En un mundo global las crisis ya no son aisladas, sino que viajan de un sitio a otro. Basta con ver cómo se propagó la pandemia del covid-19 al vivir en una era en la que la movilidad de las personas es rápida y constante. Felizmente, la transmisión del virus se ha contenido y comienza a ser un mal recuerdo.

Pero hay otros conflictos. Desde hace tiempo las sociedades desarrolladas se enfrentan a la cuestión de una población envejeciente que aumenta en países en los que la natalidad disminuye dramáticamente, a la vez que la expectativa de vida se prolonga cada vez más. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la esperanza de vida media mundial se sitúa en 69,8 años para los hombres y 74,2 para las mujeres. En Japón, donde aproximadamente 80.000 personas tienen más de 100 años, la esperanza de vida alcanza los 84,4 años. Es inevitable preguntarse cómo se van a financiar y sostener sistemas en los que la longevidad de los jubilados aumenta aceleradamente.

Precisamente, con respecto a Japón un profesor de la universidad de Yale, Yusuke Narita, sugirió una solución que ha provocado una gran polémica. El académico dijo en 2021 que los ancianos japoneses deberían suicidarse para ayudar al país con los índices crecientes de población envejecida. Fue en un programa de televisión en el que el economista se refirió a un seppuku masivo de este segmento para combatir la crisis demográfica. El seppuku es una práctica de suicidio de los samuráis para demostrar su honor.

Ante la controversia que ha causado tal sugerencia, Narita ha asegurado que fueron “sacadas de contexto”, cuando lo que en realidad pretendía era llamar la atención al problema que la tercera edad genera en lo referente al mundo laboral y político, copado, a su juicio, por generaciones que no dejan paso a los más jóvenes.

En Japón se discute actualmente la legalización de la eutanasia para quien lo deseara por determinadas circunstancias. Se trata de una cuestión que cobra fuerza y se presenta como un derecho legislable. En Suiza la eutanasia es ilegal, pero el suicidio asistido está permitido.

Es un dilema complejo pero está sobre el tapete y se discute abiertamente en sociedades con una población envejeciente que aumenta. Como consecuencia de esta realidad, se produce el debate acerca de cómo subsidiar retiros y coberturas sanitarias con personas que podrían llegar a ser centenarias.

Sin duda, la tesis que lanzó el profesor de Yale es más una arriesgada hipérbole que una propuesta sensata. No se trata, por un lado, de la descabellada idea de imponer la eutanasia ni, por otro, estirar sin mesura el desempeño laboral en la tercera edad. Pero no es menos cierto que en ambos terrenos las opciones serán mayores y se irán ajustando a los cambios sociales y demográficos.

Entretanto, los expertos estudian y debaten la cuestión que plantea un estudio del Foro Económico Mundial (WEF) ante la eventualidad de que vivamos hasta los 100 años: ¿Cómo podremos pagarlo? La defensa del Estado del bienestar que se impuso en Europa a partir de la Segunda Guerra Mundial (el sociólogo Thomas H. Marshall lo resumió como una combinación de democracia, bienestar social y capitalismo) sigue vigente. Ahora es preciso encontrar vías que eviten su seppuku.