El pecado original grafica el estado del espíritu desde la perspectiva religiosa. Una figura potente que aplica a vulnerabilidades de nuestra sociedad, que se han vuelto estructurales por condicionamientos del entorno, por historia acumulada y por errores no asumidos. Algunos son lacerantes, otros importantes.
Entre los primeros, una población de 200-300 mil personas en más de 600 asentamientos[1] y 60-90 mil pertenecientes a familias con integrantes o privados de libertad, o que salen y/o entran en prisión, vinculados a todo tipo de delitos y una estimación de aprox. 60-70 mil vinculadas al tráfico, venta y consumo de drogas ilegales[2]. La consolidación del tráfico de drogas, personas y armas y el lavado de dinero se traducen en situaciones patéticas que bordean lo ridículo, pero nos estamos acostumbrando[3].
La falla en el compromiso real del sistema político en los últimos 10-15 años para reforzar los mecanismos institucionales de contralor, asignar los recursos y proveer de una normativa acorde, colaboró en el resultado[4] y todo está indisolublemente relacionado con la gobernanza en el ámbito público y el control de organizaciones que algunos autores han bautizado como “los vendedores de cuchillos”[5].
Más de un millón de personas se encuentran en el clearing, con 700 mil irrecuperables[6], debido a un marco regulatorio que se arrastra por inercia, mal diseñado y peor ejecutado. Un gran error de gobernanza y normativa y un gran debe con la sociedad, siendo un serio drama para la vida de las personas.
Por si fuera poco, al menos desde 2023, se verifican una serie de hackeos y estafas a clientes de los bancos, en cuentas y tarjetas de crédito, para lo que algunos de ellos o el BCU no parecen estar dando una respuesta acorde a la situación, lo que genera un daño patrimonial y de diverso tipo a los usuarios, estresando al eslabón más débil de la cadena.
Fuimos “fantásticos”
Hasta mediados del siglo XX estábamos relativamente bien, en cuanto a calidad de vida, nivel de desarrollo relativo e ingreso per-cápita, con menos inequidades y vulnerabilidades críticas que hoy. Superábamos en ingreso per-cápita a Israel, Austria, Irlanda, Italia, España, por mencionar algunos, que hoy nos superan con holgura.
A pesar que hemos perdido bienestar en comparación con otros países, hemos avanzado mucho, gracias a normas aceptadas y promovidas por todos los gobiernos desde los ´80. Mencionar el canje de deuda por inversión, la ley forestal, la ley de zonas francas, la reforma portuaria y la de los seguros, la normativa de puertos y aeropuertos libres, los sistemas de promoción de inversiones (y los ajustes a la Comap en los últimos 15 años), la reforma tributaria, la reforma del sistema de salud, la creación de las AFAP (importante instrumento de ahorro, inversión y profundidad del mercado de capitales), la UI (unidad indexada) y la pesificación de la economía (parcialmente completada), la consolidación y fortalecimiento del sistema financiero, con mejoras de la regulación del sistema bancario después de la crisis 2002 (incompleta todavía en varios aspectos desde la perspectiva del usuario), la creación y consolidación de los CAIF, las inversiones en infraestructura (por empujes y discontinuas), el cambio de la matriz energética, la ley de las PPP y sus variantes, el instrumento del fideicomiso, por mencionar algunas de las más importantes.
Lejos del objetivo
Cuando el descontento es real, pasa como con la reforma constitucional de 1989 (seguridad social), rechazada solo por una minoría (20%). Cuando la lectura es equivocada, se plantea una reforma como la planteada en el plebiscito 2024, que refleja otras prioridades y una agenda de sectores específicos y con consecuencias impredecibles.
La gente, según quién, cuestiona al actual gobierno o a los anteriores, pero parece darse cierta coincidencia en que empezaron con varios aciertos y una aprobación general, corrigiendo abusos y desequilibrios, consolidando políticas mayoritariamente aceptadas y proponiendo ajustes a algunas de las inequidades preexistentes. En ambos casos, también, se desvaneció la impronta tan positiva de los comienzos.
