Las campañas electorales suelen tener a los impuestos como protagonistas. Para muestra, veamos lo sucedido en las últimas dos y lo que ocurre en la actual.

Hace 10 años, Tabaré Vázquez y Danilo Astori juraban que no subirían los impuestos en el período de gobierno siguiente, en caso de ganar las elecciones. Pero en ese año 2014, el deterioro fiscal se profundizó dado el cese del “viento de cola” que sopló por una década. José Mujica, que en su primer año de gobierno tuvo un déficit de apenas 1,0% del PIB, en el cuarto año ya lo había duplicado (2,1%) y en el quinto lo llevó al 3,2% del PIB.

Vázquez fue electo presidente y Astori designado ministro y más temprano que tarde tuvieron que subir impuestos como el IRPF, el IASS y la tasa consular, al tiempo que dispusieron el final del ajuste por inflación a los efectos del IRAE y gravaron los dividendos no distribuidos después de cierto plazo, entre otros ajustes.

Algunos de esos cambios (los del IRPF y el IASS) se dieron dentro de la lógica de la reforma que el propio Astori lideró en 2007, pero los otros, ocurrieron a contramano de ella. Estos últimos, dicho sea de paso, que el actual gobierno no atinó a revertir, quizá por temor a que le achacaran todavía más que gobernaba para los “malla oro”.

A pesar de ello, en ese quinquenio el déficit fiscal promedió 3,7% del PIB, casi el doble que en el período de Mujica (1,9%). Y terminó con el desequilibrio fiscal en 4,4% del PIB.

Hace cinco años,Luis Lacalle Pou prometió que, en caso de acceder a la presidencia, no habría de subir los impuestos durante su mandato. Es más, dijo que bastaría con un ajuste por el lado del gasto para poner las cuentas en orden. Además, prometió no subir los combustibles en una imprecisa formulación que no aclaraba en qué términos no los subiría.

Durante su mandato, Lacalle Pou no subió los impuestos (la oposición le atribuye haberlo hecho al reducir la tasa de devolución del IVA en pagos con medios electrónicos, pero se trató de algo insignificante desde el punto de vista fiscal) e incluso los bajó, pero con un impacto fiscal también escaso y cuando la situación fiscal ya estaba en claro deterioro. Y, efectivamente, bajó los gastos en la primera mitad de su mandato (sin contar, obviamente, los gastos asociados a la crisis sanitaria). En realidad, no los bajó, sino que los reprimió. No fue una baja estructural, permanente, sino transitoria, reversible. Y en la segunda mitad del período el gasto viene creciendo incluso más de lo que antes había bajado. Así que, ciertamente, no alcanzó con el ajuste inicial por el lado del gasto para poner las cuentas en orden de manera permanente.

Sin contar los gastos asociados a la crisis sanitaria, en el presente quinquenio el déficit fiscal promedio será casi igual al de Vázquez y el cierre se le parecerá mucho: en los 12 meses a agosto el déficit está en 4,4% del PIB.

Mientras tanto, en la presente campaña electoral el tema de los impuestos ha vuelto a estar sobre la mesa. El candidato del PN repite la receta de su líder y promete no subir los impuestos. Por su parte, las bases programáticas del FA hablan de “avanzar en la transformación del sistema tributario, reduciendo impuestos al consumo y fortaleciendo la imposición a la renta y el patrimonio con el criterio de progresividad. Con el objetivo de avanzar en la reducción de la desigualdad, estudiar las formas para incrementar el aporte fiscal por concepto de dividendos y utilidades, así como los patrimonios y las transferencias patrimoniales de muy alto porte”. Y, más recientemente, el nominado ministro para el caso en que el FA gane la elección, Gabriel Oddone, afirmó que “no se puede prometer que no se van a aumentar impuestos”.

Antes de ir a lo esencial, no puedo eludir la referencia de las bases programáticas del FA a “avanzar en la transformación del sistema tributario”. En realidad, no avanzaría, sino que retrocedería, dado que lo que ahora se plantea va a contramano de la reforma de Astori en 2007.

Pero vayamos a lo esencial, es decir si está bien o no prometer no subir los impuestos. Como vimos, hace 10 años se prometió eso y se debió incumplirlo. Hace cinco se lo volvió a prometer y se cumplió, pero la situación fiscal terminará tan mala como se la recibió, no siendo suficiente para poner las cuentas en orden con una mera represión transitoria del gasto, cual resorte que se comprime.

Yo estoy de acuerdo con Oddone en su definición al respecto. Desde un punto de vista estrictamente técnico, un gobierno no se puede amputar el uso de instrumentos, en general, y de uno tan relevante como el impositivo, en particular. Cinco años son demasiado tiempo y pueden surgir situaciones imprevistas que requieran el uso de todo el instrumental que sea posible. Y más en una economía pequeña y muy expuesta a shocks exógenos de diverso orden: de origen global o regional; de tipo económico financiero o no (sanitarios, climáticos, geopolíticos). Basta con repasar nuestra historia en lo que va del siglo para reconocer shocks de todo origen y condición. Para colmo, estamos ante la posibilidad de sufrir el impacto sobre nuestra recaudación, de cambios en la fiscalidad internacional (impuesto mínimo global).

Más absurdo aún es hacer promesas como la que hizo Lacalle Pou hace cinco años en la cancha de Wanderers sobre los precios de los combustibles, ya que en este caso la formación del precio local depende de manera significativa del precio internacional, variable absolutamente incontrolable e imprevisible a cinco años de plazo. De hecho, entre febrero de 2020 y agosto de 2024, los combustibles en pesos corrientes subieron 42%, en términos reales subieron 4% y en dólares subieron 34% mientras que el precio del petróleo subió 47% también en dólares.

Sería bueno que los dirigentes políticos no repitieran errores y cesaran con promesas dignas de mejores causas.