OPINIÓN

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Los nuevos datos del PIB, que con una nueva base dieron lugar a nuevas estimaciones desde 2016, confirmaron lo que ya sabíamos: en los últimos años estuvimos estancados. De hecho, lo estuvimos aún más de lo que conocíamos, porque el crecimiento económico del último trienio fue rebajado en dos puntos. Por lo tanto, en todo el período de gobierno anterior sólo crecimos 5%, lo que hace más fácil entender el paupérrimo desempeño en materia de empleo, con más de 50 mil personas que perdieron su trabajo en esos cinco años.

Pero los datos conocidos del PIB también permiten afinar la puntería con la proyección de 2020, que también se vio deteriorada. En lo personal, de proyectar una caída algo menor a 5%, pasé a esperar ahora una a mitad de camino entre 5% y 6%. A su vez, las últimas (malas) noticias en materia sanitaria pueden interrumpir o al menos frenar la recuperación que se inició en el tercer trimestre. Sin embargo, para 2021 sigo esperando un crecimiento del orden de 3%.

Con el primer bienio con saldo negativo, aún cuando en los tres años restantes del período se cumplieran las proyecciones del MEF en el presupuesto, terminaríamos el quinquenio, otra vez, con un crecimiento de un dígito. Desde mi punto de vista, se podría llegar a repetir el referido crecimiento del período anterior.

Con la economía creciendo por 10 años a una tasa promedio del orden de 1% anual, se vuelve más difícil gestionar las políticas públicas. Es evidente que es más fácil gestionar la abundancia que la escasez: entre 2005 y 2014, cuando se creció a más del 5% anual se pudo comprobar, primero, cómo se puede aprovechar para gestionar muy bien el crecimiento y después, cómo se lo puede hacer muy mal sin tener mayores consecuencias en lo inmediato.

Pero con la economía creciendo muy poco las cosas se complican, máxime cuando existen componentes importantes del presupuesto que tienen vida propia y crecen, indexados, a tasas mayores a aquel 1% real anual. Más aún, cuando se parte (como ocurrió ya en 2015 y ahora, agravado, en 2020) de un déficit fiscal insostenible que debe ser abatido.

La tensión de un crecimiento económico magro sobre la gestión fiscal puede llegar a ser muy fuerte y por esta razón el gobierno debe profundizar sus planes de reducción del gasto. Obviamente, no incluyo allí al gasto asociado a enfrentar la pandemia, que en definitiva es transitorio. Para ser bien claro: el gobierno debe seguir bajando el déficit estructural para llegar cuanto antes a la postergada meta del 2,5% del PIB y debe hacerlo más rápido de lo que lo hizo en este 2020, donde apenas lo habrá bajado en unas décimas. Cabe recordar que el déficit estructural surge de ajustar al observado por el ciclo económico y de descontar las partidas extraordinarias, como las que están siendo utilizadas para enfrentar y paliar los efectos de la pandemia.

No hay que soslayar que, en este año, la aceleración de la inflación “ayudó” fiscalmente al gobierno al abatir en términos reales varios rubros del presupuesto, y que esto se dará vuelta en 2021 si la inflación termina bajando al menos dos puntos, como el gobierno y los analistas esperamos.

El pobre crecimiento económico del país en estos años (obviamente, si se busca cumplir con los objetivos fiscales) complicará las cosas desde el lado de la economía política: por un lado, quienes gestionan partes del presupuesto disputarán entre sí los escasos recursos disponibles y, por otro lado, algunas de las demandas de la sociedad no podrán ser satisfechas (más presupuesto para esto y lo otro, recuperaciones salariales, etcétera).

De este modo, se suma una dificultad a las ya conocidas en materia de economía política: la composición de la coalición con sectores sin mayor afinidad ideológica (liberales, socialdemócratas y peronistas uruguayos) y el hecho de que tarde o temprano (pero previsiblemente en algún momento de 2021) terminará la “luna de miel”, que fue prolongada por la pandemia y por el razonable manejo de la “herencia” recibida del FA, que hizo el gobierno.

Desde el punto de vista de la economía, se sigue cargando con una mochila cuyo peso no ha cambiado ni cambiará mayormente en el futuro previsible: no se han subido impuestos, pero tampoco se los han bajado; seguimos muy caros en dólares en comparación con los mercados con los que competimos; y los precios relativos de los servicios públicos casi no han cambiado. Por lo que está difícil para que el “malla oro” marque el camino.

Como veíamos hace dos lunes, hay preguntas clave cuyas respuestas debemos conocer y que al final del día nos permitirán o no vislumbrar si en este quinquenio se darán resultados diferentes a los del período anterior. En algunos casos no hay dudas: el ajuste fiscal estructural luce insuficiente y, salvo que una crisis en el barrio (o la apertura de las fronteras con precios más altos que los de nuestros vecinos) lo haga saltar, el dólar seguirá siendo funcional en la lucha contra la inflación. En otros todavía no lo sabemos, pero 2021 será decisivo para averiguarlo: ¿volverá la indexación a los salarios privados, con la nueva ronda de los Consejos?
Si efectivamente volviera, se esfumarían las chances de ir a una inflación como la que el gobierno se ha puesto como meta y el atraso cambiario empeoraría.

En fin, 2021 será un año decisivo para vislumbrar el resto del camino.