OPINIÓN

Al momento de escribirse esta nota había fuertes rumores acerca de que finalmente el gobierno había alcanzado un acuerdo con los grupos de acreedores respecto de la deuda bajo legislación extranjera. El número final en el cual se acordó no es relevante para la evolución de la macro argentina; la diferencia entre las posturas que cada parte tenía a finales de julio era poco significativa (US$ 2.000 millones nominales en dos décadas y 3 centavos en valor presente). Lo relevante es que el acuerdo eliminaría una de las fuentes de incertidumbre que afectan hoy a la capacidad de recuperación de la economía.

Y sumamente importante es que, en la medida en que la participación minorista haya llegado al 35% del monto a canjear y si los grupos de bonistas grandes, como sostienen, poseen entre 50% y 61% de cada grupo de bonos, es muy probable que Argentina alcance los mínimos necesarios para activar las Cláusulas de Acción Colectiva sin recurrir a la “creatividad” de la estrategia Pacman. De ese modo, el canje sería por el total, sin litigios en el extranjero, lo cual evita los costos asociados a estos procesos y, además, despeja cualquier duda acerca de que el país salió del default.

La magnitud de los problemas económicos de Argentina deja poco tiempo para el festejo. El paso siguiente es negociar con el FMI una postergación de pagos que, en 2022 y 2023, suman aproximadamente US$ 18000 millones en cada año. Si se opta por un acuerdo de facilidades extendidas, habrá que incluir reformas estructurales y consistencia macroeconómica.

Eso requiere una mejora paulatina en las cuentas fiscales y acumular reservas internacionales, dado el precario punto de partida inicial. Nada muy distinto a lo que planteó el Ministro Guzmán en sus presentaciones en el Congreso, posiblemente ajustadas a un punto inicial mucho peor: el déficit primario de este año sería entre 7 y 8% del PIB, más del doble del incluido en esas proyecciones.

¿Cómo pensar la consolidación fiscal en una situación como esta? La forma técnica de resolver el tema es apuntar a un cambio en el déficit primario neutro, ajustado por el ciclo. Eso significa que cualquier mejora en los ingresos fiscales que genere la recuperación económica se destina a reducir el déficit primario, y lo mismo se hace por el lado del gasto primario. Si la economía mejora, deben reducirse los aportes de ATP e IFE a empresas y familias en forma proporcional. Eso todavía deja pendiente la mejora fiscal que era necesaria para pasar de un déficit primario pre-pandemia de 1% del PIB a un superávit primario de 1% del PIB.

De esta forma, la política fiscal sería neutra hasta que se recupere la economía. La corrección de alrededor de dos puntos del PIB restantes debería provenir de reducciones estructurales del gasto primario. Dado el peso del gasto previsional, muchas veces se pone el foco en este rubro; de hecho, hay una comisión en el Congreso que analiza posibles cambios a la fórmula de indexación de los haberes.

Sin embargo, la corrección del problema no saldrá de buscar magia por el lado de la fórmula de ajuste. Con fallos de la Corte Suprema de Justicia respecto a la indexación de los haberes, no hay cambios en la fórmula que permitan ahorros permanentes en los gastos. A lo sumo habrá “ahorros transitorios” que resultarán en litigios y mayores gastos futuros.

Además, el problema no está en el sistema contributivo, cuyos gastos son los pagos de haberes a quienes cumplieron con sus aportes en la vida activa, y sus ingresos, la recaudación de aportes personales y contribuciones patronales. Como se observa en el gráfico que acompaña esta nota, el sistema contributivo, aún después de la Reparación Histórica, estaba cercano al equilibrio en 2019, y ello a pesar de que la recesión de ese año redujo los ingresos.

Es evidente de la lectura del gráfico que acompaña a esta nota que el problema previsional argentino se originó en los pagos de más de 3 millones de beneficios a personas que no cumplieron con sus aportes. Este subsidio universal, de casi 3% del PIB, filtraba hacia el 40% más rico de la población, lo que equivale a algo más de un punto del PIB.

Hacia adelante, este problema no está resuelto. Los regímenes especiales son una fuente de déficits futuros. Medido por la cantidad de casos, los regímenes especiales más relevantes son el monotributo y el de empleadas domésticas, quienes recibirán una jubilación mínima con aportes muy inferiores a los que hace un asalariado cuya remuneración le dé derecho a esa misma jubilación mínima. Reponer la asociación entre aportes y beneficios es central para la sostenibilidad de un sistema previsional.

Pero ¿cómo financiar el desequilibrio fiscal durante la pandemia? Dado el escaso aporte que haría el financiamiento con deuda, no parece haber otra opción a seguir cobrando impuesto inflacionario.

Además, la acumulación de reservas también requiere emitir, dejando menos espacio para el fisco para una inflación dada. Sin embargo, esto puede ser viable si se “ancla” dentro de un programa con el FMI que dé un paraguas de credibilidad, y sería mucho más fácil si, además, el gobierno anunciara un programa económico que alentara la inversión privada. Para ello, no hacen falta subsidios ni desgravaciones fiscales, sino mostrar estabilidad en las reglas de juego y eliminar regulaciones costosas e ineficientes.

Lamentablemente, el gobierno (a veces acompañado por la principal coalición de oposición) va por el camino contrario. Desde Vicentín, Edesur, impuestos extraordinarios a la riqueza (luego de multiplicar por varias veces el impuesto existente), propuestas de reducir las tarifas de servicios públicos, hasta regulaciones cambiarias exóticas, la prohibición de despedir, la duplicación en las indemnizaciones por despido y la ley que regula el Teletrabajo, son sólo algunos ejemplos.

Luego de la recuperación, se necesitará un fuerte aumento en la inversión privada. Si no hay suerte con los precios internacionales, la utilización de regulaciones e impuestos anti- inversión tendrá que ser compensada con un tipo de cambio real mucho más depreciado. Y eso no luce muy alentador para los trabajadores.

(*) Economista Jefe de fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) de Argentina.