Para Bruno Gili, en los cinco años de esta administración, debería lograrse la articulación y ejecución coordinada de las políticas públicas que permitan un mayor desarrollo de la ciencia, innovación y tecnología en el país, como parte de la estrategia que el nuevo gobierno ha puesto en marcha. A Gili se le encomendó la labor de consolidar el ecosistema innovador, en el ámbito de Presidencia de la República. “Una gran cantidad de agencias y programas que se fueron desarrollando en las últimas décadas, pero necesitamos articulación y coordinación para lograr mejores resultados”, apuntó. Sostiene que es necesario discutir los instrumentos, herramientas y políticas que permitan una mejor transferencia tecnológica y una mejor valorización del conocimiento. En esa línea, “desempapelar” el Estado, quitar trabas burocráticas y facilitar al inversor que esté orientado a innovar. También apuntan a consolidar instrumentos que acerquen financiamiento al ecosistema. Para Gili, las empresas públicas y las grandes compañías privadas instaladas en el país tienen “un rol protagónico por delante”, según la estrategia en la que se pretende avanzar. A continuación, un resumen de la entrevista.

—¿Cuál es el mandato para esta nueva institucionalidad?

—En los últimos diez años Uruguay ha tenido un crecimiento económico bajo, y entre las razones podemos ver que la productividad del país no está creciendo al ritmo que necesitamos; para mejorar la productividad se necesita inversión. Se necesita capital humano bien formado y también innovación, combinar bien estos dos factores para poder mejorar la productividad, que es lo que hacen los países desarrollados. Tenemos un set de herramientas y agencias que Uruguay ha ido creando para potenciar el mundo de la innovación. Pero dependen de distintos ministerios, tienen diferente gobernanza, con objetivos que a veces se solapan y el esfuerzo que se hace no está efectivamente coordinado. Son esfuerzos que no parecen estar dando el resultado esperado. Pero además, también debemos considerar dentro de ese ecosistema a las instituciones educativas, los centros de investigación, los parques tecnológicos; y también están las empresas, chicas, medianas, grandes, las nuevas a crear y las empresas importantes locales, que necesitamos que estén mejor insertas en el mundo, con más valor agregado, para lo cual necesitan innovación. La misión que tenemos es diseñar un ecosistema donde ocurran las sinergias adecuadas, donde podamos aprovechar el potencial de todos los actores.

—¿De qué forma pretenden alcanzar esos objetivos?

—Necesitamos discutir los instrumentos, herramientas y políticas que permitan una mejor transferencia tecnológica y una mejor valorización del conocimiento. Y también necesitamos ver las regulaciones, los incentivos a la inversión, los marcos de competencia, los incentivos fiscales, los bienes y servicios públicos que producimos, educación, salud, infraestructura, seguridad, que efectivamente no sean obstáculos al desarrollo del mundo empresarial.
En lo particular, estaré trabajando más próximo a los temas vinculados a regulaciones o situaciones de monopolios en mercados, en la búsqueda del diseño correcto de incentivos para más innovación. Mi foco es intentar que con el conjunto de instrumentos y agencias de los que disponemos, potenciemos la innovación en la economía, desde la generación de conocimiento hasta la colocación de un producto nuevo, innovador, en algún mercado del mundo.

—¿Cómo se ordena una tarea de esas características, con tal disparidad de objetivos y agencias?

—Hay cuatro grandes líneas de trabajo; por un lado, redefinir el ámbito institucional correcto; por otro, potenciar el desarrollo de políticas científicas y de investigación en Uruguay; además, potenciar el mundo empresarial en cada uno de los ámbitos comerciales y en particular las grandes empresas, los incumbentes, que cumplan un rol distinto. Tanto públicas como privadas. Y la cuarta, revisar y rediseñar las regulaciones.
Hay otro reto en particular que es muy importante, relacionado con los instrumentos vinculados para el financiamiento, así que también vamos a trabajar en los mecanismos de cómo financiar este desarrollo de políticas e instrumentos.

—¿En qué piensan en cuanto a financiamiento?

