Emergencia energética

La última cumbre europea de 2021, celebrada el pasado jueves en Bruselas, ha estado dominada por los tres grandes temas de la agenda comunitaria durante este año: el interminable combate con el virus de la covid-19, la vertiginosa escalada de los precios de la electricidad y la explosiva partida geoestratégica con un presidente ruso dispuesto a retocar las fronteras nacionales del Viejo Continente. Los 27 han logrado pactar una posición común sobre el azote de la pandemia y cerrar filas frente a las amenazas de Vladímir Putin contra Ucrania. Pero la crisis energética, con su tremendo impacto sobre la opinión pública de varios países, provoca profundas fisuras en el seno del club, con España entre las voces más airadas contra la aparente pasividad de Bruselas.

Finalmente, tras horas de discusión, los Veintisiete no han logrado acordar unas conclusiones sobre energía.“No hemos podido llegar a un acuerdo”, ha lamentado al término de la cumbre Pedro Sánchez, que ha acudido a la capital comunitaria con la intención de dejar claro que no ve suficiente el paquete energético adoptado por la Comisión Europea esta semana, que entre otras cosas propone la creación de reservas estratégicas de gas y la posibilidad de que los Estados miembros puedan acogerse a un esquema voluntario de compra conjunta de combustible dirigido a estas reservas –una medida que nació de una propuesta española en septiembre–.

España, según fuentes de La Moncloa, ha querido centrar la discusión energética en si la UE está haciendo lo necesario y de forma suficientemente rápida. Y ha presionado para arrancar, en el texto de conclusiones del Consejo, compromisos concretos, como la capacidad de reacción temprana para frenar las altas volatilidades en los precios de la energía o abrir la puerta a una futura remodelación del modelo de fijación de precios que tenga en cuenta la mayor presencia de energías renovables.

El Gobierno español ha llegado a la cumbre con el aval de un documento de posición, preparado hace unas semanas, que apoyan también Francia, Italia, Grecia y Rumania, países que suman el 45% de la población europea.

Otros Estados creen que el debate está zanjado y se escudan para ello en el reciente informe de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) de la UE, encargado por la Comisión, que consideraba contraproducentes algunas de las propuestas españolas.

El bloque de países reticentes al cambio (Alemania, Austria, Dinamarca y Finlandia) defiende el mercado actual de electricidad y achaca la crisis de precios a la “recuperación económica mundial”. Confían en un descenso de los precios a partir de la primavera, pero ese consenso empieza a chocar con una coyuntura inflacionaria más larga y potente de lo previsto.

Abrir el debate de la energía en Bruselas tiene un precio: se sabe dónde empieza, pero nunca dónde acaba, porque una vez se abre la caja de los truenos salen las distintas sensibilidades nacionales. Polonia, por ejemplo, que reclama actuar contra la especulación del régimen de comercio de emisiones de CO2 y ha ido uniendo a su alrededor a un grupo de países creciente, entre ellos la Hungría de Viktor Orbán; o Francia, que pide que se reconozca como verdes las inversiones en energía nuclear en la llamada taxonomía, una clasificación que aprobará la Comisión previsiblemente esta semana y que distinguirá qué es un bono verde y qué no, con el objetivo de teledirigir las finanzas hacia la transición ecológica emprendida por la UE. Y a la que se resisten varios países como Alemania y Austria.

Finalmente, el bloqueo que ha impedido adoptar unas conclusiones no lo han provocado los temas que España ha colocado sobre la mesa, sino las reclamaciones que han ido surgiendo en paralelo. Polonia y República Checa han dinamitado el acuerdo, según fuentes diplomáticas, por su empeño en negociar una reforma profunda del mercado de derechos de CO2. Y en cuanto a la taxonomía, Francia y Alemania, en una comparecencia conjunta del presidente Emmanuel Macron y del canciller Olaf Scholz al término de la cumbre, han dejado claro que están buscando la forma de que tanto el gas como la nuclear puedan ser acomodadas dentro de la lista de algún modo. “Esto es una cosa pequeña dentro de una cosa mucho más amplia”, le ha restado importancia Scholz.

Las compras conjuntas, en cualquier caso, sí son vistas con buenos ojos desde La Moncloa. La propuesta de regulación es extensa y aún tardará meses, o años, en ser adoptada. “Falta ver los detalles, pero la melodía suena bien”, dicen fuentes del Gobierno.

La negociación sobre los precios de la energía ha arrancado en Bruselas hacia las dos de la tarde, después de un largo debate sobre la COVID-19, y ha tenido que abandonarse en varias ocasiones, para dar pasos a otros asuntos de considerable peso, como las sanciones a Rusia, para luego regresar a lo mismo. Hacia las ocho de la tarde, fuentes diplomáticas reconocían que la cosa iba para largo. Las negociaciones se han roto definitivamente en torno a la medianoche. Y, poco después, Sánchez ha expresado su frustración ante la prensa. “Ha habido estados que no han aceptado el acuerdo de mínimos, que a nosotros nos vale”, ha señalado. “Y han mezclado temas que no han tenido que ver con el alza de los precios”, llegando a cuestionar de forma “inaceptable todo el sistema de compromiso climático”.

Sanciones “enormes” contra Rusia

De algún modo muchos de los debates planteados en la cumbre conducían al mismo lugar: Rusia. De la migración que entra por Bielorrusia, al gas (Rusia es el principal suministrador de la UE, cerca del 40%) pasando, cómo no, por Ucrania.

