

Rico contó que en estos 10 años de trabajo les ha tocado “periciar” documentos. “Ya hemos desarrollado cierta capacidad de establecer por lo menos dudas, o directamente decir ‘son apócrifos’ porque tienen sellos que imitan cierta unidad militar o firma. La dictadura mentía, escondía o disimulaba fuentes de información”, aseguró.

Chargoña espera que los archivos Castiglioni tengan un tratamiento adecuado. “Hay muchos problemas con la dispersión de información y el acceso a ella porque si quisiéramos pedir algo, no sabemos cómo hacerlo. Las organizaciones de derechos humanos hoy no saben qué tipo de información tiene la Secretaria de Derechos Humanos para el Pasado Reciente. Estamos a ciegas”, dijo.

haciendo historiaPAULA BARQUET / GONZALO TERRA