EDUARDO BARRENECHE

Desde hace 36 meses casi la mitad de los ediles de Canelones firman declaraciones juradas para cobrar gastos de combustible sin tener auto, de acuerdo con lo que se denunció en la Junta Departamental.

Pese a que son honorarios, los ediles de Canelones titulares reciben $ 16.000 en efectivo mensuales por gastos de combustible. El primer suplente percibe $ 8.000 y los dos suplentes posteriores $ 4.000 cada uno. Es que la Junta de Canelones es un caso inédito en todo el país: paga reintegros por gastos de combustible a los 31 ediles titulares y los suplentes hasta en la tercer línea. Gozan de los reintergos de gastos los 124 ediles canarios, sin importar si son titulares o suplentes.

Para cobrar esas erogaciones, los ediles no presentan boletas de las estaciones de servicio donde cargaron el combustible en sus coches como reclama el Tribunal de Cuentas, organismo de contralor del Estado. Simplemente firman una declaración jurada donde consta los kilómetros recorridos y la cantidad de combustible que gastó "su auto". Poco después, pasan por un cajero automático y con una tarjeta magnética retiran el dinero, de acuerdo con lo que se expuso en la Junta Departamental.

"Esto es corrupción. Porque firmar una declaración jurada falsa es un delito. Además los ediles son funcionarios públicos", denunció en varias ocasiones en la Junta Departamental el edil blanco, Fernando Repetto.

El viernes 11, la edila Cristina Castro asumió como presidenta de la Junta Departamental de Canelones. En declaraciones a El País, Castro reconoció que no tiene auto y advirtió que esa situación se repite en todas las bancadas de la Junta canaria. "La mayoría de los ediles frenteamplistas no tienen auto, inclusive yo. Pero lo mismo pasa en las bancadas blanca y colorada", expresó.

El director de Tránsito de Canelones, Marcelo Fernández, dijo a El País que un decreto de 1985 exonera de la patente de rodados a todos los ediles (titulares y suplentes) con sólo presentar una documentación que pruebe la vinculación del le-gislador comunal con el auto. "Hay un número relativamente importante de ediles que no se presentaron a esa opción. Estos pertenecen al Encuentro Progresista y al Partido Nacional", explicó el jerarca municipal.

La edila Castro recordó que el Tribunal de Cuentas siempre observa por estas cuestiones a la Junta de Canelones y luego las críticas son enviados al Parlamento "donde mueren".

En el Palacio de las Leyes hay 90.622 observaciones del Tribunal esperando ser tratadas, según la Memoria Anual de 2006.

Con respecto a las declaraciones de Repetto, Castro dijo que éste también comete una eventual irregularidad porque usa su auto particular para desplazarse, pero también tiene un carné para viajar gratis en ómnibus. "Tiene que devolver ese carné a la Junta. Además, si Repetto considera que el sistema de reintegro es ilegal, entonces debe renunciar a cobrarlo", dijo.

Agravante. Por su parte, Repetto denunció que la situación "tiene un agravante" porque muchos ediles del Frente Amplio utilizan pases libres otorgados por la Junta para ómnibus. Sin embargo, agregó, al llegar la fecha de "cobro" presentan sus declaraciones juradas estableciendo valores presuntamente ficticios.

"Una gran mayoría de los ediles no consumen combustible porque no tienen autos. Sin embargo, presentan las declaraciones de gastos. Eso es un delito y no una falta ética" de los ediles, indicó Repetto a El País.

Para ser delito, los casos deberían tener los alcances que establece el Código Penal en dos artículos -236 y 238- que se refieren a la falsificación material de documento público (declaración jurada emitida por un funcionario estatal).

El edil exigió una modificación del sistema de liquidación de gastos de los ediles para darle "cristalinidad" al sistema. "Pedimos que se entreguen boletas formales de estaciones de servicio con fecha y hora y el monto del consumo", señaló.

Repetto indicó que luego que realizó estas denuncias en la Junta Departamental se le acercaron ediles oficialistas para indicarle que no realizara más manifestaciones acerca de la eventual irregularidad de los reintegros de gastos.

"Pero hay que tener en cuenta que los contribuyentes pagan los impuestos para que los ediles hagan recorridas por el departamento. Ese dinero no puede ser utilizado de otra manera", señaló.

Mientras que en el 2006 fueron procesados en Rivera 28 ediles, ex ediles y particulares por adulteración de boletas de combustible y presentación de declaraciones juradas falsas de gastos, una comisión de ediles de Paysandú halló este año eventuales ilícitos en la junta sanducera.

El juez penal de Rivera, Federico Álvarez Petraglia englobó las acciones delictivas de los ediles y particulares bajo la figura de fraude.

Según fuentes del caso, el magistrado llegó a esa conclusión tras investigar las adulteraciones de las boletas de combustible y las declaraciones juradas falsas.

El 14 de mayo de este año, el diario sanducero El Telégrafo consignó que una comisión especial de ediles del Frente Amplio analizara eventuales irregularidades en los gastos de representación de ediles izquierdistas.

El informe sostiene que "cuatro compañeros que presentaron durante el 2007 facturas que entendemos no obedecen a gastos reales, siendo ésta la situación realmente grave y que configuraría una acción delictiva". Sin embargo, el caso no fue denunciado a la Justicia.

El 8 de mayo de este año, el Tribunal de Cuentas observó el proyecto de modificación presupuestal de la Junta Departamental de Canelones para el período 2008-2010 por no prever "una rendición de cuentas documentada" por parte de los ediles. El sistema de la Junta "no se ajusta" a lo dispuesto por el artículo 295 de la Constitución de la República, que establece que los ediles deben ser honorarios. También critica que el reintegro de gastos se efectúe tanto a titulares como suplentes.