OPINIÓN

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La política económica, una vez más, ha sido llamada para enfrentar otra emergencia inesperada. En este caso, el conflicto bélico en Ucrania desató inestabilidad a nivel mundial, que en el plano económico se traduce en contracción económica, aumentos significativos de la inflación tanto en el mundo desarrollado como emergente y, por encima de todo, la presencia de incertidumbre creciente.

Sobre este terreno movedizo, los gobiernos ya están actuando para amortiguar los impactos negativos de un shock inesperado con impacto global. Además, este escenario inesperado arrastra vicios de una coyuntura pasada pero reciente, percutida por la pandemia y los anuncios de políticas monetarias más restrictivas provenientes de los principales bancos centrales del mundo, buscando reducir la liquidez extraordinaria emitida para paliar crisis anteriores.

Los acontecimientos recientes trastocaron la incipiente recuperación global, desquician programas económicos, distorsionaron expectativas dejándole a los bancos centrales la disyuntiva de seguir o no con sus posturas de combate a la inflación, recientemente anunciadas, a riesgo de generar aún más recesión en la actividad económica.

Los datos del reciente informe Perspectivas Económicas Mundiales del FMI son elocuentes. La proyección de crecimiento global para 2022 es de 3,6%, cuando en enero/22 era 4,2% y en octubre/21, 4,9%. La guerra aceleró una caída en curso, si tenemos en cuenta que en 2021 el crecimiento global fue de 6,1%. Dentro de este panorama, lo positivo es que Estados Unidos y China son los menos afectados, con crecimiento estimado de 4,2 y 4,7 % respectivamente. El problema es el surgimiento de la inflación, resultado del aumento del precio de la energía, las materias primas y los alimentos.

Las proyecciones de octubre/2021 para EE.UU. eran de 3s5% en 2022. Hoy se proyectan en 7,7%, con perspectivas de seguir subiendo. Para la eurozona, la proyección ha sido aumentada en 1,7%, llevándola a 5,3% también con perspectivas de aumento.

Es prematuro afirmar que estamos entrando en un escenario global de estancamiento con inflación, pues no se conoce aún la dimensión temporal del fenómeno. En otras palabras, no sabemos aún si estamos entrando en un cambio estructural a escala global que afecta el crecimiento de manera permanente. Tampoco sabemos si lo que percibimos como suba inflacionaria no es otra cosa que cambios en precios relativos temporales, que generan impulsos inflacionarios de corta duración y que distorsionan expectativas.

Esta realidad se trasvasa a lo largo y ancho del mundo, obligando a los gobiernos a actuar ante los reclamos de los afectados que encuentran eco en los sectores políticos que los representan. Es uno de esos momentos cruciales para la política económica, obligada por las circunstancias a trazar rumbos y ejecutar acciones con horizontes cambiantes motivados por hechos externos. Con ese telón de fondo, sus propuestas no están contenidas en un manual, sino que adquieren la dimensión de arte, pues se crean de acuerdo a las circunstancias del momento, conjugando aspectos políticos de la coyuntura, la priorización de objetivos de acuerdo a los instrumentos disponibles y la preservación de la consistencia entre las políticas en curso.

El gobierno acaba de anunciar medidas para amortiguar el impacto inflacionario, actuando por el lado de los ingresos y no de los controles de precios. Es lo más adecuado si se trata de preservar el poder de compra de los consumidores, pues la otra alternativa ha sido siempre un fracaso histórico. El gobierno también sabe que su contrapartida es siempre una expansión fiscal, aunque según los anuncios su costo es moderado (0,3% del PIB). Tiene sin embargo dos efectos colaterales insoslayables.

Por un lado, refuerza la indexación salarial, agregándole memoria inflacionaria a la formación de precios. Es una decisión de gobierno, obligado por las circunstancias, que necesariamente pospone el abatimiento de la inflación al rango meta anunciado por el BCU. Por otro lado, la permanencia de la postura actual de la autoridad monetaria de utilizar la tasa de interés como herramienta antiinflacionaria en un contexto como el actual, amplifica la apreciación del tipo de cambio lesionando el nivel de actividad del sector transable, en particular al que atiende al mercado doméstico.

Las circunstancias hacen que la política económica opere en un escenario de enorme incertidumbre, cuya prioridad es el mantenimiento de los ingresos reales. En este contexto, calibrar las políticas para no lesionar la consistencia macroeconómica es un enorme desafío. También lo es la coordinación de las políticas fiscal y monetaria. El esfuerzo del BCU de bajar la inflación al rango meta usando la tasa de interés en las circunstancias actuales es contraproducente. Su resultado más potente en estas circunstancias es presionar temporalmente a la baja el tipo de cambio real.

Esperar hasta que aclare para luego arremeter con decisión a la inflación es mejor que desalentar el nivel de actividad en tiempos de recesión global.