ENTREVISTA

Recientemente, un informe del Observatorio de la Deuda Social de Argentinaadvertía sobre un 40% de argentinos con privaciones sociales permanentes, tanto por la ausencia de ingresos como por la falta de derechos sociales fundamentales, como vivienda, sanidad o educación. Agustín Salvia (*), director del Observatorio, advierte que solo la transferencia de ingresos impide que esas cifras sigan creciendo. “La pobreza, la desigualdad y la marginalidad tienen carácter estructural”, sostiene Salvia. El informe señala que a lo largo de los últimos diez años, 7 de cada 10 argentinos fueron pobres en algún momento, mientras que más de 3 de cada 10 lo fueron de forma permanente. “Es como si a Argentina le sobraran 20 millones de habitantes”, se lamenta. Habla sobre “el fin de un ciclo”, no porque se vislumbre una mejora, sino porque no hay lugar para una caída mayor, aunque salir de esta situación “llevara 20 o 30 años”. “Si los políticos no lo advierten, la realidad se los llevará por delante”, asegura. A continuación, un resumen de la entrevista.

—¿La cifra más dolorosa de la crisis económica de Argentina es la que refleja cómo caen decenas de miles de persona cada año bajo la línea de pobreza?

—Hay un problema estructural crónico en materia de exclusión social que lleva los índices de pobreza al 40% e incluso por encima, si uno no considerara los programas sociales que hoy afectan o atienden a buena parte de la sociedad argentina. Pensemos que el 35% de los hogares en Argentina recibe algún tipo de ayuda social —que es casi algo más del 40% de la población— ya sea por la Asignación Universal por hijo, los programas de Potenciar Trabajo, las pensiones no contributivas. La asistencia social se ha extendido de manera muy importante en Argentina, porque no hay un mercado de trabajo para una parte importante de la sociedad. No hay trabajos de calidad. No hay creación de trabajo en la pequeña y mediana empresa. Y lo que florece es la informalidad laboral, los trabajos de subsistencia, la marginalidad laboral, la ilegalidad laboral y en ese contexto, también la economía social. Y parte de esa economía social, asociada a los programas de potenciar trabajo, hoy atienden a más de 1.300.000 personas.

—Ese problema estructural se ha profundizado en la actual coyuntura…

—Argentina experimenta un problema estructural de marginalidad, de pobreza, bebido a la falta de buenos trabajos y de creación de empleo. Ahora, en cuanto a lo coyuntural, saliendo del escenario COVID del año 2020, hubo un proceso de recuperación importante de la economía, el año pasado del 10% y de este año se espera que sea 3 o 4% al menos, de crecimiento del PIB. Eso significó una importante recuperación de trabajos perdidos en el contexto de pandemia, debido a un volumen importante de obra pública que está llevando adelante el gobierno y a una generosa extensión de los programas sociales a través de bonos y premios especiales o adicionales. Eso está dejando como resultado una caída de la pobreza medida por ingresos por debajo del 40%, aproximadamente a un 37% como ocurrió el segundo semestre del año pasado. Pero todo eso es ficticio, en el contexto de una burbuja de inflación y de consumo. Y mientras los problemas estructurales siguen estando ahí.

—Un país de 45 millones de habitantes que cuenta con un muy bajo porcentaje de trabajadores formales en el sector privado; ¿una ecuación imposible?

—Argentina tiene 20 millones de personas que son la población económicamente activa, de las cuales 12 millones están teniendo un empleo formal, 3 millones en el sector público, solamente 9 millones en el sector privado; del resto, un millón de desocupados y cerca de 7 millones que están trabajando en el sector informal de la economía. Dentro de ese universo de informalidad, 3 millones y medio pertenecen a la llamada economía de la pobreza, economía de la marginalidad y 1.300.000 de ellos tienen un programa social.

—Estamos hablando de una pobreza medida por el método del ingreso, que, si la viéramos en forma multidimensional, ¿sería aún peor?

—Cuando hablé de pobreza que se redujo, lo que baja en Argentina es la pobreza extrema, la tasa de indigencia. Esa pobreza extrema está alrededor del 6-7%, pero sin los programas sociales se triplicaría, estaría por arriba del 20%. Pero esos programas sociales no permiten salir de la pobreza en sí, lo que hacen es que la pobreza no sea más extrema. Pero si consideráramos no solo los ingresos, sino otras carencias sociales básicas como una vivienda digna, no vivir hacinados o tener cloacas, un servicio de agua o vivir en un área no contaminada, o tener servicios de salud o de educación, ahí la situación es mucho peor. Si lo medimos ya no en términos de ingresos, los niveles de pobreza, de quienes tienen al menos dos de esas carencias sociales fundamentales que no tienen que ver con el ingreso, llegaríamos al 47-48%.

—Son niveles pocas veces vistos en la historia argentina…

—Pero es que vienen creciendo sistemáticamente en los últimos 35-40 años. Es un largo proceso de deterioro y decadencia en términos de una sociedad donde no se logra articular una política pública capaz de generar inclusión social. Es como si a Argentina le sobraran 20 millones de habitantes.

—¿Son peores estos números de pobreza que los de la crisis de 2001?

—No, todavía no, pero la crisis del 2001 duró mucho menos. El último trimestre de 2001 y un semestre del 2002. Después cayó fuertemente la pobreza en un contexto de recuperación económica. Pero esta situación de ahora es distinta, es algo que es crónico y persistente. Estamos en niveles de 35-40% de pobreza desde hace ya diez años, en un contexto de estancamiento, solo compensado estacionalmente por las burbujas electorales que inyectan más programas sociales.

—Son generaciones que se pierden…

—Y sí. En Argentina, uno de cada tres jóvenes no estudia ni trabaja, están en situación de exclusión. Y muchos de esos jóvenes son los hijos de la crisis del 2001. Y los niños de hoy serán los jóvenes y adultos dentro de 15-20 años. Efectivamente, estamos dando paso a una generación de niños entre los cuales el 60% viven en hogares pobres. Una generación de niños excluidos, no solo de procesos de sana y adecuada alimentación, sino también de adecuado cuidado de la salud y desarrollo, de la educación y de sus capacidades intelectuales, emocionales e incluso de su potencial ciudadano.
Eso indudablemente compromete el potencial de desarrollo del país y de su gente.

—¿Cómo se revierte una situación así?

—Yo creo que no es reversible en un solo gobierno, ni en dos. Argentina tiene enorme potencialidad para crear una dinámica de crecimiento y de recuperación económica y social. Pero esto llevará dos o tres décadas. De todos modos, creo que estamos en un fin de ciclo, que debemos iniciar un proceso de cambio y que se podrá revertir esta situación, pero llevará mucho tiempo.

—¿Qué significa ese fin de ciclo?, ¿se vislumbra un cambio?

—No, no es que se vislumbre, es que será necesario. El fin de ciclo es la crisis. Se nota en Argentina una crisis tanto monetaria como financiera. La inflación se agrava y es insostenible, el sistema de financiamiento por endeudamiento también es insostenible. Y las políticas populistas basadas en distribución de ingresos o subsidios que no estén fundadas en una adecuada capacidad de recaudación y de producción de riqueza para recaudar esos impuestos producidos por la riqueza, también. Está agotado. No hay mucho margen más.
Se van los empresarios del país, se van los jóvenes formados en el país.
Un modelo político-económico que requiere de nuevas coaliciones de gobierno, de nuevos consensos políticos que permitan superar la grieta ideológica peronismo-antiperonismo o liberalismo-progresismo. Y que se ocupe, como parte de un proyecto político, de estabilizar la economía, de garantizar equilibrios macroeconómicos que son fundamentales, al mismo tiempo que promuevan la inclusión y fomenten la redistribución más justa o equitativa de los excedentes.
Todo eso parece ser una demanda creciente en la sociedad, en tanto no hay mucho espacio para reeditar ni las políticas liberales, ni las políticas populistas.

—Esta realidad de la pobreza y la inminencia de una crisis por agotamiento de los modelos en pugna, ¿es un asunto claro a la hora del debate público?

—Yo creo que los medios de comunicación de alguna manera recogen lo que parece ser el bochinche cotidiano, el pleito diario al interior del gobierno o entre el gobierno y la oposición. Y detrás de esos conflictos que marcan la inmadurez de la clase política argentina, están los problemas reales de la gente, que nada tienen que ver con la lucha por el poder. Los medios toman lo que discute una clase política que actúa en función de las próximas elecciones. Y lo que se necesita es actuar por las nuevas generaciones. Hay un gran desfase entre la clase política y las demandas sociales.

