OPINIÓN

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Uruguay dio una vez más un ejemplo de madurez cívica cuando la ciudadanía expresó su voluntad eligiendo un nuevo gobierno en un clima de mutuo respeto, hecho esencial de toda democracia, pero que en el mundo actual luce devaluado. En su momento hubo fuerzas que intentaron prosperar bajo el alero de la lucha de clases. Ahora, aquello mutó hacia situaciones donde, en las sociedades, se traza una línea divisoria entre “nosotros” y los “otros “, montadas sobre caudillismos o formas corporativas de gobierno que relegan a un segundo plano el funcionamiento de los partidos políticos y sus eventuales alianzas. Y donde el “nosotros” encarna las virtudes, y los “otros”, sin importar su cuantía, son relegados a un segundo plano en cuanto a sus planteos.

El resultado electoral hizo entrar al país en una fase nueva de su historia reciente, pues el parlamento recuperó su función esencial, el debate, hasta ahora atenazado por una mayoría parlamentaria automática que operó con la lógica de partido único de gobierno. Lo cual empobreció la calidad de su gestión y sembró la visión de que la verdad, la sensibilidad social y las buenas políticas estaban en un solo bando. Pues en definitiva esa mayoría no se leudaba en el fermento parlamentario del debate de ideas, sino que muchas veces venía mandatada por decisiones tomadas entre cuatro paredes. Y es falso decir que ese modo operativo potencia a la gestión de gobierno sino todo lo contrario. Pues las democracias y, por tanto, las sociedades, florecen con los debates abiertos que culminan en alianzas o consensos políticos, que a su vez mejoran la calidad de las leyes y avientan los riesgos de crear grietas sociales.

El nuevo gobierno es fruto de esa nueva realidad que se sincroniza con tiempos signados por cambios geopolíticos, innovación tecnológica y nuevas aspiraciones sociales fortificadas por el uso intenso de las redes. Este hecho se fecunda profusamente entre las clases medias nacientes, celosas de mantener lo obtenido y naturalmente aspirando a más. Se habla entonces de la inestabilidad inherente de esta realidad nueva, expresada por alianzas entre varios partidos políticos cuya mayor aspiración es lograr el denominador común que los aglutina. Denostar esa forma de funcionamiento político por su inestabilidad inherente, a cambio de la supuesta superioridad de las mayorías parlamentarias hegemónicas es degradar la sustancia que enriquece el funcionamiento de las democracias.

El gobierno electo tiene el desafío de administrar un cambio de mando en medio de un ámbito regional inestable y una situación macroeconómica delicada, que requiere correctivos urgentes. Ello implica que el nuevo gobierno y el saliente deban colaborar durante un período de transición largo, de casi tres meses. Ese lapso de 90 días es una eternidad cuando observamos la situación que heredará el presidente electo de Argentina el próximo 10 de diciembre. Muy probablemente, volverá a una suerte edulcorada del peronismo rancio, cuya política económica implicará aumentos en las retenciones a las exportaciones, proteccionismo comercial y tipo de cambios múltiples. Ante ello, nuestra autoridad monetaria deberá estar atenta, limando solo la volatilidad cambiaria pero permitiendo que el tipo de cambio se acompase a los eventuales movimientos de nuestro vecino más relevante.

Por otro lado, el gobierno brasileño viene anunciando la aceleración de su nueva agenda de apertura comercial, para lo cual propone flexibilizar al Mercosur rebajando un 50% su arancel externo común, a lo que agrega el anuncio de un TLC con China. De prosperar, todo esto tensionará la relación entre Argentina y Brasil al proponer políticas comerciales antagónicas. Esto implica para Uruguay una oportunidad de oro única, pero que cae en medio de una transición y el comienzo de un nuevo gobierno. Por tanto, los resultados de la reunión del Mercosur a nivel presidencial que se celebró recientemente, aceleran los tiempos de formular una opinión que tiene la dimensión de una política de Estado.

En paralelo y más urgente está el encuadre de las cuentas fiscales, tema central de debate durante la campaña electoral sobre cómo hacerlo. Un primer paso es conocer ciertamente la magnitud del déficit heredado, los gastos ya devengados cuyo pago fue diferido en el tiempo y la situación económico-financiera de las empresas públicas.

Para ello se requiere la colaboración plena de la administración saliente, algo que ya está en marcha. Sin embargo, el episodio de no aumentar tarifas en enero próximo, trasladándole el supuesto costo político de su actualización a la próxima administración, será una anécdota que de todos modos empequeñece al gobierno saliente.

Por último, reconocer que este cambio de administración no es la refundación del país, sino consecuencia del fluir de un proceso democrático, donde la ciudadanía decidió canalizarlo a través de una alternativa cuyo cerno es una coalición de partidos, con propuestas que tienen un denominador común y que no implican un cisma radical con todo lo que se hizo en el pasado. Si no lo hizo la izquierda cuando asumió el poder por primera vez en su historia, respetando principios y estructuras básicas del funcionamiento de la sociedad, tampoco ocurrirá ahora.