Cuando a mediados de 2023 el déficit del Gobierno Central- BPS se disparaba por encima de 4% del PIB -medido en últimos 12 meses- bastante lejos de la proyección que surgía de la Rendición de Cuentas de 2022 para todo el año (3,2%) y, por lo tanto, su meta para el año- se generaron diversas reacciones a nivel técnico y político.

La reacción generalizada a nivel técnico -a la que me sumé- fue de preocupación, pues esos resultados hacían dudar acerca de la capacidad del gobierno de cumplir sus compromisos en materia de regla fiscal y sus potenciales consecuencias negativas a mediano y largo plazo para la economía en su conjunto.

El viejo fantasma de la indisciplina fiscal del país sumado a la tradición de los llamados carnavales electorales de excesos de gasto asociados a la cercanía de los comicios, hicieron encender las alarmas y plantearon legítimamente dudas en este terreno.

Algunos, incluso, agregaron elementos de convicción, aseverando en términos críticos que ese resultado era esperable debido a que el Gobierno, en realidad, no había reducido el gasto de manera permanente sino transitoria (asociándolo a la reducción de salarios y jubilaciones reales ocurridos durante la pandemia), utilizando la imagen del resorte que se comprime y que en algún momento se dispara de manera inexorable cuando ocurre la recuperación real de los mencionados rubros.

A nivel político, economistas de la oposición aprovecharon la situación para atacar al Gobierno acusándolo de indisciplina en el campo fiscal, contrariamente a lo que había pregonado y prometido en la campaña de 2019. Incluso, comparando los resultados que se observaban en últimos 12 meses con el abultado déficit corriente que dejaron como herencia en 2019 (4,0%), claramente con una intención auto exculpatoria.

Por otra parte, el clima se enrareció, pues los tiempos coincidieron con la aprobación de la ley que terminó dando quitas y reducciones de tasas a los deudores en UR del BHU y de la agencia del Ministerio de Vivienda. Las cifras involucradas eran importantes e implicaron volver a prácticas inconvenientes, si bien no afectaría el resultado fiscal corriente que se mide en términos de flujo de caja. Ley curiosamente aprobada por oficialismo y oposición, siendo que esta última se había negado insistentemente a este mecanismo durante los 15 años que estuvo en el gobierno, a mi entender, por buenas razones.

Mientras tanto, las voces del Ministerio de Economía y Finanzas trataron de explicar por qué los desvíos que se observaban en las cifras de últimos 12 meses a mitad de año no afectarían el resultado realmente comprometido, que son los números cerrados a año calendario. Se mencionaron gastos extraordinarios durante el último trimestre de 2022 (vacunas covid e inversiones) que no se repetirían en 2023 como principal argumento.

Los temores a nivel de analistas independientes y las polémicas políticas se dilucidarían cuando los números fiscales del año calendario se conocieran.

En enero, como estaba previsto, se publicaron las cifras del cierre de las cuentas fiscales de 2023. Finalmente, el déficit cerró en torno a los valores que se habían comprometido el año anterior (3,2%), lo que terminó dándole la razón al Gobierno.

Más aún, a pesar de la caída generalizada de la recaudación de la DGI no prevista en oportunidad de la Rendición de Cuentas de 2022 (dado que ni la prolongada sequía que afectó al país hasta mediados de 2023 ni las filtraciones de consumo hacia Argentina estaban en el horizonte en aquel entonces, al menos en su intensidad), el esfuerzo fiscal volvió a ser por el lado del gasto, el que no solo creció por debajo del valor que establece la Regla Fiscal (2,1% real anual). En los hechos, terminó cayendo levemente (-0,4% real anual), mostrando el cumplimiento por cuarto año consecutivo de uno de los tres pilares de la regla.

Asimismo, la recuperación de salarios públicos y de jubilaciones en términos reales durante 2023 parece mostrar que la reducción del gasto no fue a expensas de apretar más el resorte, sino que ha ido por otros rumbos. Un análisis más en detalle a futuro permitirá dilucidar si es de carácter más permanente que transitorio.

El Resultado Estructural

Si bien debemos esperar unos días más para conocer el Resultado Estructural (RE) estimado, en virtud de que estos números aún no se han publicado[1] y que el Consejo Fiscal Asesor no emitirá su informe sino hasta fines de este mes, hay buenos indicios de que este pilar de la regla estaría muy cercano a cumplirse también. En efecto, el esperado bajo crecimiento que habría experimentado la actividad económica durante el año pasado (0,3% según la última encuesta de expectativas económicas del BCU) habrá incrementado la brecha del PIB con el Potencial, probablemente cercana a -3%. En esta circunstancia no es descabellado anticipar que dicho resultado estructural estaría en línea con la meta comprometida de 2,7% del PIB, una vez realizados los ajustes cíclicos y extraordinarios correspondientes estipulados en la metodología.

Quiero resaltar que, aunque ha sido cuestionado por “inobservable”, el RE es “estimable” de manera razonable y refleja mucho mejor la posición fiscal de largo plazo que el resultado corriente, tal como sucede con otras muchas variables económicas (como el Tipo de Cambio Real de equilibrio, por citar una). No es casualidad que más de cuarenta países tengan hoy reglas fiscales que utilizan este concepto como uno de sus pilares fundamentales, más allá de que en nuestro país resta mucho trabajo técnico por delante para mejorarlo y hacerlo más confiable[2].

Para terminar y a modo de resumen, es esperable que por cuarto año consecutivo el Gobierno logre cumplir con la Regla Fiscal comprometida, lo que debe valorarse como muy positivo para el país. Si bien este año electoral luce como desafiante (con metas ambiciosas, lo cual también marca una trayectoria fiscal trazada), sería una enorme contribución que se cumpla también en el último año de gobierno y, más aún, que ese compromiso se mantenga en el tiempo con alternancia de partidos en el poder incluida.

Solo así dejaremos definitivamente atrás una de las principales causas de nuestras inestabilidades macroeconómicas y sus padecimientos. Ahí nuestro sistema político como un todo habrá comprendido lo que señalaba el otrora presidente del gobierno español, Felipe González: los déficits fiscales no son de derecha ni de izquierda, son simplemente déficit. Y deben ser enfrentados porque perjudican la economía del país y, por ende, a los ciudadanos.

[1] Se anuncia la presentación de la Situación Fiscal y perspectivas macroeconómicas para 2024 por parte de la Ministra de Economía para el miércoles 21 a las 10hs.

[2] Al respecto puede repasar la columna de 2023 reproducida en mi blog: