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P. MELÉNDREZ / E. BARRENECHE

Una jueza penal formalizó ayer el pedido de desafuero de Rodolfo Nin Novoa, el primero que se presenta contra un ex vicepresidente. En tanto, la situación de su abogado defensor, Gonzalo Fernández, desató una nueva crisis en la interna del FA.

Tanto Nin Novoa como Fernández están siendo investigados penalmente por hechos acontecidos en el gobierno de Tabaré Vázquez, donde el primero fue vicepresidente de la República y el segundo secretario de la Presidencia y luego canciller y ministro de Defensa.

Nin Novoa está siendo investigado por varias omisiones en sus declaraciones juradas, mientras que Fernández por su actuación en el proceso de derogación del artículo 76 de la ley 2.230, que permitió la clausura del expediente de los hermanos Peirano Basso.

Sin embargo, a nivel político, el Frente Amplio (FA) ha adoptado posiciones diferentes en uno y otro caso: mientras que con Nin Novoa ha anunciado que no votará su desafuero en el Senado, en relación a Fernández los principales sectores de la coalición de izquierdas (MPP, PCU y las Bases) decidieron enviar el caso al Tribunal de Conducta Política.

Ayer, la jueza penal Fanny Canessa remitió a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) el pedido de desafuero de Nin Novoa, cuyo procesamiento fue pedido el pasado 12 de noviembre por el fiscal Luis Bajac.

La jueza pidió, por primera vez en la historia, el desafuero de un ex vicepresidente de la República. En su resolución, Canessa rechazó un recurso presentado por la defensa de Nin Novoa que argumentó que no existen elementos para tramitar al desafuero del ex vicepresidente y actual senador.

Nin Novoa es defendido por Gonzalo Fernández, quien asumió el patrocinio legal del ex vicepresidente en lugar de la abogada Hebe Martínez Burlé.

En los próximos días, la SCJ enviará copia del expediente al Senado para que se pronuncie sobre el desafuero. Si el Senado mantiene los fueros parlamentarios al ex vicepresidente, la jueza Canessa no podrá citarlo, y por tanto la causa quedará pendiente de resolución a la espera de que Nin Novoa no renueve su banca.

Bajac acusa a Nin Novoa de haber cometido el delito de "falsificación ideológica por un particular por no haber dado cuenta, en su declaración jurada de 2007, de su participación en una sociedad rural que gestiona junto a dos de su hermanos. A su vez, también se detectaron irregularidades en cuanto a la declaración de embargos y deudas.

"DESCABELLADO". El lunes 29 la Mesa Política del Frente Amplio resolvió pasar los antecedentes del caso Gonzalo Fernández a un Tribunal de Conducta Política. La moción, presentada por las Bases, fue aprobada por el MPP, Partido Comunista, Vertiente Artiguista y Corriente de Izquierda. Se retiraron de la sesión los delegados de Asamblea Uruguay, Lista 738 -que lidera Nin Novoa-, Frente de Izquierda de Liberación (Fidel) y el Partido Socialista, sector que integra Gonzalo Fernández. En contra del planteo de las Bases votaron el Nuevo Espacio y el presidente del FA, Jorge Brovetto.

Ayer, la senadora socialista Mónica Xavier dijo a El País que "es doloroso" que en el Frente "no existan" reglas preestablecidas. "Es fraternidad y son reglas de juego que siempre se respetaron. Y además el contenido. No es justo que cuando se llega a la conclusión de que lo que ha cometido Gonzalo Fernández pueden ser errores, sea llevado a un Tribunal de Conducta Política del FA", dijo.

Nin Novoa también salió en defensa de su abogado. Consideró que la decisión de la Mesa Política "fue un mamarracho. Estoy sorprendido. Si el argumento fue que hay que pasarlo al Tribunal de Conducta Política porque tuvo contactos con dos senadores de la oposición, tendré que cambiarme de banca. Me siento al lado de (Jorge) Larrañaga y vivo hablando con él; más que paupérrimo, ese argumento es descabellado y demencial".

A la hora 14 de ayer, mientras en la Asamblea General se efectuaba una sesión por los 30 años del plebiscito de 1980 (ver página A8), Nin Novoa recibió en su celular una llamada de Gonzalo Fernández. "Es una vergüenza lo de ayer en la Mesa", fue el primer comentario de Nin Novoa mientras caminaba por el hemiciclo.

A juicio de la senadora del MPP, Lucía Topolansky, "el asunto del artículo 76 de la Ley 2.230 quedó terminado con la comisión investigadora del Parlamento que trabajó con mucha seriedad. Y el punto final se dará cuando se expida la Suprema Corte de Justicia".

El senador del Frente Líber Seregni, Ramón Fonticella, admitió: "Me vi un poco sorprendido por la decisión de la Mesa Política del FA. El Tribunal de Ética va a saldar de manera más correcta este tema y Gonzalo Fernández no tendrá ningún inconveniente en probar su inocencia en situaciones que lo pueden complicar".

El senador del Espacio 609, Jorge Saravia, expresó a El País que "hay que respetar la decisión de la Mesa Política" y advirtió que ni este cuerpo ni la comisión investigadora son organismos que pueden enjuiciar a un dirigente del FA.

El diputado de la CAP-L, Carlos Gamou, señaló que, a título personal, tiene "confianza absoluta en Gonzalo Fernández. La CAP-L no integra la Mesa, pero si la integrara jamás levantaría la mano para enviar a Fernández a un Tribunal de Conducta Política".

Desde el Partido Comunista, el diputado Carlos Tutzó explicó a El País: "Nuestra posición fue enviar el caso a un Tribunal de Conducta Política. Es un órgano natural estatutario del FA y da garantías a todos".

"En el FA no hay reglas"

MÓNICA XAVIER

"El tema es la forma usada por la mayoría en la Mesa Política. Hubo un giro de algunos sectores políticos que nos sorprendió. Nos duele que en el Frente Amplio no existan reglas preestablecidas".

"Confianza absoluta"

Carlos Gamou

"Tenemos confianza absoluta en Gonzalo Fernández. La CAP-L no integra la Mesa, pero si la integrara jamás levantaría la mano para enviar a Fernández a un Tribunal de Conducta Política".

"No hay que dramatizar"

Óscar groBA

"No hay que dramatizar la situación. Se sabía que la Mesa Política no era un instrumento apto para hacer un juicio. No podíamos postergar más el tema porque los frenteamplistas reclamaban una resolución".

Además del frente judicial, el senador de la Lista 738, Rodolfo Nin Novoa, enfrenta un frente político generado por su negativa a votar el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, que ya cuenta con la aprobación de Diputados.

La Mesa Política del FA había mandatado a sus legisladores a que votaran dicha iniciativa. Esta fue elaborada por una comisión conformada por delegados del gobierno y varios integrantes de la Mesa frenteamplista. Apenas fue votado el proyecto de ley por la Cámara de Representantes, los senadores Jorge Saravia (Espacio 609), Eleuterio Fernández Huidobro (CAP-L) y Nin Novoa señalaron que no lo apoyarían. Ello quita posibilidad de que el proyecto sea aprobado en el Senado.

El argumento central de los legisladores disidentes es que la ciudadanía se pronunció en dos oportunidades a favor de la ley de Caducidad y que ésta no puede ser anulada por un mecanismo de representación indirecta como lo es el Parlamento. El gobierno pretende que el Parlamento apruebe un projecto que anule los efectos de la Ley de Caducidad a fin de evitar una condena de la Corte Interamericana Derechos Humanos de la OEA por una demanda iniciada por la familia Gelman por la desaparición de María Claudia García.