La empresa forestal que presentó el primer recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) contra el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), pide que la declaración de ilegalidad del tributo sea también para futuras inversiones que pueda realizar.

El recurso fue presentado por la empresa Forestal Atlántico Sur el pasado 1° de febrero, y reclama que se declare la inconstitucionalidad de seis de los 15 artículos del polémico tributo, que fue aprobado en diciembre de 2011 solo con los votos del oficialismo.

La acción planteada por Forestal Atlántico Sur es la primera que se formula contra el ICIR, según informó ayer el diario El Observador.

El abogado Diego Gamarra, del estudio Posadas, Posadas & Vecino, asesor de la empresa, dijo a El País que el tributo es inconstitucional por cuanto "viola la autonomía de los gobiernos departamentales, prevista en el artículo 297 de la Constitución".

El ICIR, que se aplica a predios de más de 2.000 hectáreas y con Índice Coneat 100 (medida de productividad del suelo), prevé que la recaudación sea destinada a la reparación de la caminería rural.

Gamarra dijo que en el recurso presentado ante la SCJ, la empresa (que actualmente opera en cuatro departamentos) pide que se declare inconstitucional el tributo para futuras inversiones que eventualmente se realicen en otras zonas.

"Como la acción de inconstitucionalidad tiene efecto solamente para el caso concreto, nosotros planteamos el recurso de forma tal de proteger futuras inversiones que pueda hacer la empresa", indicó.

Por otro lado, en el recurso la empresa cuestiona la inconstitucionalidad del artículo 7° de la ley, que dejó sin efecto diversas exoneraciones fiscales que en su momento se establecieron para firmas del sector forestal por el lapso de 12 años.

"Ahora se establece un nuevo impuesto que afecta a estos inmuebles que la ley anterior decía que no se podían afectar. Por ese motivo, se vulneran derechos establecidos legítimamente y por ende la seguridad jurídica prevista en la Constitución", dijo Gamarra, quien indicó que su estudio recibió otras consultas de empresas interesadas en impugnar el ICIR.

Según las estimaciones del gobierno, el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) recaudará anualmente unos US$ 60 millones, que serán destinados a las intendencias a través de un fondo que será administrado por una Comisión Sectorial y se destinarán a atender gastos e inversiones derivados de las reparaciones atinentes a la caminería rural departamental y acceso a establecimientos industriales y comerciales.