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Hay varios temas en la coyuntura que dan para hilar fino y que no son triviales.

Primero, quiero retomar un tema que planteé en mi columna del 23 de enero, titulada “Pidiendo más explicaciones a los indicadores”, en la que expresé la necesidad de contar con un “PIB subyacente”, es decir, una medición que deje de lado la incidencia de factores extraordinarios y que represente a un PIB relevante a los efectos del empleo y los impuestos. Esto es hoy en día significativo por la sumatoria de factores inusuales: la sequía y su impacto en agro y electricidad; el impulso negativo en la construcción del final de la obra de UPM2 y de la menor intensidad de la del FFCC Central; la incidencia en la industria del inicio de la producción de UPM2 y de la paralización de la refinería a efectos de realizar inversiones en ella.

Esta situación dará lugar a un crecimiento del PIB observado menor al subyacente en este año y mayor en el año próximo. La última encuesta de expectativas arrojó proyecciones para el PIB de 1% y 3% respectivamente y la situación podría ser aún más notoria, apuntando a 0% en este año y a 4% en el próximo. Pero, en todo caso, el subyacente andará en cada año en torno al 2%, que se parece a la tasa de largo plazo estimada antes del llamativo ajuste reciente.

Otro factor que está incidiendo en el PIB, pero que no lo excluiría por extraordinario a efectos del cálculo subyacente, consiste en el desvío de consumo hacia Argentina. Los hogares uruguayos están gastando parte de su ingreso del otro lado de “los ríos”, donde el dinero les rinde más. De ese modo, esa demanda en particular está siendo abastecida por importaciones y no por producción doméstica.

Segundo, la relación entre la sequía (o la crisis hídrica, que es un concepto más abarcador) y la situación fiscal. El tema está sobre la mesa desde que el MEF pidió al parlamento subir 30% el tope de endeudamiento de este año, como lo hizo con la crisis sanitaria en años anteriores. Sin embargo, el impacto fiscal de ambas crisis es bien diverso, el de la sequía ni se acercará a lo que costó la pandemia. El Parlamento debería autorizar un aumento del tope de deuda “a rendir cuentas” de lo que efectivamente cueste esta crisis y no como un cheque en blanco que pueda ser utilizado para cubrir un mayor déficit fiscal liso y llano.

Por otro lado, la incidencia de la crisis hídrica en los ingresos fiscales no es significativa como sí lo es, por ejemplo, en Argentina, donde una parte mayoritaria de algunas producciones están de hecho estatizadas mediante altos impuestos a la exportación y tipos de cambio inferiores a los de mercado. En Uruguay, desde mediados de los años ´70, tenemos la sana costumbre de no exportar impuestos embutidos en los precios de nuestras exportaciones.

Tercero, la situación se sigue agravando en materia de tipo de cambio real, e importantes indicadores indirectos de actividad muestran signos de deterioro persistentes: la recaudación de impuestos, las exportaciones de bienes, la actividad del núcleo industrial, el balance de turismo. Hoy por hoy la economía está “floja” y la inflación está por debajo de lo esperado. Es tiempo de aflojar la política monetaria mediante una reducción contundente de la tasa respectiva (TPM).

Cuando la TPM subía, con cada salto alcanzaba a la evolución de la tasa media semanal de las Letras de Regulación Monetaria (LRM) de hasta 12 meses de plazo, por lo que había plena consistencia entre la evolución de ambos instrumentos. Pero ahora que la TPM baja, lo hace con “paracaídas” frente a la evolución de la tasa de las LRM. Esta asimetría no tiene fundamento y el BCU debería aprovechar la próxima instancia del Copom para corregirla. El BCU debe salir del “modo analista”, en el que observa y comenta el creciente desalineamiento cambiario como si nada tuviera para hacer al respecto.

Cuarto, la situación fiscal. La regla fiscal no está siendo útil para impedir el habitual deterioro fiscal que se observa en las segundas mitades de nuestros gobiernos. Tras un excelente ajuste fiscal realizado en la primera mitad del gobierno, la situación fiscal está en franco deterioro. Es claro que la inflación ayudó en el período de ajuste, al mantenerse elevada y mayoritariamente por encima de la “heredada” en 2019, mientras que, desde septiembre pasado, se desplomó. Como hemos visto, la caída de la inflación tiene efectos fiscales negativos por la diferente memoria de los regímenes de indexación de ingresos y gastos fiscales. También ayudó al ajuste las menores inversiones, que ahora despegaron.

Entre 2019 y el año terminado en septiembre de 2022, los egresos primarios del sector público no financiero se redujeron en 1,7% del PIB y entre septiembre pasado y junio de este año (años móviles) aumentaron en 1,5% del PIB. Si se deducen los “gastos COVID”, que bajaron entre los 12 meses a septiembre y a junio, la situación es aún más notoria.

De este modo, se está dando una vez más la “regla de oro” de nuestras finanzas públicas: hay un deterioro fiscal en la segunda mitad del período de gobierno. En los siete gobiernos anteriores, en promedio, hubo un deterioro de 1,3 puntos porcentuales del PIB en el resultado fiscal entre los años tercero y quinto. Si se excluye al período del presidente Batlle, donde no se cumplió con esa regla, en circunstancias extraordinarias conocidas, ese deterioro fue de 1,9 puntos porcentuales.

¿Qué ha pasado hasta ahora en este período? Haciendo una vez más las cuentas sin el “gasto COVID”, del déficit de 4,4% del PIB en 2019, se pasó a uno de 1,9% del PIB a septiembre pasado y, ahora, a junio, a uno de 3,8% del PIB.