—Hay tres niveles para potenciar la innovación en el sentido amplio de la palabra. Va a haber presupuesto público, el nuevo gobierno está comprometido con eso, de hecho los partidos políticos se habían comprometido ya en el 2014 a evaluar la posibilidad de un incremento en las partidas presupuestales. Por otro lado, va a haber acuerdos con organismos internacionales para financiar este programa y contar con el flujo financiero en los tiempos necesarios para enfocarnos no solo en financiamiento, sino en capacidad y asistencia técnica para desarrollar estas nuevas políticas. Por último, necesitamos ser muy inteligentes en incentivar la inversión. Si diseñamos buenos instrumentos, por ejemplo, lo atinente a la Comap (comisión de aplicaciones, Ministerio de Economía), posiblemente podamos atraer nuevas inversiones, inclusive para hacer investigación y desarrollo.
Tenemos que ver si podemos potenciar la industria del venture capital y de los inversores ángeles, qué cosas podemos innovar en términos de cómo participa el Estado en ámbitos ya creados, por ejemplo algunos instrumentos que están detrás del programa Hub Innovation, todo eso hay que potenciar.

—Al inversor hay que darle garantías…

—Claro, a esos inversores les tenemos que garantizar, las regulaciones e infraestructuras acordes. Promover la inversión y quitarles de en medio problemas burocráticos o regulatorios, a cambio de radicar esas inversiones, estimulando las áreas y las actividades que se consideren más importantes para el país.

—O sea, modificar la matriz de indicadores de Comap para enfocarla en otros objetivos…

—Ese es un reto; en algún momento, por ejemplo, sólo se priorizó la creación de empleo y no tanto el grado de sofisticación de esas inversiones. Se trabajará en coordinación con varios ministerios para definir hacia dónde dirigir los incentivos. Transformarse en una economía del conocimiento es un proceso que va a llevar 10 o 15 años. Pero hay que empezarlo ya. Y además, debe cumplir con un mandato de este gobierno, que es que ese crecimiento sea sostenible ambientalmente y también equitativo, desde el punto de vista generacional, territorial, de género, etc.

—¿Qué diferencias tiene esta propuesta con intentos pasados vinculados con innovación?

— Que no es un proyecto aislado, no se trata de crear una secretaría, que se lanza, sin presupuesto y queda sin poder desarrollarse. Acá la idea es otra, se pretende que tenga todo el sustento político para que los ministerios muevan estos temas al mismo tiempo. Nosotros no hacemos leyes, no cambiamos regulaciones, no ponemos en marcha los programas, lo que hacemos es poner toda la información y el conocimiento para que los cambios comiencen a darse, a nivel del Poder Ejecutivo y también el Parlamento, cuando sea necesario. Para que ello funcione, para que las agencias actúen coordinadas y se persiga un rumbo, tiene que haber una fuerte definición política detrás. Eso es lo que el gobierno se propone hacer.

—¿Qué es lo que consideran que no deberían repetirse en el funcionamiento del sistema de innovación en Uruguay?

—Uruguay ha avanzado mucho los últimos 30 años en torno a la economía del conocimiento; se creó Pedeciba, la ANII, luego vino el Plan Ceibal, la UTEC, se instauró el sistema de promoción de inversiones, al tiempo que hemos ido avanzando en el desarrollo de industrias vinculadas a la tecnología y a partir de ello el acceso a mercados más sofisticados. El problema es que eso no alcanza, debemos hacer más y para ello necesitamos tocar otras variables.

—¿Qué instrumentos se deben redefinir?

—Ajustes a nivel fiscal para promover la inversión y cambios en las regulaciones que trancan la innovación en todos los mercados, en el financiero, en el de salud, en el agropecuario. Hay regulaciones que simplificar, hay que “desempapelar” esas áreas. Hay que ir y hablar con los actores y entender los procesos y decir: “esto hay que eliminarlo”. Introducir tecnología digital en todas las actividades de la economía. Una vez que están definidos estos dos planos, hay que lograr que las agencias, coordinadamente, sean grandes ejecutoras de estas políticas. Las que investigan, las que hacen transferencias de tecnología o las que financian a los investigadores u otorgan becas, o porque financian el emprendedurismo y el riesgo de una innovación, o quienes impulsan nuevos instrumentos financieros.
No nos puede pasar que tengamos todos los instrumentos, las agencias, el financiamiento, los incentivos fiscales, y un proyecto quede dando vuelta entrampado en regulaciones. Hay algunos casos, por ejemplo en el área de la biotecnología, donde la inversión se perdió por el exceso regulatorio que trancó la iniciativa. No puede pasar.

—¿Esta agencia tendrá la capacidad de sugerir o de establecer líneas por dónde debe ir el desarrollo y la inversión?

