La semana pasada, antes de conocer los detalles de la rebaja tributaria que anunció el Presidente de la República analizamos algunos de los aspectos por los que entendíamos que era una buena medida. Ahora, con la propuesta concreta sobre la mesa esa opinión se reafirma, sumándole que por su diseño es de buena calidad y que el monto de renuncia fiscal, en torno a los 150 millones de dólares no compromete en lo más mínimo la solidez fiscal que el país ha alcanzado.

En el artículo anterior señalamos que una disminución de impuestos como la prevista era esencialmente positiva por varias razones: porque la carga impositiva en Uruguay es muy alta, porque la trayectoria de incremento de la presión fiscal en que venía el país hasta el gobierno anterior era insostenible, porque la crítica sobre su equidad era injusta dado el aumento de las transferencias sociales ya realizada, porque implica un cambio de rumbo en la política fiscal muy saludable y porque los comentarios realizados por el Consejo Fiscal demostraban la solidez de la nueva institucionalidad fiscal antes que una debilidad.

Ahora que conocemos la propuesta podemos ver que a quienes se adelantaron a criticar la propuesta les faltaba información. El diseño es muy bueno, casi quirúrgico, buscando alcanzar el mayor impacto posible en quienes pagan menos IRPF, IASS y pequeñas empresas. En este sentido debe reconocerse un gran trabajo técnico, muy lejano a la demagogia y el populismo que se procuró endilgar a la iniciativa.

También conocemos el monto de la renuncia fiscal que representa aproximadamente un 0,15% del PIB, lo que representa un número absolutamente compatible con la trayectoria fiscal prevista en la regla fiscal. Uno de los tres pilares de la regla es el análisis estructural del gasto público, esto es, el análisis del gasto y los ingresos del Estado más allá de sus variaciones cíclicas y sus componentes excepcionales. Este análisis estructural arrojaba que la meta indicativa para 2022 era de un déficit fiscal de 2,6% y el resultado verificado fue de 2,4%, lo que deja muy claro que las medidas anunciadas son perfectamente compatible con la trayectoria fiscal prevista por el Ministerio de Economía.

Por lo tanto, conocidos los detalles concretos del anuncio las críticas se disipan. Solo quedan aquellas derivadas de las preferencias sobre las políticas públicas pero se desvanecen las que apuntaban a aspectos técnicos. Pero incluso sobre este aspecto, queda claro que una de las alternativas propuestas, como la reducción del IVA no era de la misma calidad técnica. En primer lugar porque la reducción de un punto de IVA representaba una renuncia fiscal de aproximadamente el doble de la anunciada. Y en segundo lugar porque esa disminución difícilmente hubiera llegado a los consumidores, dado que es poco probable que se hubiera dado una baja de precios a la venta al público por esta reducción tributaria.

Si además tenemos en cuenta los efectos beneficiosos que tendrá la medida en términos de aumentar el ingreso disponibles para unas 100.000 familias, más el impulso a la economía que tendrán esos recursos volcados fundamentalmente al consumo, va quedando poco espacio para la crítica sincera. Por eso se anuncia que el proyecto de ley será aprobado por unanimidad, lo que es otra buena noticia.