El Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) presentó la pasada semana su agenda de reformas pendientes “Un salto al desarrollo”, con el objetivo de convertir a Uruguay “en el primer país desarrollado de América Latina”. Agustín Iturralde, director ejecutivo de CED, afirma que el país necesita ser más eficiente a la hora de asignar recursos y “revisar los regímenes de promociones”. Además, se deben eliminar restricciones, regulaciones y prohibiciones “que impactan en el comercio exterior y consolidan a Uruguay como un país caro”. En esa línea, planean la necesidad de reformas micro “que terminen con el control de pocos” sobre mercados como la salud, combustibles o frutas y verduras. Iturralde afirma que “es clave” agilizar los proyectos de inversión con controles expost en lugar de habilitaciones previas, pero también flexibilizar las regulaciones laborales, “e incorporar la productividad en la mesa de la negociación colectiva. El documento dedica un capítulo a lo que denomina “Un salto al bienestar”, donde entre otros aspectos plantean atender especialmente a la inmigración y una segunda reforma educativa, “con centro en la educación técnica”, subraya el economista. A continuación, un resumen de la entrevista.

—¿Cuál es el objetivo principal de este informe?
—Claramente hay una agenda de reformas pendientes en el país. Uruguay ha hecho cosas; abrió su economía desde la vuelta a la democracia, pero igual tenemos un coeficiente de apertura bajo en comparación internacional y en particular, mirando el tamaño del país. En cuanto a facilidad para hacer negocios, a indicadores de competitividad, regulación del mercado laboral, no estamos bien. En este documento intentamos ordenar todos nuestros trabajos y plantear aquellos asuntos que a nuestro juicio, deberían estar en la agenda social y económica del próximo gobierno.

—Una primera definición, parece ser buscar la forma de ganar competitividad sin renunciar a los niveles de bienestar…
—No somos un país barato y pobre como para crecer a partir de atraer esas inversiones que vienen a buscar mano de obra y otros costos bajos; pero tampoco nos hemos consolidado como un país capaz de atraer inversión más sofisticada, productiva, que busca altos estándares. Uruguay no es competitivo y eso se verifica muy claramente en cómo captamos la inversión. La mayor parte de las inversiones de la que estamos orgullosos en las últimas décadas, ha venido de la mano de algún tipo de régimen especial. O por zonas francas, o la Comap, o a través de puerto libre, o vivienda promovida. O sea, tuvimos que hacer alguna perforación en el tema fiscal para que llegara. En momentos difíciles, el desafío era salir hacia arriba; ahora hay que plantearse la necesidad de ser más eficientes a la hora de asignar los recursos y revisar los sistemas de promoción de inversiones.

—¿Qué habría que hacer en ese aspecto?
—En este momento en Uruguay siguen siendo imprescindibles los beneficios fiscales; ojalá pudiéramos prescindir de ellos. Pero también parece claro que estamos en un momento en el que hay que rediscutir algunas cosas; el objetivo es captar realmente inversión que venga a expandir la frontera de producción. También hay un desafío por el lado de la imposición global que se está discutiendo en el marco de la OCDE. Probablemente tendremos que sentarnos a renegociar con algunos de los grandes emprendimientos, pero creo que Uruguay hoy tiene un margen para moverse. Este es un tema donde nos gustaría avanzar, afinando el lápiz, en futuros estudios.

 —El trabajo hace referencia concreta a la necesidad de mejorar la regla fiscal. ¿Qué se necesita?
—Ha habido una cantidad de críticas saludables a la regla fiscal, apuntando a pensar qué regla queremos y cómo la mejoramos. Por ejemplo, se puede discutir la posibilidad de incorporar un ancla de mediano plazo o cuál es el rato de deuda PIB que es prudente para Uruguay. Este es un tema donde todavía hay un problema y deberíamos buscar una fórmula donde calcular qué es lo prudente en esa materia.

—Otro aspecto que incluyen es el reconocimiento del logro de una inflación más baja, pero deslizan la necesidad de profundizar en esa línea. ¿Cuál debería ser el óptimo de inflación para Uruguay?
—El óptimo debería ser 2-3%, es lo que se toma como referencia a nivel mundial y no hay ninguna razón para conformarnos con menos. Claramente, no es de un día para el otro, y tiene costos de corto plazo y ganancias de largo plazo. Tenemos la expectativa de que se pueda consolidar un escalón intermedio al final de este período. El año va a cerrar con una inflación dentro del rango meta, probablemente algo por encima del 5%. Hay que tratar de que esto se consolide el año que viene. Y si logramos cerrar este quinquenio con inflación en el entorno del 5 o 6%, va a ser un escalón importante y quizás, las encuestas de expectativas empiecen a registrar un nivel más bajo de inflación esperada.

