OPINIÓN

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Hace unos días, invitado por las autoridades de ADM para participar en un evento junto con dos colegas economistas, realicé —como se solicitara, y al igual que cada uno de ellos— un rápido análisis de la situación macroeconómica y las expectativas sobre su evolución en el corto plazo: mencioné también las reformas que pueden permitir un crecimiento sustentable en un mediano término. Mencionaré brevemente las reformas de naturaleza económica que, como señalara en ese evento, personalmente estimo que son condición necesaria —aunque ninguna suficiente— para encaminar al país hacia un crecimiento perdurable.

Las conocidas

Las reformas que se han concretado o que están en etapa de análisis y discusión para su aplicación, son la regla fiscal y la reforma del sistema jubilatorio. Apuntan, en un caso a equilibrar la marcha financiera del sector público y, en el otro, a aliviar el alto y creciente déficit por la diferencia entre ingresos y egresos del BPS.

Hay otras reformas planteadas pero que no registran avances para su aplicación. Una de ellas es la de la política comercial, para la que se procura una flexibilización de las disposiciones del Tratado de Asunción, que permita acuerdos bilaterales de comercio con naciones diferentes a las del grupo del Mercosur. La flexibilización comercial procura ampliar los clientes externos, tanto para poder exportar más como para que consumidores y productores puedan beneficiarse también por importaciones de bienes en condiciones relativamente más favorables que las actuales. Una reforma comercial que llevaría a concretar algo sabido y probado: el área óptima de comercio de una economía pequeña es el mundo y no otro país ni una región.

No menciono a la reforma educativa en discusión, a pesar de los efectos económicos que seguramente tendría en el mediano plazo. No sabría analizar de manera profesional cómo los cambios que introduzca la reforma pueden llevar a un crecimiento económico sustentable.

Las otras

Las siguientes son, al menos, las reformas que deberían ocurrir para mejorar las condiciones para el crecimiento económico. Una es la reforma del modelo actual de negociación colectiva de salarios, por el que participan sindicatos de trabajadores, las agrupaciones empresariales y el propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Se trata de un modelo de negociación que apunta a grupos de empresas de sectores productivos y desconoce así, la realidad de cada empresa y en ella, la realidad de cada trabajador.

La representación de cada firma —su empresario— y la representación de cada trabajador —el sindicato de la empresa—, son quienes conocen las condiciones económicas que ella vive y cuál es el valor de la productividad del trabajador, es decir, cuánto vale en el mercado lo que ayuda a producir, cuánto va a la empresa por la venta del valor que agrega cada trabajador al producto que vende. No es ni racional ni eficiente para el país, que, como hoy sucede, los salarios se fijen con criterios que pocas veces tienen que ver con la actividad y los resultados de la empresa en la que se trabaja. No es racional que se fijen, incluso, con criterios no económicos ni específicos para la realidad que vive la institución.

Otra reforma que se debe encarar para mejorar las condiciones para un crecimiento sustentable, es la eliminación de los monopolios estatales que restringen el bienestar de la población. Evidencia existe de los efectos favorables sobre los consumidores de la desmonopolización de actividades que podían ser desarrolladas hasta hace algún tiempo, solo por el Estado: la entrada de firmas privadas a la provisión de servicios de Internet; el derecho a la portabilidad numérica; la desmonopolización de los seguros y su crecimiento posterior con la competencia de numerosas entidades, así como la competencia privada en la provisión de servicios de telefonía digital, que ha llevado al masivo uso de ellos. En el caso de Ancap, se ha optado por una solución de “segundo mejor” para la fijación de precios de los combustibles, según el precio de paridad de importación ya que persiste el manejo arbitrario y discrecional de esos precios por la autoridad pública. Se sigue desconociendo el mejor resultado que daría el apareamiento de la demanda con la oferta en un mercado de libre entrada y competitivo, desmonopolizado: que sea el mercado el que decida los precios de los combustibles, insumo que al menos hoy y por varios años más, seguirá siendo de suma importancia para la producción nacional.

Otra reforma tiene que ver con la adecuación de la estructura impositiva del país y la participación en la recaudación que tienen los impuestos directos —al capital y al ingreso—, y los indirectos —gravámenes sobre transacciones sobre compras y ventas como el IVA y el Imesi—. El crecimiento de la presión fiscal de los impuestos directos ha trepado, en los últimos quince años, del 20% de la recaudación total al 40%. La introducción de gravámenes como el IRPF y sucesivos ajustes a las formas de determinación de la base imponible de ellos, ha llevado a disminuir el ahorro privado para invertir. La evidencia muestra que, desde hace ya tiempo, la consecuencia ha sido que solo se llevan adelante inversiones a través de los sucesivos programas que ha habido de desgravación impositiva: si se invierte, no se pagan los impuestos correspondientes a la actividad de quien asigna recursos a la inversión.

Reformas de otro tipo pueden también ayudar al objetivo de crecimiento sustentable en el futuro. Las que he mencionado son solo algunas de ellas pero existen otras, con objetivos distintos al económico perseguido, pero que en definitiva le terminan ayudando.