Muchos estamos de acuerdo que la agenda regulatoria en finanzas sostenibles ha ido creciendo en intensidad y complejidad en los últimos años. Esperamos que 2023 sea el año en que este marco regulatorio se consolide, todas las piezas terminen de encajar y se corrijan las inconsistencias que se han ido detectando.

Conscientes de los retos a los que nos enfrentamos, reafirmados en la última COP celebrada en Sharm El-Sheikh el pasado noviembre, la agenda regulatoria europea sigue avanzando de forma decidida, alineada con el objetivo de neutralidad climática para 2050 que marca el Pacto Verde Europeo y el Acuerdo de París.

Un año más, la Conferencia de las Partes (COP), la número 27, nos recuerda la urgencia de seguir avanzando de manera decidida hacia una economía cero emisiones. Lograr esa economía descarbonizada no será posible sin la participación de los países emergentes.

Por eso es clave el impulso de las finanzas sostenibles en estos países. Propuestas como la Iniciativa de Liderazgo para la Financiación Climática (CFLI, por sus siglas en inglés), promovida por Michael Bloomberg, que busca eliminar barreras a la inversión sostenible en Colombia; la recientemente aprobada hoja de ruta de sostenibilidad del Banco Central de Uruguay o prometedores mecanismos como los Partenariados para la Transición Justa (JETS, por sus siglas en inglés) para allanar la transición hacia energías limpias, entre otros, son claves para cerrar la brecha de financiación sostenible que existe a día de hoy en estos países.

Ya en Europa, y en materia prudencial, a mediados del año que viene, la EBA (Autoridad Bancaria Europea) publicará su informe sobre el tratamiento prudencial de los riesgos ESG (ambientales, sociales y de gobernanza por sus siglas en inglés). El pasado mayo avanzó un documento de debate, donde evaluó la necesidad y la justificación de posibles cambios en el Pilar 1 prudencial y pidió comentarios que alimentarán este esperado informe.

Entre sus conclusiones preliminares apunta a que parece más adecuado introducir pequeñas modificaciones al marco actual, en vez de la utilización de los famosos factores de ajuste que aumenten o reduzcan en cierto porcentaje el consumo de capital de los activos marrones o verdes, respectivamente, dados los desafíos asociados a su diseño e implementación.

El informe de la EBA se utilizará para diseñar la reforma de la normativa de capital, la llamada CRR3, cuya publicación se espera en 2023.

Y aquí se abre un interesante debate sobre la conveniencia de aplicar recargos de capital para exposiciones consideradas como marrones, es decir, intensivas en emisiones o, por el contrario, reducirlos en el caso de exposiciones consideradas verdes. El Pilar 1 del marco prudencial busca cubrir las pérdidas esperadas con un horizonte temporal de un año y la única herramienta de la que disponemos ahora para clasificar como verde, que es la taxonomía, no realiza una clasificación de las actividades en base a su capacidad de pago, es decir, a su riesgo.

Por eso, desde el sector, defendemos que el marco prudencial debe estar basado en riesgo y ponemos sobre la mesa los peligros que podrían derivarse de la utilización de estos factores.

La penalización de estas exposiciones marrones podría desincentivar la financiación de las mismas, tan necesaria para facilitar su transición y, por otro lado, un posible factor de apoyo a exposiciones “verdes” o de bajas emisiones, podría conducir a una “burbuja verde”.

También es importante señalar que el marco prudencial puede apoyar pero no es en ningún caso la herramienta para conseguir objetivos de política medioambiental, como señalaba recientemente un informe de la Junta Europea de Riesgos Sistémico (ESRB, en sus siglas en inglés), y hacerlo supondría un precedente para que en el futuro los objetivos políticos se persigan con el capital de los bancos.

Además, no podemos olvidar que en una economía cada vez más globalizada, los cambios en los requerimientos de capital, en concreto un factor de penalización marrón, lo que seguramente provocarían es un desplazamiento de la financiación hacia países fuera de la Unión Europea o hacia otro tipo de actores no bancarios.

En materia supervisora, en 2022 estrenamos el primer stress test climático, un ejercicio de “abajo a arriba” (bottom up) donde las autoridades tomaron el pulso de cómo las entidades están incorporando estos riesgos en sus procesos. Y aunque se señalaron varias áreas de mejora, también se identificaron una serie de mejores prácticas que el Banco Central Europeo (BCE) publicará en forma de guía a finales de 2022. Aunque en 2023 no se repetirá el ejercicio, sus conclusiones guiarán las acciones de los supervisores en lo sucesivo.

Para finales de 2023, el BCE espera que los bancos incluyan los riesgos climáticos y medioambientales en su gobernanza, estrategia y gestión de riesgos.

Es decir, el BCE va fijando plazos para que las entidades de crédito cumplan progresivamente con todas las expectativas supervisoras, a más tardar a finales de 2024, como señala Andrea Enria, Presidente del Consejo de Supervisión del BCE. Durante 2023, además, el BCE continuará con sus inspecciones in situ sobre estos riesgos.

En 2023, y seguramente bajo la presidencia española en el Consejo, se aprobará la directiva de diligencia debida que incluirá la obligación para las grandes empresas, financieras o no, de aplicar un proceso de debida diligencia (due diligence) en materia de derechos humanos y medioambientales sobre sus propias operaciones, las de sus subsidiarias y las de su cadena de valor. Esta nueva regulación vendrá a reforzar los procesos de due diligence que las entidades financieras ya están realizando en los procesos de onboarding de sus clientes mayoristas.

Pero serán dos los protagonistas de la agenda regulatoria en 2023: la financiación de la transición y el greenwashing.

En relación al primero, será necesario un marco de financiación sostenible que permita reconocer qué entendemos por transición, más allá de lo verde y en el que se fijen sendas sectoriales, que marquen el camino a seguir. Y las entidades financieras seguiremos apoyando con financiación y asesoramiento los planes de inversión de las compañías, en el entendimiento de que el cambio lleva su tiempo y las velocidades serán distintas según el sector de actividad.

Por último, los reguladores empiezan a alertar sobre el peligro de greenwashing, es decir, si las compañías publicitan como verde lo que no es o si exageran sus virtudes.

Corremos el peligro de que el término de reciente creación green-hushing o temor de algunas empresas de hacer públicos sus compromisos verdes por posibles riesgos reputacionales o de litigio, termine haciendo sombra al de greenwashing o lavado verde. Cualquier regulación en este sentido deberá buscar el equilibrio para que al final no termine desincentivando a las compañías en sus compromisos climáticos y en su transición.

En definitiva, en 2023, esperamos tener un marco regulatorio europeo de finanzas sostenibles más consolidado y clave para apoyar la carrera en la que todos estamos inmersos, porque no se trata de quién llegue primero sino de que todos consigamos cruzar la línea de meta.