— El rol del gobierno desde nuestra perspectiva debe ser resolver aquellas cuestiones que tienen que ver con el bien público general o que responden a lo que el Estado puede realmente hacer. No le vamos a decir a nadie qué tiene que investigar, qué tiene que estudiar o qué empresa debe armar. Pero les vamos a sacar todo el peso que desde el Estado se pueda evitar.

Gianni Schiaffarino/Archivo El Pais

— La inversión en ciencia y tecnología en Uruguay es del 0,62% del PIB; ¿se insistirá nuevamente en la meta de llegar al 1%?

—Los números son una guía. Y los gobiernos deben procurar que la inversión pública crezca. Estos procesos de impulso a la innovación necesitan en una primera etapa un apoyo mayor del Estado, y en la medida en que va teniendo éxito se incrementa el peso de la inversión privada. O sea, el Estado deberá incrementar su peso en la inversión, pero para llegar a ese 1% vamos a tener que contar también con el privado. Y el privado lo va a hacer si Uruguay le genera las condiciones para que esto ocurra.

—Habló antes del papel de las grandes empresas en este proceso y destacó a las empresas públicas. ¿Cuál debe ser su rol?

—Uno debería pensar que las empresas públicas no son solo los proveedores de bienes y servicios que les corresponden. Una empresa es además un ámbito en donde las finanzas cumplen un rol relevante. Ellas intervienen en el mercado de bienes y servicios, pero por su volumen intervienen en el mercado financiero. El mercado financiero no es sólo prestar dinero, invertir o ahorrar: también es evaluar riesgos o asumir financiamiento de proyectos innovadores. Creo que ese es un debate que va a estar en este período. Nosotros vamos a proponer repensar formas inteligentes de lograr que nuestras grandes empresas públicas y también las grandes empresas internacionales instaladas en Uruguay, sean capaces de movilizar el mercado de innovación, que no es sólo producir nuevos bienes, productos e ideas, sino que es lograr que eso tenga financiamiento.

—Otra pata débil es la muy baja tasa de científicos. ¿Qué hacer en ese terreno?

—El programa va a tener una propuesta de aumentar instrumentos y recursos y diseños para potenciar la formación de científicos. Más formación, pero también que puedan seguir aquí y que no se vayan. Tenemos que aumentar la masa de investigadores en algunas áreas específicas, pero luego tenemos que garantizar que el diseño que hagamos les de ciertas seguridades. Por eso es importante toda la cadena de valor, porque es en ese proceso que el mercado privado debe estar en condiciones de retener ese talento.

—¿Se definió la forma de gobernanza que se le dará a esta nueva institucionalidad?

—Todavía no, va a estar en la órbita de presidencia y tendrá un rango igual o similar a una secretaría. Lo que no queremos repetir es generar compartimentos estancos, lo importante es la coordinación y que podamos diseñar bien los procesos, los objetivos, poder medirlos a partir de una unidad de evaluación y monitoreo. E ir haciendo los ajustes que sean necesarios.
Contamos para ello con un equipo potente y heterogéneo, una decena de hombres y mujeres a las que sumamos profesionales de distintos rubros ante los diferentes temas que abordamos. En el equipo central me acompañan Álvaro Ons, Tania Burgel, David González, Santiago Soto, Rosana González, Silvana Revia, Gabriela Schroeder y Sara Goldberg; además, colaboran los investigadores Carlos Batthiany, Gustavo Domínguez, Javier Baliosian, Cecilia Fernández, entre otros. El trabajo se coordina con Rodrigo Arim, direrctor de OPP y varios ministerios, así como con Gonzalo Tancredi, director de Ciencia y Tecnología del MEC.

—¿Con qué se quedaría satisfecho al terminar este período?

—Entre corto y mediano plazo, en los próximos cinco años, lo primero sería institucionalizar el nuevo marco de acción en presidencia. Con todas sus potestades, estrategias y presupuestos para poder incidir. Y efectivamente, que se funcione como un ecosistema. O sea, la articulación y ejecución coordinada de las políticas públicas; que logremos crear algún instrumento potente de financiamiento de la innovación, que las empresas públicas se involucren en los procesos de innovación. Que a Uruguay lleguen tres o cuatro buenas noticias de capitales que se radiquen en el país alineados con estos planes. Y lograr abrir otros mercados con nuevos productos. Eso me dejaría muy conforme.