—En cuanto a la inserción internacional, hacen hincapié en que el principal valor de los acuerdos comerciales no son los aranceles, sino ampliar mercados…
—No podemos tener una economía sustancialmente más competitiva, socialmente más productiva, si no es significativamente más abierta. Los países grandes, han hecho procesos interesantes de crecimiento económico sostenido en marcos mucho más proteccionistas, tienen otro margen. Nosotros no podemos darnos ese lujo. Está bien, no queremos pagar centenares de millones de dólares en aranceles, pero hay que apuntar a exportar a un nivel per cápita que sea cercano al doble del que estamos exportando; las exportaciones en Uruguay están en niveles similares hace muchos años. Por eso decimos es que los acuerdos son importantes, mucho más por lo que exportamos nuevo que por los servicios que no pagamos.
Pero además de la apertura, de acuerdos comerciales con todos aquellos que podamos, hay una agenda interna que son las barreras que tiene Uruguay, debido a los mercados protegidos, que incrementan notoriamente los costos. En esa línea, también planteamos una agenda pro competencia, de los aspectos más importantes de nuestro documento. La clave es cómo desatamos algunas “vacas” que no se tocan. Hay que desatarlas. En particular, hay temas vinculados al comercio exterior, con restricciones o directamente prohibiciones a la importación, lo que hace que esos productos sean muy caros en el país.

—¿De qué manera se modificarían esos regímenes de importación?
—Las explicaciones provienen del lado de la economía política. Un caso conocido es el de los pollos, con una cuotificación insólita para la importación, económicamente muy difícil de entender. En el 2022, en el medio de la pandemia y con aumento de precios, hubo una liberalización de la importación, lo que implicó una baja del precio muy significativa para el consumidor. Pero después se revirtió. Con las frutas y las verduras tenemos una situación muy particular también, con permisos que se requieren que son insólitos y muy poco centrados en el consumidor. Hay más, indudablemente. Algunas empresas multinacionales que tienen productos de higiene personal en un régimen casi monopólico. Me consta que se trabaja en abrir ese mercado, lo que sería muy bueno. Hay que ir mercado por mercado cambiando regulaciones. En otros casos son cosas más claras.

—¿En los combustibles, por ejemplo?
—En el caso de los combustibles, entendemos que hay que ir por la liberalización, pero de toda la cadena. No es solo la importación, también la distribución y la comercialización. No es un tema de dogmas, es poner en el centro a la mayoría.

Juan Manuel Ramos/Archivo El Pais

—En el plano laboral, apuntan a flexibilizar la regulación y poner la productividad en la mesa de la negociación colectiva…
—Tenemos que modernizar las relaciones laborales, y hay temas en donde todos vamos a estar de acuerdo en que hay espacios para la mejora. En la forma de que legalmente se puede disponer de la licencia, por citar un punto, donde la ley dice que sólo se puede fragmentar en dos unidades de 10 días, y no es lo que pasa en la realidad. Pusimos de ejemplo una reforma laboral que aplicó el gobierno del PSOE en España que nos parece que acomoda la regulación laboral al mundo actual, que permite algunos niveles de especificidad por empresa, por categorías laborales, mucho más adaptados a la realidad. En cuanto a la negociación colectiva, deberíamos ir hacia un sistema que considere el tamaño de las empresas, el lugar donde están ubicados, la capacidad de autonomía de las empresas a hacer acuerdos. Tenemos que otorgar más flexibilidad para que se acuerden condiciones entre trabajadores y empleadores que hoy no se pueden hacer, o lo que es peor, lo hacen igual. También, tenemos que dar un marco de certezas más claro para que las empresas y los trabajadores puedan negociar cosas más específicas de cada lugar de trabajo.
En cuanto a categorías, claramente hay criterios que no siguen la realidad.
Este es un tema típico de los que podemos hablar en privado con empresarios y sindicalistas y hay cuatro o cinco cosas en las que nos podemos poner de acuerdo. Pero en público es muy difícil de conversar. Hay que discutirlo con madurez, en un país que tiene un modelo de protección social muy importante, un Estado con un rol importante, que nadie puede desconocer. Hay espacio para modernizar aspectos vetustos y dar un salto hacia adelante.

—Precisamente, también hacen referencia a un Estado más simple y con las personas en el centro. Hablan de desburocratizar. ¿Qué significa?
—Preferiría no volver a hablar de una gran reforma del Estado como la madre de todas las batallas. Capaz que hay que hacerlo, no es en lo que nos enfocamos nosotros. Lo que creo que hay espacio es para, a partir de la tecnología, de la economía del comportamiento, la inteligencia artificial, a partir de muchas cosas muy buenas que ya están pasando en el Estado uruguayo, podamos hacer cosas concretas que mejoren el vínculo de las personas y las empresas estatales con la gente. Pasar de la lógica de los trámites a la lógica de los servicios. Es donde tenemos mayores posibilidades de hacer cosas concretas.

