Tal como había adelantado esta semana, el diputado Luis Puig del Partido por la Victoria del Pueblo, dijo a EL PAÍS digital que promoverá la denuncia de la Suprema Corte de Justicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la declaración de inconstitucional de dos artículos de la ley sobre imprescriptibilidad de los crímenes.

El tema fue elevado hoy a la mesa política del Frente Amplio en busca de su respaldo. De prosperar, Puig afirmó que "todas las organizaciones sociales se pondrán a trabajar en busca de los afectados y víctimas por la normativa" que son los que pueden concretar la denuncia.

"La Corte Interamericana de Derechos Humanos, mandata a los tres poderes del Estado a que no se puede aplicar ningún obstáculo que imposibilite el accionar de la Justicia y habla a texto expreso de la prescriptibilidad de los crímenes, de la irretroactividad de la ley y de ningún otro obstáculo", dijo Puig. En este sentido, declarar inconstitucional la ley interpretativa de caducidad para "el PVP es un incumplimiento absoluto de las disposiciones de la Corte" ya que "la ley que aprobó la imprescriptibilidad de los crímenes establece claramente que son delitos de lesa humanidad y no se puede aplicar mecanismos de prescripción y demás".

"Estamos planteando que el Frente Amplio respalde a las víctimas que van a haber cerrado sus caminos de Justicia en el país a partir de una actitud que levanta murallas a favor de los poderosos e impunes", dijo Puig quien considera que la Suprema Corte de Justicia "desconoce el mandato de la Corte y se pone del lado de asesinos y torturadores" lo que da "vergüenza".

Puig espera que con esta resolución de la Suprema Corte de Justicia sobre un caso se genere "una catarata" de recursos "ya que el mensaje de la Corte fue la voz de aura en este tema". El legislador considera que la Corte "cedió a la presión de los militares y los representantes de los terroristas de Estado" y criticó al diputado de Rocha José Carlos Cardoso a quien calificó como "uno de los que le hace los mandados a asesinos y torturadores".

El diputado José Carlos Cardoso dijo a través de su cuenta de Twitter: "Que se critique una decisión judicial, es libre expresión del pensamiento. El tema es respetar esa decisión. Atento estaremos a represalias". Agregó además si "¿habrá alguien del Frente Amplio que declare "debimos ir por la derogación simple de la ley y no por el mamarracho que impulsaron en el parlamento?". Y acotó: "Les ataco la más peligrosa de las combinaciones, autoritarismo+soberbia+desesperación".

Para Puig "hay claramente una actitud de la Suprema Corte de Justicia que no se condice con el papel que debe cumplir. Este dictamen está directamente relacionado con el traslado de (la jueza Mariana) Mota preparando este segundo paso".