1/1:  20110701 800x391 ()

E. DELGADO / P. MELÉNDREZ

El Poder Ejecutivo no prevé impulsar un proyecto que modifique la prescripción de los delitos de la dictadura, porque ello debería surgir del Parlamento. Ayer, Mujica excluyó de la Caducidad más de 80 casos antes amparados en la norma.

El presidente José Mujica firmó la resolución mediante la cual revocó "por razones de ilegitimidad" todos los actos administrativos dictados por gobiernos anteriores que incluyeron casos de presuntas violaciones a los derechos humanos en la ley de Caducidad, lo que impidió el avance de las investigaciones judiciales.

La resolución explica que la decisión se tomó en virtud del contenido de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó a Uruguay por la desaparición de María Claudia García de Gelman, ocurrida en 1976.

El texto señala que si bien la ley de Caducidad fue "aprobada en un régimen democrático" y ratificada en dos consultas populares, "ello no ha legitimado el proceder de la República Oriental del Uruguay ante el Derecho Internacional de los Derechos Humanos".

A eso se agrega que según la jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el gobierno está obligado a "revocar aquellos actos administrativos contrarios a Derecho".

Esta medida adoptada por Mujica abarcará a más de 80 expedientes, que actualmente se encuentran archivados a nivel judicial y que en función de la decisión de cada juez, podrían reactivarse.

PRESCRIPCIÓN. Tras la revocación de las resoluciones del Poder Ejecutivo basadas en la ley de Caducidad, cobra vital importancia lo relativo a la prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura que, según la tesis jurídica mayoritaria, no podrían juzgarse después del 1° de noviembre, al computarse el plazo máximo de 26 años y ocho meses desde el 1° de marzo de 1985.

Ante ello, la única salida legal posible es que se apruebe una ley que modifique el Código Penal en cuanto a la prescripción de esos ilícitos.

Sin embargo, el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, informó a El País que el Poder Ejecutivo no tiene previsto elaborar una propuesta para ampliar los plazos de prescripción de los delitos de la dictadura.

Por eso, la posibilidad de que un proyecto en ese sentido se concrete, dependerá de los legisladores del Frente Amplio.

En el mismo sentido que Breccia, el canciller Luis Almagro dijo ayer que con la decisión de revocar los actos administrativos basados en la ley de Caducidad, el gobierno "hizo lo que podía hacer" para cumplir con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Agregó que las alternativas para ampliar o dejar sin efecto los plazos de prescripción "corresponden al ámbito legislativo, fundamentalmente".

Sin embargo, a nivel de la bancada legislativa del Frente Amplio, hay una visión diferente, porque se entiende que un proyecto que modifique la prescripción de los delitos de la dictadura debe ser propuesto por el Poder Ejecutivo.

"Francamente no veo que el Poder Legislativo pueda tener aliento, energía y capacidad para transitar por una iniciativa del propio Poder Legislativo otra vez", dijo la senadora Constanza Moreira (Espacio 609).

Para la senadora, "solo será posible" que un proyecto que modifique la prescripción de los delitos de la dictadura prospere a nivel parlamentario "si viene del Poder Ejecutivo", señaló el martes 28.

Ayer, el canciller Almagro recibió a una delegación del Pit-Cnt que le reclamó que el Estado cumpla con la sentencia de la Corte Interamericana y, entre otras cosas, deje sin efecto la prescripción de los delitos, dijo el dirigente Edgardo Oyenart.

subordinada. La oposición fustigó ayer a la senadora Moreira, quien el martes 28, en una actividad organizada por el Partido Socialista, dijo que el Poder Judicial "es un poder político del Estado" y que la Justicia está "relativamente subordinada" al control político.

El senador nacionalista Jorge Larrañaga cuestionó en Twit-ter la afirmación de Moreira por ser "grave". Y destacó: "Tenemos que tener una Justicia independiente".

En tanto, el senador colorado Tabaré Viera, dijo que la afirmación de Moreira es "preocupante", y alertó que "es grave que lo diga, pero que pueda ser cierto es todavía peor", y reclamó una respuesta de la Suprema Corte de Justicia.

Por su parte, el presidente del máximo órgano judicial, Leslie Van Rompaey, se excusó de hacer comentarios por no conocer los dichos de Moreira.