ENTREVISTA

Argentina lleva dos años de negociaciones con el FMI, con el objetivo de reprogramar su abultada deuda y evitar el peor de los escenarios: un nuevo default. El tiempo se agota, y para Héctor Torres, un ex funcionario del Fondo consultado en esta instancia por los técnicos de la institución, confía en el acuerdo “que ambas partes quieren”; de lo contrario, el desenlace no puede ser peor: “un salto devaluatorio e inflacionario, con un aumento en la pobreza, el desempleo y una caída de la producción sumado a una muy probable corrida contra los depósitos en dólares”, subraya. La clave de las condiciones puestas por el FMI pasa por un programa económico sostenible, incluyendo un ritmo de reducción del gasto que el gobierno no parece dispuesto a ceder. Para Torres, “pesa mucho” la desconfianza del Fondo en el gobierno argentino y ayuda muy poco “la polarización interna” en el vecino país. Admite que el FMI y el gobierno de Macri son corresponsables del abultado endeudamiento argentino y cuestionalos “sobrecargos” que cobra el Fondo Monetario a países en desarrollo con alto nivel de deuda. A continuación, un resumen de la entrevista.

—¿Usted ha sido consultado en este proceso de evaluación, como argentino, ex funcionario del Fondo?

—Sí. El grupo de evaluadores del FMI ha consultado a muchos analistas y también a ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri. No creo que la nacionalidad de los consultados sea un criterio importante. Seguramente aprecian la oportunidad de mirar las cosas desde diferentes ángulos…

—¿Y qué posibilidades cree que tiene Argentina de cerrar un acuerdo a corto plazo?

—Ambas partes quieren llegar a un acuerdo, por lo que no pierdo las esperanzas de que sea posible.
Para darnos financiamiento a diez años, el FMI pide un programa económico que incluya reformas que permitan que la Argentina deje de necesitar financiamiento del FMI. Creo que ello requiere arreglar dos problemas: en primer lugar, generar saldos positivos, sostenidos e importantes en la cuenta corriente. Sin asegurar un ingreso genuino de dólares, los argentinos no van a recobrar la confianza en el peso. En segundo lugar, las reformas también deberían promover un equilibrio fiscal, para lo cual es indispensable aumentar los recursos del Anses, lo que sólo sería posible con políticas que estimulen la creación de empleo formal.

—¿Lo que el gobierno le pide al Fondo, que sea más flexible en la cuestión fiscal, es viable?

—Guzmán dijo que si se redujera el gasto al ritmo que pide el FMI, se comprometería el crecimiento de la economía. El problema es que el gasto público financiado con emisión monetaria estimula más la desconfianza que la inversión. Solo el gasto público financiado genuinamente puede servir para darle un empujón a la economía. Es como intentar arrancar un automóvil dándole un empujón. Tal vez arranque, pero no nos va a llevar a ningún lado si no tiene nafta en el tanque. La nafta que nuestra economía necesita es la inversión privada y eso solo se logra generando confianza.

—¿Cuánto pesa la falta de confianza del FMI sobre las posibilidades de un plan creíble y sostenible para la economía argentina?

—Mucho. Si el programa con el FMI se focaliza en la reducción del gasto, podría generar oportunidades para el sector financiero. Pero para que haya inversiones de las que crean empleo y exportaciones, será indispensable contar con un plan de reformas creíble, que puedan ser continuadas después del 2023.

—¿La polarización política interna de Argentina juega en contra?

—Sí, sin lugar a dudas. Cualquier programa con el FMI está destinado al fracaso si no logramos consensos sobre políticas que puedan ser continuadas después del 2023.
Para lograr consensos sobre políticas de mediano plazo es indispensable que los sectores más moderados asuman el liderazgo. El dilema es que eso solo parece posible si llegamos a una situación de “pánico”, algo que tendríamos que evitar….

—¿Cuán decisivo es para el futuro de Argentina cerrar cuanto antes su acuerdo con el FMI?, ¿Es imprescindible?

—Argentina no va a desaparecer si no hay acuerdo, pero las consecuencias serían muy graves. Además de caerse la posibilidad de tomar préstamos de las instituciones internacionales de crédito, se complicaría mucho el comercio exterior. Los bancos podrían no ofrecer cartas de crédito para las importaciones que necesita la industria y se complicaría la prefinanciación de exportaciones. Esto llevaría a una caída del producto, más pobreza y, por ende, más problemas fiscales. A esto se agrega una previsible corrida para retirar los depósitos en dólares de los bancos y un salto cambiario.

