La propuesta de plebiscito por la seguridad social tiene problemas, los cuales ya han sido reseñados y señalados oportunamente en diversas columnas de opinión, análisis técnicos e informes y presentaciones a la sociedad, que no revisito exhaustivamente aquí. En cambio, en esta nota busco profundizar en la caracterización de la población objetivo de la reforma, los adultos mayores, y argumentar que aun si se decidiera priorizar a esta población por encima de otras, existen políticas concretas de atención que tienen sentido y son alternativas a una reforma del sistema previsional como el planteado.

En primer lugar, vale repasar la crítica general de que la propuesta a plebiscitar atiende al colectivo etario menos vulnerable de todos: según datos de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del Instituto Nacional de Estadística de 2023, la pobreza se ubicó en 2,2% para los mayores de 65, en 18,6% para los menores de 18, y en 8,5% para las personas entre 18 y 65 años. Es decir, la pobreza en niños, niñas y adolescentes es casi cinco veces superior a la pobreza en adultos mayores, el mayor ratio en América Latina. El tamaño de los grupos etarios es también muy diferente: según la ECH tenemos 860.102 menores de 18, de los cuales 160.162 son pobres, y 542.499 mayores de 64; de ellos, tan solo 11,955 son pobres.[1] Reitero: tenemos 160mil niños, niñas y adolescentes en la pobreza contra 12mil mayores de 64 pobres, lo cual debiera de interpelarnos en términos de prioridades. Ahora bien, ¿Qué podemos decir de estos mayores de 64 en general, y de los que están en la pobreza?

La ECH 2023 nos muestra que dentro del colectivo de mayores de 64, 17,9% permanecen activas: 12,5% (63.445 personas) están ocupadas y 5,4% (27.547 personas) están desocupadas y buscan trabajo. Para completar, 67,5% (341.859 personas) están jubiladas y 12,9% (65.487) son pensionistas. Del total de mayores de 65 años, un 3,3% recibe pensión a la vejez. En tanto las pensiones a la vejez se tornan incondicionales a los 70 años, vale la pena subdividir el grupo de adultos mayores en dos, lo que evidencia una tasa de pobreza del 3,3% para las personas de 65 a 69 años, y de 1,7% para las mayores a 69. Consecuentemente, para la población mayor a 69 años, el 72,1% está jubilado y el 14,8% es pensionista. Lógicamente, para cobrar un ingreso en forma paralela a una jubilación o pensión es necesaria la informalidad, que asciende al 53.2% para los mayores de 64.

De los datos previos se desprende que existe una brecha entre los 64 y 69 años en los que la pensión a la vejez no estaría operando y muchas personas optan por permanecer en actividad hasta llegar los 70 años, aunque aún pasada esa edad la tasa de actividad sugiere que las personas siguen buscando fuentes alternativas de ingresos (en la medida de sus posibilidades). La pregunta que surge a continuación es: ¿cuánto costaría eliminar las situaciones de privación en la población mayor a 64 años? Para ello, recurrimos a la ECH 2023 y computamos la diferencia entre los ingresos de cada hogar pobre con mayores de 64 años y la línea de pobreza: el ejercicio supone identificar el monto total que sería necesario transferir a este colectivo para eliminar la pobreza. Y la respuesta es que, si se pudiera transferir a cada hogar con un mayor de 64 el monto exacto para situarlo por encima de la línea de pobreza, de facto eliminando la pobreza en mayores de 64 años, se necesitarían 100 millones de pesos al mes, unos 31 millones de dólares al año, menos de 0,1% del PIB. Vale señalar la discrepancia entre el monto necesario para atender la pobreza en mayores contra el boquete de déficit fiscal que tiene aparejada la propuesta de reforma de seguridad social a plebiscitar.

Se argumentará con algo de razón que los mayores de 64 son un colectivo especial y sus situaciones de privación y vulnerabilidad no están bien captadas por la línea de pobreza, o sea, que necesitan una línea de pobreza específica. Pues bien, arbitrariamente tomemos una línea de pobreza especial para adultos, situada un 20% por encima de la línea de pobreza del INE. Esto implica considerar que los adultos mayores tienen necesidades de subsistencia un 20% por encima de la población en general. Con este nuevo indicador, la pobreza en mayores de 64 ascendería a 4,7%, alcanzando 25.694 personas. Por tramos, la pobreza afectaría al 6,6% de los adultos entre 65 y 69 años, y al 3,9% de los mayores de 69 años, lo que evidencia nuevamente el relativo éxito de las pensiones a la vejez incondicionadas (a partir de los 70) en paliar situaciones de privación. En este nuevo escenario son necesarios 234 millones de pesos al mes para eliminar la pobreza en mayores de 64, lo que representa unos 107 millones de dólares anuales. Vale señalar, nuevamente, la discrepancia entre el monto necesario para atender esta vulnerabilidad con los costos fiscales asociados a la reforma a plebiscitar.

Con esta nota quiero destacar varias cosas. La primera, que el colectivo de niños, niñas y adolescente es más grande y enfrenta más privaciones que el de mayores de 64 años, y por diversidad de motivos que ya han sido expuestos en otras instancias entiendo que es más prioritario atender la situación de los menores que la de los mayores. La segunda, que la situación de los mayores es heterogénea, con un corte claro en los setenta años, a partir del cual la pobreza baja y todo indica que las pensiones a la vejez tienen éxito en atender la vulnerabilidad. Que muchos adultos mayores se vean inclinados a seguir en el mercado de trabajo complementando su ingreso es preocupante. Sin embargo, la tercera, es que si realmente se quisiera poner foco en las vulnerabilidades enfrentadas por los adultos mayores, en términos de su insuficiencia de ingreso para llegar a la línea de pobreza (o a una línea ajustada), tiene muchísimo más sentido y es más eficiente solucionar los problemas con transferencias focalizadas, que con una reforma general de todo el sistema.

[1] Sin embargo el colectivo de potenciales jubilados crece más rápido que la población (motivo por el cual el sistema previsional está en apuros): tenemos 36,672 personas de 64 años en 2023 contra 31,612 niños de menos de un año.