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EDUARDO BARRENECHE

El comisionado parlamentario Álvaro Garcé informó ayer al parlamento que "se mantiene" la emergencia humanitaria en las cárceles declarada en el 2005. También dijo que guardias y no las visitas ingresan drogas y armas a los penales.

Tras señalar que en el país hay 7.880 reclusos, Garcé advirtió que esos son 1.000 más que hace un año y que la tendencia es creciente. También alertó que 14 establecimientos, entre los que se encuentran los más grandes, "presentan índices de hacinamientos críticos".

El informe 2008 del comisionado parlamentario para el seguimiento de las cárceles también apunta hacia los guardia cárceles. "La tenacidad de los controles a la visita hace suponer que la mayor parte del ingreso ilícito de drogas al sistema se vincula con la falta de lealtad de algunos funcionarios", expresa.

El documento, al que tuvo acceso El País, indica que existe "un elevado nivel" de consumo de drogas entre la población reclusa, especialmente en las cárceles de Libertad, Comcar y Canelones, donde predomina el encierro y el ocio .

Según Garcé, no existe información que permita cuantificar la magnitud del problema del consumo de estupefacientes dentro de las cárceles.

El miércoles 18, un comisario que trabajaba en el Comcar fue procesado con prisión por ingresar cinco armas de fuego, dos kilos y medio de marihuana y cinco tizas de pasta base de cocaína.

Durante una hora, Garcé relató a los integrantes de la comisión legislativa un panorama dantesco de la mayoría de las cárceles uruguayas. Baños en pésimas condiciones, presos durmiendo por turnos o debajo de las camas por el elevado hacinamiento, malos tratos y sanciones a internos que "violan los derechos humanos" de los mismos al establecer encierros de hasta 23 horas, fueron los principales informaciones brindadas por el comisionado a los parlamentarios.

Sumando al panorama desalentador, Garcé reiteró lo que todo el mundo sabe sobre las cárceles: no redimen a los reclusos -la tasa de reincidencia en la mayoría de los penales es de 60%-. También señaló que el ocio y las pésimas condiciones de reclusión transforman a los establecimientos penitenciarios en verdaderas "escuelas del delito" donde los presos "socializan" con otros y "pulen" sus técnicas delictivas.

La situación de las cárceles generó una polémica hace 15 días entre la ministra del Interior, Daisy Tourné, y el senador oficialista Eleuterio Fernández Huidobro, tras señalar el legislador que los penales del país se encuentran peor que en tiempos de la dictadura.

Tourné replicó recordando las medidas instrumentadas por el Ministerio del Interior para mejorar el sistema, como la ley de humanización de cárceles que permitió que casi 1.000 presos fueran liberados y la creación de nuevas plazas en varias cárceles.

QUEJAS. El informe del comisionado señala que, en el correr del año pasado, las denuncias de malos tratos fueron corrientes por parte de los internos, las cuales adquieren una connotación de "preocupación y alarma". También fueron muchos los pedidos que recibió para que interviniera para mejorar la conducta de los guardias hacia las visitas. Los ejemplos en tal sentido son variados: la suspensión de las llamadas telefónicas, de accesos a patios, recepción de encomiendas de familiares, de circular por las "planchada" (espacios interiores de cada módulo) y de actividades.

Además de señalar que guardias corruptos son quienes ingresan armas y drogas a los penales, Garcé dejó entrever que estos son responsables del hurto de alimentos en algunas cárceles y recomendó al Ministerio del Interior que realice una auditoría en todos los penales. Agregó que, en general se mantuvo el "déficit" de alimentación y condiciones de higiene en el sistema penitenciario.

Según el documento, el Poder Ejecutivo deberá proveer en 2009 entre mil y dos mil peculios (retribución económica que perciben las personas privadas de libertad por las tareas que realizan), con un costo entre $ 2.075.000 (US$ 86.000) y $ 4.150.000 (US$ 172.000).

Garcé dijo a los legisladores que, en el correr de este año, el Ministerio del Interior efectuará un censo de la población reclusa del país. También relató que, desde que comenzó a cumplir el rol de comisionado parlamentario, sufrió tensiones y obstáculos a su labor generada por guardia cárceles. "En el pasado -dijo- conocimos y registramos alguna acción ilegal tendiente a frenar el desarrollo de esta Institución".

En su informe elevado en la víspera al Parlamento, el comisionado parlamentario Álvaro Garcé indicó que en este momento ocurre algo "inédito" en la historia penitenciaria del país: el delito líder es la rapiña (31%), seguido del hurto (18,1%), luego el homicidio (16,4%) y más lejos la violación con el 7,6%. El porcentaje restante se reparte entre otros actos delictivos.

El documento de Garcé señaló que la población carcelaria se destaca también por su baja edad y mala escolaridad. El 58,83% de los encarcelados censados por el comisionado parlamentario no culminó sus estudios, sean estos del nivel que sean.

Los datos sobre el trabajo de los reclusos muestran "la fuerte presencia" del empleo precario o del trabajo industrial-secundario. El 61,35% de la población censada pertenecía a ocupaciones como: obreros, cuenta propia, doméstico, changador, desocupado y subocupado, según expresa el documento de Garcé.

MEDIDAS. A pesar del aumento en los envíos a la Justicia de delincuentes por parte de la Policía, a nivel nacional la característica fundamental de la relación -detenidos y remitidos- indica que las fuerzas policiales "detienen mucho más" personas de las que traslada a los estrados penales, según el informe.

En su documento, Garcé también advirtió que no necesariamente el incremento de los encarcelados obedece a una relación mecánica con la suba de los delitos; en muchos casos, como el caso uruguayo, el incremento de las tasas de presos obedece a los efectos de una política criminal.

El comisionado se refiere a la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada en 1995 y a otras normas que generan una elevada acción punitiva del Estado y llena las cárceles. Es decir, los jueces deben ordenar la prisión del delincuente por delitos que podrían ser excarcelables. Por ello, en sus recomendaciones presentadas en el informe, Garcé pide la aplicación de medidas sustitutivas a la prisión preventiva en los casos de delitos de menor cuantía.

Con respecto a la agremiación de los reclusos, el comisionado parlamentario señaló que en varias cárceles se violan esos derechos pese a las órdenes emitidas por el Ministerio del Interior.

Garcé recomendó a dicha cartera que permita el uso de celulares en los centros de mínima seguridad o abiertos por considerar que estos no violan la seguridad de esos recintos.