ESQUEMA

Desde el pasado 8 de junio rige un nuevo esquema en el mercado de combustibles con cambios que se realizaron y otros que están por venir. A su vez, en la Rendición de Cuentas se incluyó un nuevo impuesto a las naftas que sustituirá parte del Impuesto Específico Interno (Imesi) que se cobra y estará vinculado a las emisiones de dióxido de carbono (CO2).

El nuevo marco para el mercado de combustibles, supone que Ancap deja de regular toda la cadena y su tarea termina en la planta de distribución. De la regulación en el resto (distribuidoras de combustibles, estaciones de servicio, etc.) se encarga la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea). A su vez, el precio de los combustibles pasó a ajustarse mes a mes, vinculado al Precio de Paridad de Importación (PPI) que calcula la Ursea (esto es si la importación de combustibles estuviera liberada y un importador teórico le compitiera a Ancap).

Como además Ancap tiene sobrecostos asumidos (subsidio indirecto a la actividad del pórtland que es deficitaria, mezcla de agrocombustibles no reconocida en el PPI, subsidio indirecto al supergás, fideicomiso del boleto y un sobrecosto estructural) hay un período de transición en este nuevo esquema. Eso implica que al valor que indique el PPI, se le debe sumar un “factor X” para determinar el precio al público. Ese “factor X” es actualmente de $ 2,97 por litro.

En junio hubo un aumento de 12% en el precio de los combustibles y en julio otro de 0,5% en naftas y de 0,9% en gasoil.

Pero, en ambos ajustes no se sumó el “factor X”, que de haberlo tenido en cuenta hubiera llevado a incrementos mayores en naftas y gasoil.

¿Cuándo va a ocurrir esto? En entrevista con El País, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche dijo que . “cuando se instala el mecanismo, se hace en un contexto de pandemia, por lo cual entendimos que no era bueno trasladar los sobrecostos de Ancap a la ciudadanía. Todavía hay incertidumbre, hay que monitorear la situación de la pandemia, para resolver en qué momento se traslada el sobrecosto de Ancap en relación al precio de paridad de importación, a los consumidores”.

Mientras eso no sucede, Ancap percibe menos ingreso y puede complicarle sus finanzas. “Ancap tiene todo el respaldo del Poder Ejecutivo y lo ha tenido para aumentar su endeudamiento en este período, en donde no trasladó todos sus sobrecostos a las tarifas. A la misma vez, Ancap está haciendo la tarea para mejorar esa situación de sobrecostos”, explicó Arbeleche.

El País le preguntó a la ministra si en algún momento de este año, se sumará ese “factor X” al ajuste de los combustibles. “Tenemos que monitorear la situación para ver cómo evoluciona, cómo se recupera la economía para ver si están dadas las condiciones para trasladar ese sobrecosto a los combustibles. Mientras tanto, Ancap sigue haciendo su trabajo. Presentamos un cronograma a la Asamblea General, donde ese sobrecosto que le llamamos el ‘factor X’, iba disminuyendo a lo largo del tiempo”, respondió.

Arbeleche, ante la pregunta de El País sobre si cuando se implemente ese sobrecosto podría ser menor a $ 2,97 por litro, señaló que “pudiera ser el caso”.

Por su parte, en el proyecto de Rendición de Cuentas, el Poder Ejecutivo “promueve la implementación de un impuesto a las emisiones de dióxido de carbono provenientes del uso de la gasolina, que sustituye parcialmente el Imesi de los mencionados productos”.

Este “gravamen propuesto por tonelada de CO2 emitido en la combustión de las naftas, mediante una sustitución parcial del actual Imesi por otro con base en la masa de CO2 emitida en la combustión de esos litros de gasolina”, indicó la exposición de motivos del proyecto de ley.

Arbeleche dijo a El País que la creación de este tributo “es algo muy importante” y aclaró que “este impuesto no aumenta la recaudación. Dentro del Imesi a las naftas, una parte de ese Imesi pasa a estar asociado con la emisión de dióxido de carbono”.

“La idea es que el impuesto está relacionado con la emisión de dióxido de carbono que hay hoy. Si esa emisión disminuye, la recaudación disminuye”, aseguró la ministra.

El proyecto de ley de Rendición de Cuentas establece que “estará gravada la primera enajenación a cualquier título, y la afectación al uso propio, realizadas por los fabricantes e importadores de los bienes que se detallan, con el monto fijo que establezca el Poder Ejecutivo, por tonelada de dióxido de carbono (CO2) emitida”. Para la nafta Super 30-S, el impuesto por tonelada de CO2 emitida es de $ 5,286 y para la nafta Premium 97 30-S es de $ 5,286.

“El Poder Ejecutivo actualizará anualmente dichos valores en función de la variación que experimente el Índice de Precios del Consumo (IPC), y de la información sobre las correspondientes emisiones de CO2 que suministre anualmente el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y al Ministerio de Ambiente (MA)”, añade el texto.

Arebelche remarcó que “en la medida que la calidad de las naftas mejore, la recaudación (de este impuesto) baja. Esto refleja el compromiso ambiental del Poder Ejecutivo”.

“Es el primer paso y estamos trabajando en una agenda, junto con el Ministerio de Ambiente y el MIEM para ir por ese lado”, concluyó.

¿Por qué un impuesto a las emisiones de CO2 de naftas?

La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche indicó que el impuesto a la emisión de dióxido de carbono de los combustibles, “es un indicador que cada vez más se va a tener en cuenta, incluso para comerciar entre los distintos países. Es un indicador de cómo se encara el tema ambiental, no solo desde el Ministerio de Ambiente, si no de forma coordinada en todo el Poder Ejecutivo”. Agregó que la iniciativa se elaboró en conjunto entre Economía, Ambiente y el MIEM.

“La política ambiental tiene que manejarse con incentivos y con castigos”, apuntó Arbeleche.

La exposición de motivos de la Rendición de Cuentas expresa que “esta medida está alineada con lo dispuesto por otros países como medida para desincentivar el consumo de gasolina y por tanto mitigar las emisiones de dióxido de carbono. Asimismo, esta medida se relaciona con el desarrollo de la política ambiental que promueve el gobierno nacional”.

Explica que “esta medida tendría varios beneficios. En primer lugar, colocaría al país en la lista de países que gravan las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, lo que mejoraría su imagen internacional. En segundo lugar, genera los incentivos correctos para la transición hacia una economía con menor huella de carbono. En tercer lugar, posicionaría a Uruguay con una herramienta importante para enfrentar futuras aplicaciones sensibles para nuestro país del mecanismo de ajuste de carbono en frontera (Carbon Border Adjustment Mechanism). En cuarto lugar, la medida es consistente con las políticas nacionales de deuda soberana, movilidad eléctrica, energía y cambio climático”.

Añade que “en particular”, es consistente “con los compromisos asumidos por el país en el Acuerdo de París y la Coalición de Ministros de Finanzas para la Acción por el Clima (los Principios de Helsinki; en particular el Principio N°3)”.