OPINIÓN

Al momento de redactarse esta columna, todavía no se conoce la carta de intención que el gobierno argentino firmaría con el FMI pero, en base a la información publicada por el Ministerio de Economía del Entendimiento al que se habría llegado hace unas semanas atrás y trascendidos periodísticos, se puede hacer un análisis preliminar.

El sendero fiscal

El déficit primario del gobierno nacional debería reducirse de 3.1% del PIB en 2021 (excluyendo los DEG recibidos por la ampliación del capital del FMI) a 2.5% del PIB este año, con reducciones adicionales en cada año, de modo tal de lograr el equilibrio primario en 2025 y un superávit en los años siguientes. Sin embargo, el esfuerzo fiscal del primer año es mayor al que sugieren estas cifras, porque no estarán los ingresos extraordinarios que se obtuvieron el año pasado del aporte solidario (0,5% del PIB) y, además, porque el déficit del segundo semestre fue inusualmente alto, como consecuencia del aumento en el gasto público en un año electoral.

Los subsidios a la energía constituyen el ejemplo más notorio de este comportamiento expansivo, originado en la decisión de ajustar las tarifas menos del 10% en un año en que la inflación superó el 50%; pero la mayoría de los ítems que componen el gasto primario terminaron el año en un nivel superior al promedio, lo cual deja un arrastre complicado para la meta fiscal. Es posible, entonces, que la reducción prevista del déficit primario sea del orden de 2% del PIB y no del 0,6%.

Para lograr una reducción de esa magnitud, y si además se quiere proteger a la inversión pública, el gobierno no tiene muchos “candidatos”: subsidios al sector privado y transferencias corrientes a provincias. De allí que los aumentos planteados por los entes reguladores de 20% en las tarifas de electricidad y gas natural no hayan sido suficientes, incluso computando la segmentación por valor de las propiedades que aportaría sólo 0,08% del PIB. Parecería que finalmente la segmentación será en tres grupos de consumidores: los que residen en propiedades con alto valor (un grupo, incluso, más amplio que el sugerido por los entes reguladores), los beneficiarios de la tarifa social que sólo pagarían el 20% de aumento y el resto de consumidores que tendría un aumento mayor, del orden del 40%.

En cualquier caso, los subsidios difícilmente bajen en gran medida como consecuencia de los shocks negativos al costo de la energía: sequía que reduce el aporte de las centrales hidro, reducción en las cantidades de gas natural importado de Bolivia por merma en la producción en ese país, y mayor precio del LNG agravado recientemente por la invasión rusa a Ucrania. Si bien habría alguna compensación por el lado de la recaudación por el mayor precio de los granos y oleaginosas que disparó el conflicto en Europa, ésta sería mínima. En efecto, las retenciones son, como máximo, un tercio del valor FOB, mientras que el subsidio al gas — medido respecto del combustible más caro que, en definitiva, es el que cerrará la brecha entre demanda y oferta— es al menos 90% del precio de importación.

El gobierno pretende aumentar la recaudación por dos vías: aumento en la valuación fiscal de los inmuebles y mejoras en la administración tributaria. En ambos casos, si hay algún efecto, será en 2023. Las valuaciones fiscales a los fines de la recaudación del impuesto a los Bienes Personales de este año son las vigentes a fines de 2021. Y dicha valuación depende de los gobiernos provinciales. El gobierno nacional pretende acelerar la implementación de un catastro federal (que se aprobó en 2006), pero en el pasado algunas provincias optaron por aumentar alícuotas dejando la valuación atrasada para recaudar más de su impuesto inmobiliario sin que ello resultara en una suba similar en el gravamen a los bienes personales. Y las mejoras en la administración tributaria, habitualmente, demoran varios ejercicios en impactar en forma visible en la recaudación.

Emisión y financiamiento con deuda

La emisión del BCRA para el fisco se reduciría a un ritmo mayor que el del déficit primario, lo que obliga al gobierno a colocar deuda por algo más de 2% del PIB en 2022 y 2023. Para ello se prevé algún aporte de organismos internacionales diferentes del FMI y colocación neta (por encima de los vencimientos de capital e intereses) en el mercado local.

No se conocen los detalles de la proyección del resultado cuasifiscal. El compromiso de que las tasas de interés sean positivas en términos reales debería hacer que el déficit del BCRA ajustado por inflación sea positivo y de lugar a una preocupación mayor.

En la mayoría de los casos, el aporte de los organismos multilaterales depende del grado de avance de los proyectos. Por ejemplo, el Banco Mundial anunció proyectos por US$ 2.000 millones para este año, cifra similar a la de 2021. Pero, en los hechos, los desembolsos del año pasado fueron menos de la mitad, cifra que se obtiene de revisar el aumento en la deuda con ese organismo que, en las estadísticas oficiales, fue de alrededor de US$ 800 millones, a lo cual hay que sumar alrededor de US$ 100 millones de intereses.

Reservas internacionales

El acuerdo prevé aumentar las reservas internacionales netas en US$ 15.000 millones en tres años (US$ 5.800 millones en 2022). Es un objetivo razonable dada la precaria situación de reservas del BCRA, pero ambicioso.

Al mismo tiempo que se propone aumentar las reservas en esa magnitud, se supone que la cuenta corriente del balance de pagos será menos superavitaria (los US$ 5.600 millones en 2021, se reducirían a US$ 2.500 millones este año, y a 2.000 y 1.500 millones en 2024). Si se cumplen esas proyecciones, debería lograrse un superávit en la cuenta capital por la diferencia. Una parte se obtendría aumentando la deuda con el mismo FMI, que aportaría US$ 4.500 millones (la diferencia entre lo que sería el monto del Acuerdo de Facilidades Extendidas y la deuda actual con ese organismo). Pero el resto requiere de una mejora importante en la confianza que o bien aumente la inversión extranjera directa o bien reduzca la salida neta de capitales del sector privado por pagos de deuda o acumulación de activos externos.

Proyecciones macroeconómicas

El crecimiento previsto para este año es del orden del 4% influido por un efecto arrastre importante, pero luego sería de alrededor de 2% por año. Se buscaría que la inflación sea entre 38% y 48% para luego reducirla en 5 puntos porcentuales por año.

La meta inflacionaria de este año es muy optimista, porque durante el primer semestre del año se pagará parte del costo del exceso fiscal y monetario del segundo semestre de 2021 y la recomposición de algunos precios regulados ante el agotamiento de los controles de precios y tarifas.

Si se cumplen las metas fiscal y monetaria sería posible bajar la inflación en forma significativa, pero debe tenerse en cuenta que el ajuste rezagado de las jubilaciones genera un aumento en el gasto previsional si se reduce mucho la tasa de inflación.

Conclusión

El acuerdo con el FMI evitará el default con ese organismo y con el Club de París, lo cual es positivo porque la inestabilidad macroeconómica se hubiera potenciado; sin embargo, no parece suficiente para reducir drásticamente la desconfianza actual medida por un riesgo país en niveles estratosféricos. Las divisiones en la coalición de gobierno que son de público conocimiento despiertan dudas sobre la capacidad del gobierno de cumplir las metas fiscales este año y, sobre todo, el próximo, en el cual hay elecciones.

(*) Daniel Artana es Economista Jefe del FIEL (Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas)