OPINIÓN

En numerosas ocasiones, nos encontramos con posiciones diferentes frente a los resultados que pueden derivar de cambios, en las circunstancias en las que se vive una situación económica dada. Si bien en muchos de esos casos se toma como firme lo que ha resultado de ese cambio en momentos pasados para considerar situaciones similares en el futuro, no siempre eso ocurre y por lo tanto no se evita reincidir con discusiones que solo dilatan la aceptación de lo obvio o de lo ya antes probado. Y eso tiene, por supuesto, el costo del tiempo perdido en polémicas inútiles y que confunden a buena parte de la sociedad. Se trata de polémicas que derivan de una ignorancia desestabilizadora o de objetivos de naturaleza no económica de alguna de las partes en disputa,

En su ensayo sobre la metodología de la economía positiva, Milton Friedman sostenía que el objetivo de la economía positiva es proveer un sistema de generalizaciones que puedan ser utilizadas para hacer predicciones correctas, a partir de la evidencia empírica pasada. En síntesis, concluir que determinados cambios llevan a determinados resultados si, anteriormente, en situaciones similares la evidencia empírica dio su veredicto. Si una de las partes, inevitablemente, sin dudas, fue la que tuvo razón.

Es muy interesante esa exposición del método científico que señala Friedman para analizar las posiciones en torno a lo que ocurriría en ciertos casos, si pasara tal o cual cosa. Como por ejemplo —y voy a citar dos simplemente por su actualidad y no obstante la infinidad de casos de naturaleza similar—, si en una situación de desempleo se propusiera aumentar el salario real, o si la decisión de concederle el derecho al usuario de servicios de telefonía celular a cambiarse de operador de servicios de telefonía móvil manteniendo su número es perjudicial para la empresa estatal y consecuentemente para los usuarios de esos servicios.

Primer caso

En Microeconomía o Teoría de Precios, se estudia la formación de precios en distintos tipos de mercado: competencia, monopolio, oligopolio, monopsonio, oligopsonio. En el caso uruguayo, el mercado laboral es esencialmente competitivo, por lo que el desempleo implica que, a determinado nivel del salario real en la economía, la cantidad de servicios de trabajo ofrecido por las personas es mayor a la cantidad demandada por esos servicios por parte de las empresas.

Sabemos que hay dos posiciones frente a esa situación: una que propone aumentar el salario real sin consideración alguna a la consecuencia que ello tendría sobre el empleo, y otra que advierte, basada en la evidencia empírica pasada, que el aumento propuesto generaría determinadas consecuencias negativas sobre el empleo. La brecha, el desempleo, subiría si, ante la estabilidad de otros determinantes de la ocupación de trabajadores, el salario real aumentara, ya que más servicios de trabajo se ofrecerían y menos se demandarían. La evidencia empírica ratificaría esa conclusión, esa regla, como ha ocurrido en numerosas ocasiones. Por ciertas razones que el lector podrá suponer, una de las posiciones, la que insiste con el aumento del salario real aún en condiciones de desempleo en el mercado laboral, sigue sin aceptar esa regla del mercado: más precio, menor cantidad.

El salario real seguramente tendrá un aumento en el segundo trimestre del año entrante o, tal vez, alguno transitorio antes de ese período. Y podremos observar la razón natural del aumento. ¿Será con incremento del empleo por una mayor actividad económica o con declinación de la ocupación por menor actividad económica o por sustitución de diversos tipos de mano de obra por otros relativamente más eficientes o, incluso, por bienes de capital? En todos esos casos podremos verificar la regla de mercado conocida.

Segundo caso

Desde el 12 de enero de este año está vigente el derecho de los usuarios de telefonía celular a cambiar de operador de servicios de telefonía móvil manteniendo su número. La concesión legal de ese derecho estuvo fuertemente cuestionada por parte de la izquierda política de nuestro país. Se dieron razones para el rechazo que, en ninguna oportunidad tuvieron consistencia racional y que, por otro lado, atentaba contra la libertad de elección de las personas. La campaña en contra llegó, incluso, a cuestionar los beneficios que se le quitarían a la empresa estatal por la competencia que se desataría y, en ningún momento, se mencionaron los beneficios que, por otro lado, traería la libertad de elección para los consumidores de esos servicios.

Hoy es posible realizar una evaluación de los resultados que se han dado a partir del 12 de enero y los que seguirá teniendo la habilitación de ese derecho. Nadie, ni siquiera los opositores a la medida, ha manifestado rechazo de lo que ha ocurrido. La evidencia empírica muestra que todos los uruguayos se han beneficiado con la medida, pues la competencia que se ha dado entre las compañías proveedoras de los servicios indicados, ha provocado una significativa declinación de los precios del servicio y, con ello un aumento de la cantidad de servicios comprados a las empresas involucradas. Incluso a la empresa estatal. Nuevamente en este caso, la evidencia empírica debe servir para evaluar posiciones, sobre todo cuando son políticas.

Los casos señalados deben servir de ejemplo ante discusiones que se dan por grupos que prefieren monopolios estatales antes que la competencia privada o preservar actividades estatales no monopólicas, con altas pérdidas que, pese a la mayor eficiencia de las competidoras privadas, subsisten por transferencias de recursos que en última instancia castigan a la población en general.