OPINIÓN

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Argentina insiste en escribir el manual de lo que no debe hacerse. Para colmo, se siguen mandando a imprenta, reiteradamente, sus ediciones actualizadas y ampliadas. Y si bien lo que más impacta, por ser lo más difundido, con información al instante, es el caos macroeconómico (precios de sus numerosos tipos de cambio, riesgo país, índices de Bolsa), no le van en zaga los problemas en el ámbito social y en el de la microeconomía.

Algunos datos de la macroeconomía bastan para describir una realidad insostenible y que deja ver un ajuste, cuyo diseño, como tantas veces antes, dependerá de si el gobierno se anticipa a hacerlo o si deja que se lo imponga la realidad. Y se sabe que la realidad suele imponer uno mucho más doloroso que el que diseñan los gobiernos, por peor que éste resulte.

La inflación está en el 52%, la economía crece considerablemente (se espera 8,3%) pero sin recuperar la considerable caída del año pasado (-9,9%), el riesgo país está en 1.750 puntos básicos, las reservas “disponibles” por el BCRA se acercan a cero y la brecha entre el dólar comercial oficial y el informal o blue es del 100% (datos del viernes 19). El BCRA asiste regularmente al Tesoro imprimiendo pesos argentinos y la deuda con el FMI, de US$ 43 mil millones, requiere un acuerdo que Argentina pretende hacer sin ajustar sus cuentas ni reformar su economía. En 2021, hasta el 16 de noviembre, por “adelantos transitorios” y “transferencia de utilidades”, el BCRA giró al Tesoro AR$ 1,4 millones de millones, un 54% de la base monetaria de fin de 2020.

Mientras tanto, en el frente social, los millones de “planes” que concede el gobierno apenas han permitido frenar el crecimiento de la pobreza. Según la encuesta permanente de hogares del Indec, que abarca a 28,9 millones de personas, la pobreza se ubicó en el 40,6% de la población en el primer semestre de este año, mientras que la indigencia, que incluye a las personas cuyo ingreso no alcanza a cubrir la canasta básica, llegó al 10,7% de la población.

Pero quiero poner el foco hoy en el otro ámbito de políticas disparatadas, el de la microeconomía, donde la distorsión de precios relativos es extrema, como consecuencia de la aplicación simultánea de numerosos instrumentos retrógrados: los impuestos a las exportaciones, los subsidios al consumo de energía y otros servicios públicos, los productos con precios topeados y, como sucedió hace unos meses con la carne, la prohibición de exportar. Por el lado de las importaciones, el cepo al acceso a los dólares las tiene limitadas, curiosamente por alegarse la falta de dólares en un mundo en el que sobran.

El diseño del sistema tributario también genera numerosos problemas en Argentina. En estos días el gobierno quiere aprovechar la mayoría parlamentaria que no tendrá desde el 10 de diciembre para aprobar un nuevo tributo, con lo que serían casi 20 los creados o aumentados en este período de gobierno y casi 170 los vigentes.

En el caso de este nuevo tributo, que gravará a los envases, se dan todos los requisitos para “llenar el ojo” de los ignorantes en materia de tributación. Primero, una causa noble, la ecología. Luego un nombre atractivo, la “Tasa Ambiental de Responsabilidad Extendida”. Tercero, su producido destinado a un fin benemérito, un sistema de reciclado de residuos con inclusión social.

Más allá de las sospechas acerca de que en realidad se estaría creando una nueva “caja” para el uso político partidario, afectar la recaudación de un impuesto (disfrazado de tasa en este caso) a un fin específico, está en contra de la necesaria flexibilidad de la política fiscal.

Otro serio defecto del proyecto, que establece una tasa impositiva de 3% sobre el precio de los envases de limpieza, higiene, alimentos, bebidas y medicamentos, es su aplicación “en cascada”, en la medida en que los alimentos envasados suelen producirse a partir de insumos también envasados.

Los bienes afectados por esta disposición representan un tercio de la “canasta familiar”, que es la parte de ella que está compuesta por bienes (dos tercios son servicios). En la medida en que cada producto terminado haya usado insumos envasados, puede llegar a superponerse hasta tres veces el impuesto, por lo que, en caso de poder ser trasladado a precios, daría lugar a un aumento del IPC de 2% a 3%.

En materia de recaudación, daría lugar al equivalente a dos puntos de IVA, pero generando considerables distorsiones de precios relativos que el IVA no genera.

Sin dudas, Argentina es un espejo donde no mirarse en materia de políticas económicas. Pero desde nuestro país no debemos dejar de recordar que disparates como el referido eran moneda corriente en este lado del Plata hace algunas décadas: la infinidad de impuestos, muchos de ellos muy pequeños y muy costosos en su administración, distorsivos de los precios relativos y por consiguiente de la asignación de recursos, y con rentas afectadas a fines específicos.

Todavía quedan algunos resabios de esa época pretérita, que son pocos y sobre los cuales no hay una conciencia suficientemente extendida. Sin embargo, son “duros de matar” y pasan los gobiernos y sobreviven. Hay algo de eso en el transporte, en la salud y, notoriamente porque el gobierno lo puso sobre la mesa, en el caso del supergás. En general, ocurre en sectores de servicios, o de bienes no transables, muy regulados por el Estado.