—Vuelvo a los trámites y las regulaciones. ¿Cómo se levantan regulaciones sin desproteger los bienes tutelados por el Estado?
—Creo que hay una gran revisión general para hacer, eliminando normas y regulaciones. Por ejemplo, aquellos emprendimientos que necesitan de habilitación y son de bajo riesgo, desde lo ambiental o social, deberían estar mucho más exentos de controles y regulaciones, pasando a controles expost.
Más que la habilitación previa, con esperas interminables de meses y meses, deberíamos ir a la lógica de las declaraciones juradas, aprobación tácita y después, si se descubre que hay una equivocación, un error o una mentira, se le castiga con dureza. En el caso de la Comap, concretamente, hay bastante espacio para avanzar en este sentido. Empresarios que trabajan en muchos países dicen que acá nunca vieron una “coima”, como ocurre en otros lugares, pero sí, trámites muy lentos y muchas veces, el que conoce a alguien termina haciendo una llamada para acelerar un expediente. Eso tampoco es bueno.

—El concepto de “un salto en el bienestar” de la sociedad que se plantea en el documento, ¿en qué se basa?
—Que la infancia es una prioridad no puede ser sorpresa para nadie. Es imperativo para que el país se desarrolle y con un país en crecimiento vamos a poder hacer más cosas. Tenemos una deuda con la primera infancia, en un país donde hay un sesgo hacia la tercera edad en el gasto público y donde la evidencia es absoluta de que no sólo es moralmente y éticamente imprescindible sino que es lo más eficiente económicamente, que lo que yo gasto en un niño que no nació o en un niño que es su primer año de vida tiene mucho más retorno en el empleo, en la educación y en la seguridad y en la convivencia.
Después nosotros agregamos dos cosas que consideramos importantes.
Uno es el brutal desafío demográfico que tiene Uruguay por delante. No hay conciencia, ni siquiera en la elite intelectual, del drama que se viene. Tenemos una tasa de fecundidad que es japonesa, por debajo de casi toda Europa. En este tema, ponemos foco en dos aspectos. Uno, la libertad. Necesitamos es que las familias, y en particular las mujeres, tengan más libertad para tener los hijos que quieran tener. Hay encuestas que muestran claramente que las mujeres de clase media responden, las familias de clase media responden, que les hubiera gustado tener más hijos de los que tuvieron. Y que obviamente el costo económico, es parte de la decisión. Creo que hay espacios para desarrollar algunos planes de conciliación de la vida laboral con la vida familiar, de cuidados, que nos permitan, en una primera instancia, frenar la caída de la natalidad.
El segundo punto, es la inmigración. Uruguay es un país que sorpresivamente empezó a recibir nuevamente inmigración de vuelta y tenemos una deuda grande en cómo los tratamos. Hay un problema grande en los pasaportes que les emitimos, hay un tema de acceso a la vivienda, también en revalidación de títulos, entre otros temas. Tenemos que buscar la vuelta para facilitar la vida a los inmigrantes.

—En este contexto demográfico, el Censo 2023 nos confirmó que prácticamente nuestra población no ha crecido…
—Tenemos que tener claro que lo único que crece en Uruguay son los mayores de 65 años. La reforma tradicional, que sin duda fue en la buena dirección, se hizo sobre bases que ya están quedando cortas y básicamente, eso hace que todo vaya a pasar antes. Realmente el peso que va a tener sostener el envejecimiento de la población uruguaya es muy grande y lo será más en pocas décadas. Y ese es un tema de Estado, no puede ser política de un gobierno. Luego de los últimos datos divulgados sobre el Censo 2023, este va a ser un tema que va a entrar en la campaña electoral.

—¿Hacia dónde se orienta la segunda generación de la reforma educativa que plantean?
—Creo que lo principal es poder apostar a tener un sistema educativo mucho más cercano o menos de espaldas con el mundo laboral. Sé que puede levantar críticas, pero para quien no es polémico es para los estudiantes, que cuando son encuestados dicen que les gustaría que lo que aprenden en el liceo les sirviera más para la vida laboral. Hay espacio para una transformación muy grande de la UTU, que sea realmente el gran bachillerato laboral; proponemos que la UTU salga de ANEP y que tenga otra lógica distinta, en el ámbito público, pero con otra flexibilidad. Hay que poner una ficha grande por la formación técnica.