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Grupo de Diarios de América

Para ser una de las regiones donde más se concentra la producción y el tránsito de algunas de las drogas ilegales más comunes en el mundo, América Latina se había mantenido a salvo de la otra pata del negocio: el consumo. Ya no más.

De acuerdo a cifras obtenidas para este informe por los 11 socios del Grupo de Diarios de América, desde comienzos de la década ha habido un sostenido aumento en los índices de consumo de sustancias como marihuana, cocaína y derivados más baratos como la pasta base o el crack.

Y aunque esa tendencia regional ha estado acompañada por una mayor tolerancia social hacia el uso de algunas de esas drogas, los países no han iniciado un debate sobre la despenalización de su consumo. Esa es una demanda que atraviesa el continente, sí, pero a cargo de grupos aislados que suelen juntar centenares de adeptos en manifestaciones a favor de la legalización -principalmente de la marihuana- pero no alcanzan para volver el asunto un tema de discusión política o social.

Los gobiernos del continente miran de lejos el problema, quizás por la necesidad de atender otras urgencias. Sus discursos tienen un abanico que va desde cierta disposición a debatirlo (por lo menos en la retórica del gobierno argentino) hasta la negativa a considerarlo (la administración de Alan García en Perú, por ejemplo).

En la mayoría de los países, sin embargo, no está penado el consumo y en algunas de las grandes ciudades del continente (en Montevideo, por ejemplo) se ha vuelto común ver jóvenes fumando marihuana con un desparpajo impensable hace una década. En muchas ciudades circulan como zombies, los consumidores de drogas más destructivas y baratas.

Productor y consumidor. El director de la Policía colombiana, el general Oscar Naranjo, asegura que hace 20 años se venía advirtiendo que un país que es productor termina siendo epicentro de la mafia y termina convirtiéndose en un país consumidor. Ese es el panorama de muchos países exportadores.

En México, cuyos carteles dominan el negocio continental de estupefacientes, en 2008 hubo un millón más de usuarios de drogas que en 2002; los consumidores crónicos aumentaron más de un 51% en el mismo período. En Colombia, cerca de 300 mil personas necesitan tratamiento para su adicción pero solo hay cupo para atender a 30 mil. En Uruguay, considerado un país de paso para la droga que va a Europa, 200 mil personas (alrededor de un 7% de la población) reconocen haber probado marihuana, según un estudio oficial de 2007. La encuesta 2010 de la Secretaría de Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) de Argentina, reveló que 8,4% de los adolescentes informaron haber consumido marihuana en el último año; en 2001 esa cifra era 3,5%. La Cátedra Libre Antidrogas de Venezuela determinó que hace 10 años, el 40% de los bachilleres de la Gran Caracas tenían contacto con las drogas; en 2009, la cifra subió a 70%. En Puerto Rico habría, de acuerdo a datos oficiales, 70 mil heroinómanos.

Ese crecimiento ha estado acompañado de otro fenómeno: una mayor aceptación social al uso de algunas sustancias. Eso no implica que haya bajado el rechazo sino habla de un acostumbramiento.

"El problema es la alta tolerancia social al consumo de ciertas drogas, como el alcohol y la marihuana", explica el encargado de la argentina Sedronar, José Granero, un funcionario con rango de secretario de Estado.

El argumento de Granero se apoya en un sondeo realizado entre jóvenes por el Observatorio Argentino de Drogas, que depende de su organismo. En ese estudio se determinó que el 44% de los estudiantes consideraba peligroso el consumo de marihuana en 2001, y que ocho años después ese porcentaje se redujo a 11,6%. Esa percepción reproduce, a criterio de especialistas, una fuerte promoción social del derecho individual a consumir drogas.

Una mayor tolerancia de la sociedad podría ser, también, la razón de que la experimentación con cocaína se haya cuadruplicado en los últimos 20 años en Costa Rica, según datos del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodepencia (IAFA). "Hay más oferta, más droga en la calle. También es probable que haya una percepción de menos riesgo ante esa droga", explicó Julio Bejarano, coordinador de investigaciones del instituto costarricense. La misma percepción tienen las jerarquías dedicada al tema en México .

fuma tranquilo. En general, en América Latina, las normas no penan la tenencia, aunque los criterios son bastante laxos y, casi siempre dependen del juez que se encargue del caso. Pero en el último año, varios países han empezado a descriminalizar la figura del consumidor.

