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El Palacio Salvo, emblema de la capital, ha sabido de mejores momentos. De acuerdo a un informe de El País, está acosado por multas (a raíz del deterioro de su fachada) y hasta podría perder la exoneración a la contribución inmobiliaria que le corresponde como patrimonio histórico, categoría a la que llegó en 1996. Además, ser patrimonio le impide obtener ingresos mediante publicidad. Jorge Gil, de la administración del Salvo, dijo a Qué Pasa que están en tratativas con la gerencia financiera de la intendencia de Montevideo para negociar la deuda y obtener la exoneración correspondiente.

Pero otros tienen problemas similares. El reconocimiento de un inmueble como monumento histórico seguramente es motivo de orgullo: es un valor agregado vivir en un lugar reconocido por sus características arquitectónicas o históricas. Pero nada es gratis. La declaración de un edificio como "patrimonio cultural de la nación" implica una protección estatal del inmueble que exige ciertos cuidados que a veces pueden resultar incómodos u onerosos para los residentes.

Además del orgullo de ser parte de la cultura nacional, los propietarios de un inmueble declarado patrimonio obtienen beneficios fiscales: están exonerados de pagar el Impuesto a Primaria y no debe incluirse al mismo en la declaración jurada para determinar el Impuesto al Patrimonio. Además pueden obtener exoneraciones totales o parciales de la contribución inmobiliaria en caso de realizar tareas de conservación o mantenimiento. En algunos casos especiales, la Comisión del Patrimonio puede llegar a brindar apoyo económico, como en el caso del teatro Stella D´Italia, en el que se aportaron fondos para la realización de obras, según la propia Comisión.

Como contrapartida, los inmuebles están sometidos a un régimen especial para proteger su valor como monumento. Y ahí empiezan los problemas. Por ejemplo, se prevén multas por no realizar las tareas de mantenimiento necesarias. La reglamentación incluso prevé la expropiación en caso de "necesidad o conveniencia", pero según la propia comisión, nunca se llegó a este extremo.

La principal limitación es la prohibición de realizar cualquier modificación arquitectónica que altere el diseño original del edificio. También dificulta la posibilidad de colocar carteles publicitarios, impidiendo obtener ingresos por este medio, como le sucede al Salvo.

El edificio Bartolomé Mitre (foto) en la Ciudad Vieja capitalina, por ejemplo, tiene un ascensor muy antiguo que la Comisión del Patrimonio no permite remplazar por uno moderno ya que modificaría la estructura original, dice Valeria quien vive allí. Si bien estéticamente es agradable, el mantenimiento de ese ascensor es mas más caro que uno moderno.

Para cualquier reforma se requiere la aprobación previa de la Comisión del Patrimonio. Este requisito puede resultar un inconveniente, ya que el trámite suele ser lento y burocrático. Ademas la fidelidad al diseño original puede requerir materiales especiales y más caros y lógicamente el número de empresas con capacidad de cumplir con estos requisitos es menor. Todo ello puede llevar a elevar los costos y plazos en comparación con una reforma corriente.

Para muchos, sin embargo, esos inconvenientes son menores comparados con convivir bajo el mismo techo con la historia.