En el caso del FA con un talante amigable con la realidad del Uruguay corporativo, focalizado en algunos sectores sociales con peso político y social, pero también en sectores económicos líderes. La coalición trató de evitar ciertos conflictos con sectores sociales organizados y corporaciones, así como también con grupos de poder, postergando mejoras sustantivas de regulación en mercados poco competitivos, casi cotos de caza (transporte, combustibles, energía, telecomunicaciones, sector financiero y otros).
Asuntos de peso
Existía una chance similar de que el plebiscito de la seguridad social resulte aprobado como que no se imponga en mayo el referido al endeudamiento. No había forma de que el primero no infundiese temor por la eliminación de las AFAP, si el público era informado de los alcances ulteriores, no porque defendiera la reforma del gobierno, que será modificada, sino porque los impulsores del plebiscito tensaron la cuerda, queriendo tirar con la cadena al propio inodoro[7].
La segunda convocatoria, referida al endeudamiento, advertimos, será más importante que lo que admiten los actores políticos. El propio sector financiero, realizó una convocatoria ofreciendo un “paliativo”, alivianando ciertas cargas financieras de un grupo minoritario de sus deudores. El propio BHU se avino también, a regañadientes, a ofrecer una solución parcial a algunos deudores. Sospechamos que el éxito de este plebiscito será similar, aunque menor, al alcanzado por la reforma constitucional de 1989, la que, obviamente, tampoco debió llegar a la modificación de la carta magna, pero cuando se estrechan las salidas y el abuso se vuelve crónico, la escapatoria se da por estampida y a como dé lugar[8].
Ambos candidatos, que al momento de escribir esta columna las encuestas indicaban que deberían estar definiendo en una segunda ronda, tienen las condiciones y ahora tienen la gran oportunidad de atender argumentos de sectores que plantean demandas justas y de sentido común, aun cuando no provengan de sus propias filas (algunas reflejadas en plebiscitos) y atender deudas pendientes de la sociedad, las que se originan en los “pecados originales” antes referidos.
De lo contrario, estos temas de tanta sensibilidad e impacto, que no se resuelven por generación espontánea y que nadie logra articular en instancias formales, nos llevarán a un círculo vicioso perverso y se seguirán resolviendo por la vía de los hechos y con altísimo costo social.
[1] Algunas estimaciones los ubican más cerca de 700
[2] Estimaciones ad-hoc y todas parciales, que surgen de informes de prensa y sin contar el uso abusivo de alcohol y otras
[3] Escape de Morabito, tráfico de pasaportes, operación de “salvataje a Marset”, absoluciones en 2023 luego de 14 años de la operación campanita, grave aumento del sicariato, de enfrentamiento de mafias y bandas, víctimas civiles, incluso niños, todo eso es “un montón”
[4] Frase no de mi autoría: “detrás de cada tráfico de drogas hay lavado”
[5] Ver “El vendedor de cuchillos”, Ricardo Gil Iribarne y otros. Señalan el lavado de activos es condición necesaria para el funcionamiento de la economía ilegal (terrorismo, tráfico de drogas, trata de personas, prostitución y otros crímenes) y los servicios de todo tipo (legal, contable, financiero, etc.), o sea “los vendedores de cuchillos”, son claves para el negocio; ellos no matan solo hacen que “funcione” . Los autores intentan mostrar que en Uruguay hoy es una realidad que tiene impacto en la convivencia, la economía, las instituciones, la democracia y los partidos políticos
[6] Ver Diario Cambio, entrevista a Cecilia Eguiluz, A. Ferreira, ago/23, sumado a reportes de prensa e información de la Comisión pro Referéndum
[7] Diferente hubiera siso plantear una reforma del marco regulatorio que tiene el propio regulador del sistema de las AFAP´s, corrigiendo inequidades o ineficiencias
[8] Un ex socio, empresario y ex presidente de una importante cámara empresarial bromeaba según la experiencia de dictaba: “obligado cualquiera pelea”