OPINIÓN

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El título refiere a las condiciones necesarias para ir a precios más bajos por los combustibles de manera permanente, estructural, y no a la cuestión de los ajustes periódicos por razones coyunturales, como ocurriera en la primera semana de junio. Aún si se dieran las condiciones para ir a precios menores, ello no impediría que se siguieran modificando en función de la evolución de la inflación, el tipo de cambio y el precio internacional del petróleo.

Un poco por ignorancia y otro poco por demagogia, se suelen confundir ambos conceptos en cada oportunidad en que los precios deben ser aumentados, como sucedió recientemente. En particular, se soslaya que Uruguay es todavía, en términos relativos, un país de inflación alta.

Si algo debe llamar la atención, en todo caso, es que el precio del gasoil haya permanecido fijo por casi tres años y medio, mientras se acumulaban: una inflación de 34%, un aumento de 52% en el precio del dólar y uno de 11% en el petróleo en dólares y del 69% en pesos.

Dicho sea de paso, en un país con la inflación que tenemos y con un bien como el petróleo cuyo precio en nada depende de nosotros, no es conveniente hacer promesas electorales que involucren a los precios de los combustibles. ¿Se habrá aprendido esta vez?

Yendo ahora a lo que planteo en el título, y para situar mi análisis en su justo término, debo decir que no creo que algo vaya a suceder con el monopolio de Ancap —que seguirá tan campante— ni, por ende, con la libre importación de combustibles. También creo que aún si esa situación cambiara, tampoco veríamos menores precios de los combustibles mientras no se corrigieran los temas a los que me voy a referir a continuación. Por último, creo que aún con monopolio y sin libre importación, podremos tener precios más bajos si se hace lo que se debe, sobre lo cual tampoco reboso de optimismo.

Veamos a continuación la serie de medidas que, de aprobarse, coadyuvarían a menores precios de los combustibles de manera permanente en comparación con los que tendremos si seguimos haciendo poco y nada.

En primer lugar, veamos los costos incluidos en el PPI (precio de paridad de importación), que lo inflan en comparación con los precios internacionales.

Uno, los márgenes de distribución de los diferentes combustibles deben ser renegociados, acercándolos lo más posible a los que serían los de competencia, en mercados que tienen muy pocos participantes.

Dos, la comercialización final debe ser abierta a la competencia, fijándose precios máximos y desregulándose su actividad.

Tres, las proporciones (de 5%) que se establecen en la ley, en cada caso, en el uso de biodiesel y de etanol, deben ser reducidas o, al menos, deben considerarse dichos insumos a precios internacionales.

En segundo lugar, veamos los costos que no forman parte del PPI y que el ministro Paganini ha englobado en el denominado “factor X”, que deben ser eliminados de modo de llevarlo a cero: principalmente el subsidio al supergás, las pérdidas en la producción de cemento y la sobre utilización de etanol (9,8% en vez del 5% que indica la ley). Además, está el subsidio al boleto.

También debe modernizarse el marco en el que operan las empresas estatales en general y Ancap en particular, en línea con las recomendaciones que 23 economistas, ingenieros, abogados y contadores propusimos en julio del año pasado.

En particular, destaco el punto 4 de dicho documento: “Analizar de forma explícita los subsidios existentes en los mercados que operan cada una de las empresas, discutir su pertinencia y que sean aprobados a través del Parlamento con un financiamiento a cargo del Presupuesto Nacional”.

Todas las medidas que propuse en los párrafos anteriores se refieren a situaciones actuales que dan lugar al mismo tiempo, a impuestos y subsidios. Por ejemplo, la pérdida por producir cemento implica un impuesto a los consumidores de combustibles y un subsidio a esa producción. En el caso de las mezclas con biodiesel y etanol, hay un impuesto a quienes consumen combustibles con esas mezclas y un subsidio a una determinada región del país (que de eso se trata).

Todos los subsidios deben ser identificados, analizada su pertinencia y aprobados en una ley que establezca su financiamiento, de modo de “sacarlos” de Ancap. Establecer impuestos y subsidios es función de los poderes Ejecutivo y Legislativo, no de una empresa estatal. ¿Habría mayoría parlamentaria para aprobarlos todos? Quizás a algunos de ellos sí y a otros no. Y para los que sí, pues que se voten los recursos presupuestales que los financien. Es más, ya se daría un gran paso si fueran sustituidos por impuestos explícitos a los combustibles, los impuestos implícitos que hoy los financian. ¿O acaso la transparencia no vale?

Un párrafo aparte merece el subsidio al supergás, un subsidio típicamente “kirchnerista”. Hoy día se está subsidiando a todos los consumidores de ese combustible, tanto a aquellos que lo necesitan como a aquellos que no. Con la tecnología disponible se podría sustituir ese subsidio vía precio por una transferencia específica a quienes lo necesiten.

En definitiva, aún teniendo en cuenta el balance ideológico de la coalición que gobierna y asumiendo que no será posible derogar el monopolio de Ancap, hay mucho para hacer en un sentido que produciría los mismos efectos sobre los precios. ¿Ni siquiera para esto hay consenso en el gobierno?