Es habitual (y hasta lógico) que se hable de herencias en ocasión de los cambios de gobierno. Es una oportunidad para el saliente de reivindicar sus logros y para el entrante de señalar las dificultades encontradas en el punto de partida y que le pueden complicar su propia gestión, llevándolo a postergar compromisos que hayan sido asumidos en programa y campaña.

Veamos los aspectos macroeconómicos que considero positivos y negativos en el legado de la Coalición Republicana hacia el Frente Amplio.

Primero, el mercado de trabajo luce como un “activo” considerable. En el quinquenio la masa salarial creció más que el PIB, si bien este creció poco, como en el período anterior. Es posible que sin pandemia el PIB hubiera crecido más de 10% en vez del 6%. Y refiero la pandemia por tratarse de un evento singular (hubo una en un siglo) pues otras razones que desde el gobierno saliente se han esgrimido forman parte del paisaje normal de todo gobierno: un problema climático, un vecino en crisis, en fin, son cosas que suceden con frecuencia y de las que un gobierno en vez de quejarse debe hacerse cargo. Buscar en ellas atenuantes sería como culpar de la inflación a todo lo que sube más que el promedio.

Ese crecimiento de la masa salarial se basó en el aumento extraordinario del empleo, que recuperó los más de 50 mil ocupados menos que hubo en 2015-2019 y otro tanto. Pero el principal activo que recibe el FA es la corrección del nivel del salario real medio. Es evidente que los salarios reales de 2019 estaban por encima de lo razonable: la referida pérdida de empleos es prueba bastante de ello. El nivel de salario real de ahora es más defendible en el contexto señalado para el empleo.

Cabe esperar que el gobierno entrante no vuelva a caer en los errores del último del FA, de pretender subir el salario real más allá de lo que la evolución del PIB y de un empleo que debe seguir creciendo se lo permitan.

Segundo, otra cosa son los salarios en dólares, que siguen por las nubes y dan lugar a serios problemas de competitividad para empresas que compiten en el exterior o con importaciones. Salarios muy altos al ser llevados a dólares, debido al encarecimiento en dólares de la economía que ha dado lugar a un importante atraso cambiario.

Obsérvese que, al cierre de 2024, los salarios privados medidos en dólares y corregidos por la evolución del precio de nuestras exportaciones (Fuente: CIU) estaban 48% por encima del promedio de lo que va del siglo. Mientras que, corregidos por la evolución de los precios (también en dólares) fuera de la región, estaban 42% por encima del promedio del siglo. En estas semanas se conocieron situaciones de empresas importantes afectadas por esta situación.

Esto nos lleva directamente al tema de la competitividad y al referido atraso cambiario. Al cierre de 2024, el tipo de cambio real con fuera de la región estaba 21% por debajo del mismo promedio histórico, mientras que con Brasil estaba 38% por debajo y con Argentina, en promedio 4% por encima, en una configuración parecida a las del comienzo de este siglo, lo que constituye un indudable “pasivo” de la herencia.

Tercero, la inflación. Es un “activo” que la inflación y sus expectativas hayan quedado dos puntos por debajo del eje del 8% en el que se habían mantenido por muchos años. Notoriamente, fue decisiva para ello la apreciación del peso uruguayo. ¿Se redujo la inflación o se la reprimió? Si se quisiera corregir parte de esa apreciación, el IPC lo reflejaría del mismo modo que cuando se recorrió el camino opuesto. Por lo que aquí hay un “pasivo” de la herencia: ¿cómo hace el nuevo gobierno para corregir el atraso cambiario sin que se le escape la inflación?

La receta es tan clara como difícil de digerir políticamente: apretar lo fiscal y lo salarial y soltar lo monetario. Receta que el gobierno saliente aplicó al revés en la segunda mitad de su período (políticas fiscal y salarial expansivas y monetaria contractiva) y que temo que el actual, en sustancia, no cambiará. Ya vimos la inédita aprobación del director por el FA en el BCU, de sendos aumentos en la tasa de política monetaria en las últimas dos reuniones del Copom.

Cuarto y último, el capítulo fiscal, que analizáramos en profundidad en la columna de hace dos lunes. Vimos entonces que no había “cosas raras” que hicieran pensar en que el gobierno saliente hubiera “maquillado” las cifras, como se sugirió desde el gobierno entrante. Por lo que el déficit fiscal, de 4,1% del PIB, se parece mucho al de 2019 (4,3%) y más aún si se consideran los aportes extraordinarios del BROU por 0,3% del PIB, en exceso a los de 2019.

Al mismo tiempo, la deuda pública neta es más de 10 puntos superior a la de hace cinco años, pero el riesgo país es menor y la calificación de riesgo mayor. ¿Igual déficit y más deuda, pero con menos riesgo país y mejor calificación? Esta contradicción se explica por la pandemia, que dio lugar a un mayor endeudamiento de los estados, aquí y en todo el mundo, lo que fue incorporado por las calificadoras que no sólo ven “el déficit hoy”. Sin olvidar, por cierto, que siempre llegan tarde con sus notas ante los cambios que se observan en la realidad.

Por otro lado, las tasas de interés son mucho más altas que entonces: cuando cambió el gobierno en 2020 la tasa a 10 años de los Treasuries era de 1%, ahora es de 4,5%.

Y, last but not least, el gasto público subió. El gasto primario y corriente del Gobierno Central y el BPS subió en 1,0% del PIB, la inversión pública bajó en 0,1% del PIB y los intereses subieron en 0,5% del PIB. Por lo que el gasto total pasó de 31,1% del PIB en 2019 a 32,5% del PIB en 2024 (en un gobierno que había prometido hacer ajuste fiscal mediante la baja del gasto).

En suma, la situación fiscal constituye, sin dudas, otro “pasivo” de la herencia.

Hay, entonces, activos y pasivos. Pero, lo más importante, desde ahora, es qué harán los herederos. Lo otro, ya es historia.