—¿Qué rol juega EE.UU. como principal accionista del FMI en este caso?

—Formalmente los programas con el FMI se aprueban por mayoría simple, es decir, teóricamente un programa con la Argentina podría aprobarse sin el apoyo de los EE.UU. Pero Kristalina Georgieva no le pediría al directorio la aprobación de un programa que no cuente con el apoyo de los EE.UU.

—El presidente Alberto Fernández culpa a su antecesor, Mauricio Macri por la responsabilidad de la deuda. ¿Aquella operación del Fondo en 2018, fue una buena opción? 

—Argentina está endeudada por sus repetidos déficits, tanto fiscales como de cuenta corriente. Eso viene de muy lejos. Que yo recuerde sólo tuvimos superávits gemelos, fiscal y de cuenta corriente durante la gestión de Roberto Lavagna. Dicho esto, yo soy muy crítico del programa del 2018. Con mucho menos préstamos del FMI, el gobierno podría haber reperfilado la deuda con los acreedores privados. Fue temerario tomar esa cantidad de dinero y mantener la cuenta capital abierta. La corresponsabilidad del FMI en esto surge claramente de la reciente autoevaluación que preparó un grupo de funcionarios del Fondo

—Precisamente, en esa autoevaluación de diciembre, el FMI adjudica a la fuga de capitales de parte de residentes parte de las causas de que el programa no fuera exitoso; ¿coincide con esa valoración?

—Me consta que el staff del Fondo le pidió al gobierno que restrinja la salida de divisas. Recibió una respuesta contundente: “es impensable, vinimos a levantar el ‘cepo’, no nos vamos a ir poniéndolo”.

—¿Si no hay acuerdo, eso repercutirá en la operativa del fondo de aquí en adelante?

— Sería un desprestigio que el programa más importante del FMI termine en un default.
Si no hay acuerdo, no hay programa y las consecuencias más graves la sufrirían los argentinos y, en particular, los más vulnerables.

—Cuando refiere a consecuencias graves, ¿concretamente en que piensa?

—Un salto devaluatorio e inflacionario, con un aumento en la pobreza, el desempleo y una caída de la producción sumado a una muy probable corrida contra los depósitos en dólares.

—¿El FMI mantiene su operativa tal como funcionaba cuando usted formó parte? ¿Cuáles son los cambios reales?

—Las instituciones multilaterales evolucionan en tiempos geológicos. Pero creo que el Fondo ha cambiado bastante en algunos aspectos. Percibo un FMI con más conciencia de la importancia que tienen factores idiosincráticos en el resultado de sus recetas. Entiende mejor que hay factores culturales que condicionan el resultado de las políticas que ha venido recomendando. Creo también que el Fondo ha ampliado el espectro de los temas que considera temas “macro-críticos”, es decir temas que no pueden ser ignorados en sus recomendaciones y programas. El cambio climático, la distribución del ingreso y el empoderamiento de las mujeres son tres claros ejemplos.

—En EE.UU. varios congresistas y economistas han advertido que los “recargos” que cobra el Fondo para algunos países, con deudas abultadas o determinado perfiles de país, son abultados, y terminan por complicar aún más a los países receptores… ¿eso es así?

—Los sobrecargos que cobra el FMI alimentan el capital precautorio del FMI, es decir, los recursos que puede usar para hacer frente a defaults y otras posibles pérdidas. El problema es que Argentina es, a la vez, el mayor riesgo de default que enfrenta el FMI y también el país que con más fuerza está pidiendo la reducción de los sobrecargos. Pero aún con los sobrecargos, el costo de los préstamos del FMI es mucho menor que lo que Argentina debería pagar en el mercado.

Dicho esto, es injusto que los sobrecargos se gatillen cuando un país pide financiación de más del 187% de su cuota, lo que se llama “acceso extraordinario”. Las cuotas de los países, es decir su participación en el pool de recursos que administra el FMI están sumamente atrasadas. Han aumentado mucho menos que el crecimiento de las economías. Por ello, es cada vez más común que los países necesiten “acceso extraordinario”. El problema es que, como en el FMI el derecho de voto es proporcional a las cuotas, los países que tienen cuotas relativamente más importantes (principalmente los europeos), se niegan a aumentarlas porque una redistribución proporcional al crecimiento de las economías los haría perder poder relativo.