Pasados seis meses de la asunción de Milei como presidente, queda claro que el gobierno tuvo éxito frenando la escalada inflacionaria —que corría riesgo de convertirse en hiperinflacionaria— que dejó plantada la administración anterior. La gestión económica mostró cierta dosis de pragmatismo que no necesariamente era evidente hace seis meses (entiéndase por pragmatismo, no dolarizar ni quitar el cepo y licuar el gasto público, lo discursivo es otra historia).

La tasa de inflación mensual, que había promediado 7% en el primer semestre de 2023 y 12% en el segundo, se habría ubicado en torno a 5% o 6% en mayo. No fue magia, la rápida reducción de la inflación tuvo detrás al fuerte (e inevitable) ajuste fiscal, que permitió frenar la emisión monetaria, y al ancla cambiaria, que fijó la devaluación mensual en un 2%. También contribuyó a moderar la tasa de inflación el “sinceramiento” inicial de precios que afectó fuertemente al consumo y los efectos del ajuste fiscal que deprimieron a la economía. En el primer trimestre del año, la actividad económica se contrajo un 3% frente al cierre del año pasado y en torno a 6% frente al primer trimestre de 2023. Se destacan las caídas en comercio (11%), industria (13%) y construcción (23%), que fueron matizadas por el rebote del sector agropecuario que el año pasado sintió el impacto de la sequía.

El resultado fiscal pasó de un déficit del 5% del PIB en 2023 a alcanzar el equilibrio fiscal en el primer cuatrimestre del año. La falta de apoyo político en el Congreso para implementar un plan integral —o como mínimo, más ordenado— redundó en que gran parte del ajuste haya ocurrido “licuadora” mediante. En los primeros cuatro meses del año, el gasto público se contrajo un 32% en términos reales y los ingresos un 5%. Sin embargo, parece poco probable que en ausencia de un acuerdo político que distribuya los “costos” del ajuste entre la población y las provincias, este sea sostenible en el tiempo.

La caída real del gasto en prestaciones sociales (jubilaciones en su mayoría) fue del 25% y explicó el 40% del ajuste del gasto total. Los subsidios económicos (que cayeron 36% en términos reales) y los gastos de funcionamiento (cayó 21%) explican otro cuarto del ajuste y el resto lo explica la caída en la inversión pública (85%) y las transferencias a las provincias (76%). Excepto por los subsidios económicos, en donde todavía hay margen para continuar corrigiendo el “atraso tarifario”, el margen para evitar una corrección al alza del gasto real parece limitado.

¿Es sostenible la reducción del gasto en prestaciones sociales? ¿Es posible no aumentar las transferencias a las provincias en un contexto en donde escasea el apoyo político al gobierno en el Parlamento? La semana pasada, la oposición (radicales y peronistas) votó en Diputados una nueva fórmula jubilatoria, que de aprobarse en el Senado tendría un costo fiscal de 0,45% del PIB. Si bien puede ser vetada por el presidente, es un síntoma de que la falta de acuerdo político en el plano fiscal erosionará, tarde o temprano, el equilibrio fiscal.

Un acuerdo no es solamente necesario para recomponer el poder adquisitivo de las pasividades, lo es también para comenzar a levantar el cepo cambiario, condición necesaria para reactivar la economía. El impuesto PAIS —que proviene del cepo y fue incrementado a partir de enero— contribuyó en forma significativa al equilibrio fiscal y no parece posible quitarlo en un contexto de incertidumbre fiscal y de escasez de reservas. Con cepo, la probabilidad de que la economía recupere su dinamismo es limitada.

Adicionalmente, la ausencia de un acuerdo fiscal también condiciona la trayectoria bajista de la inflación ya que el postergado ajuste de tarifas y las paritarias (ajustes de salarios) comenzarán a generar cierta inercia. En una materia en donde el gobierno está bajo la lupa —Milei fue electo, entre otras cosas, para terminar con la inflación— un freno en el descenso de la inflación, o peor aún, un rebote, no es solamente un problema económico, lo es también político.

La falta de un (mínimo) acuerdo a nivel político comienza a verse reflejado en los precios de los activos argentinos (bonos y acciones). El riesgo país, que había bajado al entorno de los 1.200 puntos, se acercó nuevamente a los 1.500 y el (todavía leve) rebote de la brecha cambiaria dificulta la acumulación de reservas por parte del BCRA, que deberá enfrentar pagos de intereses en el tercer trimestre y está por verse si debe amortizar el Swap con China. Si las turbulencias financieras se trasladan al tipo de cambio se convierten también en un problema político.

Hasta ahora, el gobierno ha logrado mostrar logros (fiscales e inflacionarios) sin la necesidad de acordar con la “casta” gracias a los buenos niveles de aprobación que mantiene. Sin embargo, en la medida en que los efectos de la recesión comiencen a materializarse en el mercado laboral y se terminen de consolidar los ajustes tarifarios, el equilibrio fiscal basado únicamente en la licuación no parece sostenible políticamente ni conveniente desde el punto de vista económico. Por ello, el gobierno necesita cuanto antes mostrar algún resultado en materia legislativa si pretende llegar con chances a las elecciones parlamentarias de 2025.