En los programas de gobierno de quienes aspiran a ganar la presidencia de la República, hay temas referidos al ámbito económico que son ineludibles. Uno refiere a la política fiscal y de ingresos adecuada para consolidar la nueva normalidad que mostraría la inflación, que abandonó la zona de confort de la última década y media, al pasar del 8% al 5,5-6% actual. El otro es cómo resolver el encarecimiento relativo del país, conocido como atraso cambiario. Por último, el diseño de una política comercial generadora de avances concretos en la calidad de nuestra inserción internacional, hasta hoy notoriamente obsoleta.

Actuar adecuadamente sobre esas áreas es una de las condiciones necesarias para aumentar la inversión,único camino para fortalecer una tasa de crecimiento insuficiente, que desde hace décadas está por debajo de su potencial, y que frena mejoras en el bienestar social.

Referido al primer tema, gran parte de la comunidad de analistas económicos reconoce que la inflación de Uruguay ahora descendió 2 puntos porcentuales de su nivel histórico anterior (8%), hecho no trivial, cuyo logro implicó absorber los costos normales —aunque temporales— de toda política monetaria contractiva, expresados en el apalancamiento del nivel de actividad las distorsiones de precios relativos entre bienes transables y no transables (atraso cambiario) ante la inflexibilidad en la formación de precios domésticos. Un fenómeno siempre presente en todo proceso desinflacionario, independientemente del tamaño de la economía. Por tanto, es un logro que pagó toda la sociedad, que no tiene signo ideológico y por tanto no puede tirarse por la borda. Para no retroceder, habrá que perseverar para consolidar lo ganado e intentar llevarla a niveles alineados con países similares de la región (3-4%).

La llave maestra es afinar la coordinación entre la política monetaria, la política fiscal, la política de ingresos y el perfeccionamiento de las reglas que rigen la formación de precios domésticos. Sabemos que la política fiscal tiene un piso que es un gasto históricamente creciente e inflexible a la baja por su composición mayoritaria en salarios y seguridad social, incluida la carga creciente del sistema sanitario.

Esa realidad impone un afinamiento extremo de las políticas de ingresos, (salarios) al ser poleas de transmisión de memoria inflacionaria cuando su determinación no tiene en cuenta la senda futura de la inflación, en una fase de la política económica donde la baja de la inflación es uno de sus objetivos. El desalineamiento entre la política de ingresos y la inflación futura esperada acumula distorsiones que deterioran el resultado fiscal e incluso arriesga retornar a niveles inflacionarios más altos. Todos deben reconocer que por detrás existe una puja redistributiva entre quienes naturalmente aspiran a mejores ingresos reales y los límites pautados por variables reales como el crecimiento y los aumentos de productividad, y no por una decisión política que luego diluye la inflación.

El encarecimiento secular del país tiene fuentes diversas, algunas enrabadas con lo recién mencionado, y otras entrelazadas con el alto nivel del gasto público, intenso demandante de bienes no transables que además es inflexible a la baja por la alta participación de salarios, pensiones, gasto educativo y salud pública. Por tanto, la racionalización de ese gasto, buscando lograr más con lo mismo y las desregulaciones que eviten rigideces en la formación de precios por prácticas monopólicas, resultan clave. Lo resumiría en una gran reforma a nivel microeconómico en el sector público y ámbitos regulatorios advirtiendo que es una tarea de envergadura, y que requiere voluntad política para doblegar resistencias de intereses creados.

La política comercial es palanca esencial para potenciar el crecimiento. El Mercosur hasta ahora tuvo más de freno que de impulso, pues no generó un proceso vigoroso de inversión para exportar a un mercado ampliado tal como se imaginó en sus inicios. Nos encerró con un arancel externo que está desalineado con la realidad mundial, atado de la mano del lobby paulista y la industria argentina. Para eludirlo, se ha generado una maraña de excepciones, muchas de ellas unilaterales que son “compensadas” por otras a manera de represalia. Y por último, el disciplinamiento (artículo 32) de ir todos juntos a negociar con terceros, lo cual hace que estemos sujetos a la voluntad del resto, donde Brasil hace sentir su peso político y sus intereses.

Por tanto, esperar resultados distintos haciendo lo mismo desde hace ya década y media, pareciera infructuoso. Reconociendo los tiempos necesarios que requiere implementar cambios en esta materia, dispuestos a forzar el paso para salir del statu quo, y a soportar las eventuales consecuencias de represalia comercial si las hubiera.

Quizás comenzando con una rebaja del arancel externo común para los socios menores del tratado que hasta ahora son los que han pagado altos costos de desviación de comercio. Luego, seguir el camino de lograr para estos países un tipo de asociación similar al de Chile. Esta postura “país” requiere apoyo político global, pues se convierte en una política de Estado, donde debe primar el bien común. No estaría de más que los programas de gobierno integraran acciones en esta materia como política de Estado, acordada por todo el espectro político.