Argentina confirma cada vez más su política proteccionista. Ayer se conoció que las autoridades de la vecina orilla aplicarán otra medida de control sobre ingreso de bienes de consumo. Ahora las empresas exportadoras de estas mercaderías deberán presentar una Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI) ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que entrará en rigor a partir del próximo 1º de febrero, según lo establece una resolución general publicada en el Boletín Oficial del Ejecutivo de Cristina Fernández.

La noticia, una vez más, "no sorprendió" a los industriales, que reiteraron su pedido al gobierno para que "cambie el rumbo de la negociación y haga valer su peso en el Mercosur", declaró ayer a El País el vicepresidente de la Cámara de Industrias (CIU), Gabriel Murara.

"Falta que pongan un muro. Entre las medidas oficiales que están en marcha, además de las informales como el "1 a 1" (por cada dólar importado cada empresa deber exportar el equivalente), la intimación a los supermercados a que no compren productos extranjeros de producción nacional y las licencias de importación, ya no queda mucho margen", criticó el empresario.

A juicio del vicepresidente de la CIU, "Uruguay no tiene otra alternativa que hacer valer su voto dentro del Mercosur. La relación con Argentina ya es un tema grave para Uruguay", alertó. Explicó que producto de las sucesivas trabas, varias empresas uruguayas están "pagando altos costos", se pierden fuentes de trabajo y también la especialización de ciertas cadenas que dejan de producir y que luego es "muy difícil volver a recuperar".

Norma. Según el considerando de la resolución 3252 que publicó el Ejecutivo argentino, la instrumentación de las declaraciones juradas ante la AFIP, obedecen a una política de "coordinación transversal de las distintas áreas del Estado, en orden de optimizar la eficiencia y eficacia de la gestión gubernamental".

Los importadores deberán elevar las DJAI antes del pedido de las licencias de importación. Además, esta información será sujeto de análisis de organismos oficiales que se adhieran a este mecanismo que están facultados a realizar objeciones.