OPINIÓN

En el último mes hubo dos situaciones de muy alto impacto relacionadas al sistema judicial. El 7 de julio el juez Alejandro Recarey dio lugar a un recurso de amparo ante la vacunación pediátrica contra el Covid-19, lo que llevó al poder ejecutivo a suspender tal vacunación. El secretario de Presidencia Álvaro Delgado señaló que “los fallos se acatan, pero se pueden criticar y este fallo es un disparate”. Unas dos semanas antes, el fiscal de Corte Juan Gómez inició un sumario con separación de cargo al fiscal de delitos sexuales Raúl Iglesias por el archivo de 300 denuncias, hecho que Iglesias había defendido en una previa agitada agenda mediática.

Automáticamente esto me llevó al reciente reporte insignia del BID “Confianza: la clave de la cohesión social y el crecimiento en América Latina y el Caribe” editado por Philip Keefer y Carlos Scartascini y a un trabajo que tiene ya algunos años de Ricardo Pascale “Economía y confianza: como se evitó el derrumbe (1985-1989)”.

Según Pascale la gran prioridad del primer gobierno democrático, del que fue parte desde la presidencia del Banco Central del Uruguay, fue la restauración de la confianza. El libro tiene una mezcla de repaso histórico y reflexiones sobre el tratamiento que la disciplina económica da a la confianza. Pascale entiende que, a la salida democrática, la confianza estaba “destruida” y repasa como esto se relacionó con las crisis bancarias del período, los coletazos de la crisis de la deuda externa, los problemas de endeudamiento interno y la inestabilidad financiera.

El informe del BID hace un tratamiento académico y orientado a las políticas públicas en América Latina, donde la confianza es menor que en otras partes del mundo y sigue decreciendo. Según Latinobarómetro, en 1996 un 20% de los encuestados creía que se podía confiar en las personas. Para 2020 solo el 13% lo hacía. En la región, Uruguay es el país con el mayor nivel de confianza, (21%) seguido de México (18%) y Chile (17%). En los últimos escalones se encuentran Venezuela y Brasil (ambos 5%). En contrapartida, el promedio para la OCDE es de 41%.

Un tema clave es la interacción entre la confianza interpersonal y la confianza en el gobierno. La desconfianza interpersonal dificulta las transacciones comerciales por los recaudos permanentes que las partes toman, afecta las inversiones, la contratación de personas y la misma acción ciudadana que podría reclamar que sus gobernantes rindieran cuentas. Cuando la confianza interpersonal es débil, también es débil la voluntad de realizar sacrificios individuales en procura de proyectos colectivos. De esta manera, se ve afectada la disposición a pagar impuestos y obedecer leyes. Se prefieren proyectos de corto plazo y de apropiación rápida de rentas en lugar de la promoción de inversiones eficientes en bienes públicos de beneficio común.

La confianza y la cooperación están íntimamente solapadas. En América Latina la probabilidad de denunciar un delito es de 48% entre quienes no confían en la policía y de 59% entre quienes si confían. En Uruguay estos números son algo mayores con niveles por debajo de 60% para quienes desconfían y en el entorno del 70% para quienes confían en la policía. Similarmente actúa la confianza en el sistema judicial y en valores muy cercanos a la confianza policial. En América Latina la probabilidad de denunciar un delito varía entre 49% y 59% entre quienes desconfían y quienes confían en el sistema judicial. Para Uruguay, afortunadamente, el rango de variación está en valores superiores entre el 60 y 70%, aproximadamente.

Cuando los ciudadanos logran que las autoridades rindan cuentas por sus acciones e inacciones, es cuando las instituciones favorecen la confianza pública. La interacción entre el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo establecen controles que limitan las capacidades de cada uno de comportarse de manera oportunista. En cambio, cuando las instituciones flaquean, no están a la altura requerida, adoban mayor desconfianza distorsionando la toma de decisiones públicas y privadas y acarreando consecuencias negativas en lo económico, en lo político y en lo social.

En el epílogo de su libro, Pascale nos hace saber que, al retorno de la democracia, el primer determinante de la restauración de la confianza fue la búsqueda y obtención de consensos y que esto fue evidente tanto en la dirigencia política, en los sindicatos, las agrupaciones empresariales, los bancos y el equipo económico que integró. Esta búsqueda se basó en la conciencia de un valor superior a defender en la consolidación democrática. En su último párrafo, Pascale reconoce las diferencias y enfrentamientos de la época como naturales. “Pero menos natural es que ellos se enfoquen con claros valores a preservar, que es lo que siempre percibí en estos años de 1985 a 1989. Esta percepción que viví y sentí fue (y es) un motivo adicional para creer en el Uruguay”. En tiempos definitivamente menos dramáticos, esperemos que el querido profesor siga teniendo razón.