La UE ha querido blindar su postura ante Moscú con una línea roja y clara: la invasión de Ucrania conllevaría unas sanciones de una dureza no vista.

Las conclusiones del Consejo son un aviso a Putin: “Cualquier nueva agresión militar contra Ucrania tendrá enormes consecuencias”. El objetivo último, llegado el conflicto bélico, sería aislar a Rusia económicamente. Bruselas aún confía en que Putin se avenga a negociar una desescalada.

Pero como ha afirmado el Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, “esperamos lo mejor, pero nos preparamos para lo peor”.

Esta tensa situación protagoniza un Consejo Europeo en el que la UE quiere subrayar dos ideas: por un lado invoca la desescalada y la vía diplomática para desactivar la bomba de relojería geopolítica a las puertas de la Unión; por otro, amaga con una batería de sanciones y medidas punitivas que agotan los adjetivos en los foros diplomáticos —“contundentes”, “severas”, “serias”, “rotundas”—. La Comisión Europea lleva meses preparando este paquete de opciones, pero su contenido se guarda bajo siete llaves.

En línea con las conclusiones, en la entrada de los jefes de Estado y Gobierno al Consejo Europeo se plegaban a este guion. “Tenemos que subrayar otra vez la inviolabilidad de las fronteras y que haremos todo juntos para asegurar que esa inviolabilidad se mantiene”, ha destacado el canciller alemán, Olaf Scholz, quien ha respaldado la decisión de su ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, de expulsar a varios miembros de la Embajada rusa en Alemania.

Precisamente el nuevo mandatario alemán debuta en esta cumbre y cada gesto suyo es detenidamente escrutado, pues Bruselas se ha convertido en un hervidero de incertidumbre ansioso por saber el contenido de este paquete. Mensajes similares ha lanzado la primera ministra finlandesa, Sanna Marin, y el polaco, Mateusz Morawiecki, quien ha señalado que tenía que quedar claro que era optimista sobre la posibilidad de “llegar a unas conclusiones comunes que anunciaran una respuesta si hay una agresión militar contra Ucrania”. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en cambio, apenas se ha detenido en el asunto. Solo ha mencionado que estaba en la agenda de un día que prevé que sea “muy largo”.

Los líderes de los Veintisiete han dado el visto bueno a que el certificado covid caduque a los nueve meses si no se recibe una dosis de refuerzo, tal y como propuso la Comisión Europea hace tres semanas. La medida, que ahora tendrá que redactar el Ejecutivo comunitario a través de un acto delegado —una decisión de nivel técnico que podría llegar la semana que viene, según fuentes del Gobierno, aunque entraría en vigor el año que viene— busca dar un impulso a la inoculación de las dosis de recuerdo en la población europea, a medida que avanzan los contagios de la nueva variante Ómicron.

Esto, traducido a lenguaje diplomático, significa que los líderes han negociado la inclusión de una frase en las conclusiones del Consejo Europeo que hace referencia a cómo la situación epidemiológica sufre un “deterioro” vinculado a la nueva variante, por lo que se subraya “la importancia de un enfoque coordinado sobre la validez del certificado de vacunación COVID Digital de la UE”, y se “toma nota de que la Comisión adoptará un acto delegado sobre esta cuestión”, señala el texto acordado, que añade: “El despliegue de la vacunación a todos y el despliegue de las dosis de refuerzo son cruciales y urgentes”.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha expuesto durante la cita la situación actual de la pandemia, donde el panorama es muy distinto según la latitud europea: va del 82% de población vacunada en Dinamarca (y algo más del 15% con la tercera dosis) al 26,2% de inmunizados en Bulgaria (con tasas próximas al cero en cuanto a dosis de refuerzo), según cifras del Ejecutivo comunitario. España se encuentra por encima del 74% de vacunados y del 10% de ciudadanos con el recuerdo. Pero nueve miembros han vacunado con dos dosis por debajo del 60%, mientras que la media europea se sitúa en el 67,2%, según datos del Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés).

Con la llegada del invierno a la vuelta de la esquina, el temor crece en Europa por el peligro de que la nueva ola de contagios frene de nuevo la economía y suponga un lastre a un motor que comenzaba a cobrar impulso, con el PIB de la eurozona recuperando el nivel previo a la pandemia.

También crece el miedo a que regresen los movimientos unilaterales y descoordinados dentro de la UE, después de que varios países, como Grecia, Portugal e Italia, hayan introducido el requisito de una PCR negativa para los viajeros intracomunitarios, estén o no vacunados.

Las medidas unilaterales han sido parte de un acalorado debate que se ha extendido durante la mañana, con varios países defendiendo la necesidad de estas medidas para evitar tener que confinar a la gente en sus casas, según fuentes diplomáticas. España, y otros socios comunitarios, como Bélgica, han afeado en cambio los riesgos de la descoordinación, según fuentes de La Moncloa.

Pero la realidad es que ni la Comisión ni el Consejo ven con malos ojos que algunos países decidan romper la unidad e imponer medidas restrictivas en casos extraordinarios. Las conclusiones pactadas dejan margen suficiente para que los Estados decidan libremente qué hacer en sus fronteras, pero les pide garantías de que cualquier restricción se base “en criterios objetivos” y que “no socave el funcionamiento del mercado único ni obstaculice de manera desproporcionada la libre circulación entre los Estados miembro”.