Opinión

El nombre del juego es productividad. Consiste en hacer más con lo que ya tenemos, llámense recursos naturales, personas o capital financiero, sin perder de vista que el aumento de la riqueza debe traducirse en mejores condiciones de vida para la población.

La productividad se puede incrementar a través del progreso tecnológico, que es básicamente exógeno, o con políticas públicas que aumenten la eficiencia y conduzcan a un proceso de transformación productiva. En el caso de América Latina, esto se puede resumir en agregar valor a la amplia base de recursos naturales con la que cuenta el continente y al mismo tiempo estimular otras actividades productivas donde se puedan generar ventajas competitivas.

Uruguay no es la excepción y si bien ha obtenido ganancias de productividad en los últimos años, aún se encuentra rezagado respecto a países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y a algunos emergentes, especialmente del sudeste asiático.

Si bien la agenda de reformas conducentes a incrementar la productividad es amplia, es importante fijar prioridades y hacer esfuerzos en aquellas políticas públicas que aporten al aumento de la misma. Tres acciones se destacan en una agenda de transformación productiva: cerrar brechas en materia de infraestructura, mejorar la calidad y la pertinencia de la educación y apuntalar un ecosistema de emprendimiento que genere empresas dinámicas y con potencial de crecimiento.

Cuando el país es pequeño, su agenda de integración comercial es clave para su crecimiento. Para aumentar el comercio exterior se necesitan buenos socios y tratados comerciales, pero también ser más productivos. La dotación de buenas infraestructuras y la gestión logística son fundamentales para reducir costos y conectarse con nuevos mercados.

Uruguay, al igual que otros países latinoamericanos, debe invertir más, mejorar la calidad de sus infraestructuras y seguir desarrollando sus activos logísticos. Esto no solo permitiría aumentar la conectividad física, incrementando el comercio con los vecinos, sino que haría más eficiente la salida de sus exportaciones al resto del mundo.

La generación de mejores infraestructuras también tiene un impacto positivo sobre la productividad laboral, en la medida que aumenta la oferta de servicios públicos, así como los servicios de salud y educación. Aunque incipiente, es alentador el gran esfuerzo hecho en Uruguay en los últimos años con la promoción de la Participación Público Privada (PPP) para incrementar la oferta de infraestructura y canalizar el ahorro de los fondos de pensiones, que buscan proyectos y rentabilidades de largo plazo.

Respecto a la productividad laboral, uno de los problemas en América Latina, del cual no escapa Uruguay, es la baja inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo. Por un lado, los niveles de deserción a nivel de secundaria son muy elevados y los conocimientos que adquieren los estudiantes son de poca aplicabilidad en un mercado laboral cambiante y donde la tecnología tiene un papel fundamental. Por otra parte, las empresas manifiestan en las encuestas que no consiguen la mano de obra que demandan.

Esto genera un claro espacio para que las políticas públicas ataquen los dos frentes: mejorar la pertinencia de la educación y el entorno para que los estudiantes obtengan el valor agregado de finalizar la educación media, y ofrecer, junto con el sector privado, opciones de empleo y capacitación técnica para la inserción laboral de los jóvenes. En este sentido, políticas públicas como el desarrollo del bachillerato dual, la formación técnica y para el trabajo y la participación del sector privado en programas de pasantías y primer empleo pueden contribuir a resolver la problemática de la desconexión entre la educación y el mercado laboral.

No menos importante es mejorar la productividad a nivel de la empresa y para eso es clave fortalecer el ecosistema de emprendimiento e innovación. La realidad en Latinoamérica es que no se invierte suficiente en Investigación y Desarrollo (I+D), se generan pocas patentes y no se publican muchos artículos científicos. Además, hay problemas de coordinación entre los entes públicos, privados y académicos responsables de las actividades científicas y tecnológicas.

Por ejemplo, en Uruguay la inversión en I+D ha crecido en los últimos 30 años alcanzando el 0,4% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2016, pero aún está lejos de países como Corea del Sur, donde supera el 4% del PIB. Las empresas locales reconocen entre los principales obstáculos para invertir en innovación el tamaño del mercado (poniendo en evidencia la importancia del comercio exterior), el elevado período de retorno de la inversión, el acceso al financiamiento y las escasas oportunidades tecnológicas en sectores productivos.

Por estas razones, apuntalar el ecosistema requiere apoyar todas sus partes: fortalecer las políticas de emprendimiento e innovación, especialmente a nivel de pequeñas y medianas empresas (Pymes), incentivar el desarrollo de instrumentos financieros novedosos para acompañar el crecimiento de las empresas y mejorar la coordinación público-privada-académica.

Desde CAF —banco de desarrollo de América Latina— apoyamos a Uruguay en su agenda de transformación productiva a través de inversión directa en infraestructura, mejoramiento de la logística, fomento de proyectos de PPP, programas para reducir la deserción escolar y estimular el bachillerato dual, y planes que promueven la innovación y el emprendimiento, especialmente a nivel de PYMES. La productividad es una apuesta de largo plazo, por lo que no hay tiempo que perder.

(*) Germán Ríos, Director Representante en Uruguay de CAF banco de desarrollo de América Latina