En agosto del año pasado, la Corte Suprema de Justicia argentina dictaminó que es inconstitucional detener a una persona por tenencia de drogas para uso personal.

Casi simultáneamente, México también cambió su normativa para que, jurídicamente, la posesión para consumo de una cierta cantidad de droga esté despenalizada.

Algo similar pasa en Venezuela desde setiembre de este año, cuando se aprobó la tercera reforma a la legislación antidrogas. Según la ley, se permite la posesión de hasta dos gramos de cocaína; 20 gramos de marihuana tradicional o cinco gramos para uso medicinal, y un gramo de opiáceos. En todo caso, la persona que tenga estas dosis deberá ser presentada ante un juez, quien determinará qué tipo de tratamiento recibirá, basado en estudios toxicológicos. La Policía no podrá encerrar a los consumidores.

La más reciente decisión en Colombia, aprobada el año pasado en el Congreso mediante una reforma constitucional, estableció que el consumo está prohibido pero no penalizado.

Los críticos de la ley colombiana advirtieron que, al ser prohibida pero no penalizada la dosis mínima, no es claro qué le sucederá a quien la porte. La reforma se empezó a aplicar en diciembre del año pasado pero no se ha reglamentado, y todavía ni la Policía ni los jueces tienen claro qué van hacer con las personas que sean encontradas con la dosis mínima. Aún no han procesado a nadie.

En Perú está penalizado el tráfico y la tenencia de cierta cantidad de drogas con pena privativa de libertad no menor a ocho ni mayor a 15 años.

La falta de un criterio sobre lo que es considerado mera tenencia para uso personal y lo que es tráfico genera situaciones como la brasileña, donde, por la legislación vigente, no debería haber presos por ser usuarios y, sin embargo, muchos consumidores esperan meses en comisarías y centros de detención provisorios para que el juez establezca de qué lado del negocio hay que ubicarlos. De acuerdo al secretario nacional de Seguridad Pública, Ricardo Balestreri, más del 90% de los detenidos por delitos vinculados a la droga es por tráfico pequeño. Fueron detenidos con una mínima cantidad de droga, son reos primarios, no estaban armados y representan poco riesgo social.

El debate postergado. Situaciones como esta han hecho que gobiernos y partidos políticos, pero principalmente organizaciones sociales, consideren que es el momento indicado para que los estados inicien la discusión que podría llevar a la despenalización del consumo de al menos algunas de esas drogas.

Pero ningún país de la región está discutiendo oficialmente el tema. Todo indica que la despenalización -incluso de la marihuana, cuyos efectos sociales y personales son los más aceptados- va a demorar.

No es que falten promotores poderosos: al menos tres de los intelectuales más importantes del continente consideran que despenalizar sería la manera más efectiva de terminar con el consumo dañino y la gangsterización del negocio.

El Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, está a favor de la despenalización e indica que los carteles de droga ya tienen ganada la guerra debido a la prohibición existente. En una de sus columnas para el diario El País de España, Vargas Llosa planteó "descriminalizar el consumo de drogas mediante un acuerdo de países consumidores y países productores".

En México, la prestigiosa revista Nexos, en su editorial de octubre fijó su posición a favor de la despenalización y figuras como el ex canciller, Jorge Castañeda, se han pronunciado por legalizar la marihuana, como opción ante una guerra fallida contra el narcotráfico que actualmente enfrenta el gobierno federal mexicano. El ex presidente brasileño, Fernando Henrique Cardoso, razona en el mismo sentido.

Pero una cosa son las elucubraciones de pensadores y otra la realidad: en muchos países ni los políticos, ni la opinión pública consiguen ver la prioridad del tema en agendas saturadas de conflictos sociales de una urgencia más palpable.

En el propio Brasil, cuyo estereotipo de jolgorio y desenfado tiene fama mundial, una encuesta de 2008 realizada por Data Folha reveló que apenas uno de cada cinco brasileños apoya la descriminalización de las drogas y que 76% prefiere que fumar marihuana esté prohibido por ley.

Más o menos las mismas cifras se dan en Perú, el país que Vargas Llosa intentó, infructuosamente, gobernar. Un estudio reciente del Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas (Cedro), indica que nueve de cada 10 peruanos están en contra de la legalización.

La sociedad chilena también presenta bajos niveles de aprobación para la legalización de la marihuana, que van desde el 25% de la población general al 32% de la población escolar.

Quizás sea por eso que Perú y Chile sean los países donde menos se avizore un debate nacional sobre el tema.

La política oficial peruana es de absoluta oposición a la posibilidad de la legalización. En octubre, el propio presidente Alan García expresó, al inaugurar un foro regional sobre el tema, que "legalizar la marihuana sería abrir paso a la degradación humana" y que en lo que resta de su mandato habrá una lucha "en todos los frentes" contra ese flagelo. En Perú, según recuentos oficiales, hay unos 100 mil consumidores de cannabis.

Uno de los argumentos del gobierno es que "legalizar el consumo no soluciona el problema porque el Estado no tiene la capacidad de atender las consecuencias nocivas que su uso produce en las personas", sintetizó Milton Rojas, experto de Cedro.

El gobierno de Sebastián Piñera tampoco está dispuesto a ceder terreno a una demanda que, por ahora, se concentra en revistas especializadas o artículos académicos. El Ejecutivo ha sido enfático en señalar que en este gobierno "no hay drogas que se vayan a legalizar" y que no son "partidarios de la legalización de ninguna droga", tal como lo dijo el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, en octubre.

El presidente mexicano, Felipe Calderón, aceptó el debate sobre la legalización de las drogas en su país pero señaló que la posibilidad de un aumento del consumo, sobre todo entre jóvenes y adolescentes, es un argumento en contra de la medida que, además, podría generar una idea de que es socialmente aceptable consumir estas sustancias. Calderón tiene dudas: "Hay quien argumenta que precisamente implicaría la legalización un aumento enorme del consumo en varias generaciones de mexicanos".

Uno de los integrantes de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de Naciones Unidas también rechazó la legalización pero con otro de los argumentos más manejados por los opositores a la idea: una política de esta naturaleza solo fomenta que las organizaciones se sigan disputando mercados y territorios, y ningún país donde se aplicó ha frenado el consumo ni las operaciones de las organizaciones criminales. Se suelen citar los casos de Holanda e Inglaterra.

El tema de la legalización, en realidad, no está discutiendo oficialmente en ningún país. El gobierno argentino anunció que avanzaría en esa dirección, pero un año después no presentó un proyecto sobre el tema en el Congreso. Sí lo hicieron diputados de la oposición. Para los especialistas, se trata de un error conceptual. "Empezamos al revés, en lugar de trazar una estrategia y observar la ley para ver si sirve o no a los objetivos, acá tenemos un fallo judicial y hay que adaptar los objetivos a esa decisión. Primero hay que categorizar las drogas, sacarlas del foco ideológico del derecho individual, y solo después avanzar con algún cambio de ley", manifestó Claudio Mate, ex ministro de salud de Buenos Aires.

Así, el debate se limita a la promoción de la legalización por parte de activistas que tienen poca relevancia en los ámbitos de decisión. En Uruguay, por ejemplo, algunos grupos se proponen alcanzar la liberalización completa del consumo y la tenencia de marihuana. Esta idea recoge apoyo entre algunos académicos, juristas y, con matices, algunos políticos, incluyendo un par de ex presidentes.

Y aunque en algunas ciudades del continente las marchas para legalizar la marihuana son habituales, la clase política y la sociedad aún perciben el tema como un exotismo juvenil en algo mucho mayor que incluye protagonistas tan feos como delincuentes con poderes paragubernamentales. Esos argumentos son los que pesan más, hoy, en las sociedades latinoamericanas. (Edición Fernán R. Cisnero)

Este informe fue realizado a partir de artículos especiales de Daniel Gallo (La Nación, Argentina); Tatiana Farah (O Globo, Brasil); Said Butrago (El Tiempo, Colombia); Carlos Arguedas C. (La Nación, Costa Rica); Geovanny Tipanluisa (El Comercio, Ecuador); Silvia Otero (El Universal, México); Carolina Ciurlizza (El Comercio, Perú); Javier Ignacio Mayorca (El Nacional, Venezuela), Fabián Muro (El País, Uruguay) y redacciones de El Mercurio de Chile y El Nuevo Día de Puerto Rico.

mil presos hay en las cárceles de Brasil, por delitos vinculados al tráfico de drogas.

millones de venezolanos dicen que consumen o han consumido drogas ilícitas.

mil colombianos necesitan tratamiento por drogas; hay 30 mil plazas.

de los detenidos en Chile había consumido una droga ilegal al ser apresados.