—¿Cuál debería ser el primer objetivo en esta coyuntura?

—El primer escalón es reducir la inflación y generar una estabilización monetaria y financiera que tranquilice tanto a los mercados como a los factores económicos, a que los ponga a pensar en qué invierten sus excedentes. Hoy por hoy, estabilizar la economía y bajar la inflación sería el gran logro de cualquier administración. No importa el color político. Y es algo que demanda la gente, porque con eso al menos podría comenzar a planificar el día a día con sus propios ingresos. La inflación que se proyecta 80% para este año hace impracticable, no solo un proceso de inversión productiva rentable o equilibrada, sino también que las familias administren sus ingresos con un gasto razonable y al mismo tiempo, tengan capacidad de ahorro y de invertir en su propio desarrollo humano.

—Convencer al argentino con capacidad de emprender e invertir de que lo vuelva a hacer…

—Es un proceso que tiene que ver con el deterioro de los horizontes de futuro, es decir, la incertidumbre. No hay certidumbre sobre el día después. Y si no hay capacidad de pensar en el día después, estamos muy mal. Y quienes se van sumando a la pobreza son las clases medias, que son emprendedoras, que tienen capacidad de trabajo y proyectos laborales o productivos, de movilidad social. Hoy están enfrentando la fuerte frustración de un sistema que los tira para abajo.
Necesitamos que las pequeñas y medianas empresas se vuelquen a la producción de bienes y servicios y a la exportación, demandando nuevos empleos. Con lo cual, también habrá que repensar las instituciones y las normas laborales para los sistemas de pequeñas y medianas empresas, así como los sistemas fiscales o impositivos que faciliten efectivamente que el mundo emprendedor tenga facilidades e incentivos para invertir y crear trabajo.

—Con generaciones que se reproducen en la pobreza y severos problemas en el sistema educativo, ¿cómo se puede aproximar al trabajo formal a ese núcleo de informales?

—Son varias décadas de exclusión. Y así como no hay demanda de empleo para estos trabajadores, si la hubiera, muchos de ellos tampoco lograrían incorporarse, porque no tienen las calificaciones que se necesitan. De ahí también que, a buena parte de ese submundo de la informalidad se lo podría volcar a contribuir a la creación de riqueza y de valor social, de bienes y servicios. Me refiero a las tareas de cuidado, los servicios en los comedores, actividades de recreación y deporte, de desarrollo artístico. Actividades de cuidado de la infraestructura pública de los barrios más pobres. Todo esto demanda mucho trabajo y estos trabajadores, hoy fuera de mercado, podrían ocuparse de promover el desarrollo local y el bienestar colectivo comunitario a través de servicios de este tipo, que ninguna empresa los va a llevar adelante. Los tiene que llevar adelante el Estado y hoy no lo hace. Son espacios muchas veces aislados, marginados y que quedan a merced del narcotráfico, el narcomenudeo, y que deberían recuperarse.

—Otro de los cuestionamientos es el alto número de funcionarios públicos en un país con servicios deficitarios…

—El ajuste sobre los empleados públicos no se debería hacer en términos de cantidad, sino de calidad. Se necesitan más maestros y más enfermeros y enfermeras y médicos. No es tanto la cantidad el problema, sino la productividad de esos trabajos, la capacidad de que esos trabajos generen una mayor calidad en los servicios públicos, incluso en los administrativos.
Hay que pensar también en una reforma del Estado. Los trabajadores públicos, en promedio, ganan más que el promedio del sector privado formal, producto de la capacidad de negociación política, producto también de gobiernos que han sido populistas, aunque se hayan presentado, en algún caso, como liberales.

—¿Hay señales de un camino hacia el cambio real, más allá de la alternancia de familias ideológicas en el poder?

—Este es el desafío que creo que está enfrentando la clase política. O toman las decisiones que tienen que tomar tanto para navegar esta situación de crisis como para proponer una salida, o la realidad se los va a llevar puestos.

(*) Investigador Principal del CONICET. Sociólogo, Magíster en Ciencias Políticas y Sociales y Doctor en Ciencias Sociales. Director de Investigación del Observatorio de la Deuda Social Argentina en la Universidad Católica Argentina.