Las negociaciones climáticas han dejado atrás su enfoque meramente técnico, aunque tal vez nunca hayan sido exclusivamente así, más allá de la rigurosidad, elocuencia y advertencias presentadas en los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Hoy en día, la evidencia del calentamiento global es contundente y observable, por lo que carece de sentido entrar en un enfrentamiento de posturas a favor o en contra del cambio climático. Estas posturas aportan poco a la construcción de una sociedad moderna.

Sin embargo, detrás de las negociaciones sobre clima y energía se encuentran temas mucho más profundos en las relaciones internacionales, el desarrollo de las naciones, la erradicación de la pobreza, la deforestación, la explotación de reservas fósiles y los cambios en el uso de la tierra. Estos temas serán la base del necesario diálogo futuro.

En el mundo desarrollado, se está observando gradualmente una creciente demanda social ambientalista, un fenómeno natural en países que han logrado satisfacer gran parte de sus necesidades básicas. Esta demanda también se refleja en una creciente, aunque todavía insuficiente, disposición a pagar por las externalidades negativas generadas por un consumo posiblemente excesivo, particularmente de los más ricos, tanto en el presente como en el pasado. Esto constituye una señal claramente positiva y refleja una mayor conciencia en las sociedades que han experimentado un desarrollo industrial temprano.

Pero, lo preocupante es cuando estas demandas se trasladan a naciones menos favorecidas o más vulnerables como una obligación o una imposición ética, lo cual puede limitar las oportunidades de desarrollo para los más desfavorecidos. En este proceso, los "demandantes" a menudo olvidan la génesis del problema y, de manera implícita, esperan que las acciones contra el cambio climático profundicen las brechas de desarrollo y pobreza a nivel global, una tendencia lamentablemente ya evidente.

Por eso, cuando hablamos de cambio climático nos referimos a un inventario acumulado de gases de efecto invernadero en la atmósfera proveniente de la actividad humana, lo que pasa a ser algo relevante en esta discusión, porque la cantidad acumulada de dióxido de carbono (CO2) emitida desde el inicio de la revolución industrial está estrechamente relacionada con el calentamiento de 1,2 ºC que hoy observamos, según datos publicados en un reporte de CarbonBrief de 2021  (Carbon Brief, 2021). En total, el ser humano ha volcado a la atmósfera unas 2.500 giga toneladas de CO2 equivalente (GtCO2) desde 1850, lo que deja menos de 500 GtCO2 de presupuesto de carbono restante para mantener la temperatura por debajo de 1,5 ºC de calentamiento.

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Si hablamos de las responsabilidades sobre el inventario de gases en esta historia industrial, Estados Unidos ha emitido más de 500 GtCO2 desde 1850 y es responsable de la mayor parte de las emisiones históricas, con cerca del 20% del total mundial. En segundo lugar, se encuentra China, con el 11,4% de las emisiones acumuladas de CO2 y en tercer lugar Rusia con el 6,9%. Brasil es el cuarto país en incidencia con una alta participación de las emisiones provenientes por el cambio en el uso de suelo. Emisiones acumuladas de CO2 por país en GtonCO2.

Si se observa en término de emisiones per cápita, según datos del Banco Mundial de 2020 (datos de pandemia), los países de Latinoamérica y el Caribe emitieron 2,2 ton/hab. mientras que los países que integran la OCDE emitieron 7,7 ton/hab. Sin embargo, aun cuando se reconocen estas asimetrías referentes al nivel de desarrollo y aporte al problema, y además se admite un abordaje diferencial que tiene previsto incorporar mecanismos de transferencia de recursos y asistencia entre las naciones, la tendencia observada es que se agudiza el proteccionismo ambiental por parte de las naciones más desarrolladas y el flujo de asistencia para compensar las asimetrías es mucho menor que el necesario para reducir las brechas entre naciones ricas y pobres.

Rebeca Grynnspan, la Secretaria General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, en una nota para el Financial Times de diciembre de 2023, argumentaba que el “Mundo rico utiliza las políticas verdes para frenar el desarrollo de los más pobres” y condenaba enérgicamente el proteccionismo ambiental que se viene gradualmente implementando en Norteamérica y Europa. Dentro de sus argumentos, sostenía que muchas de las nuevas “normas comerciales” que actúan como barreras no arancelarias (proteccionismo ambiental) prohíben o restringen prácticas que pueden utilizar los países en desarrollo consideradas no respetuosas con el ambiente, pero actualmente no se aportan alternativas reales para accionar o resolver esas prácticas y por otro lado “los países desarrollados tienen más espacio fiscal para subsidiar tecnologías y prácticas que busquen un interés ambiental” que los menos desarrollados. Aspecto que, claramente, incide en la brecha de desarrollo entre las naciones ricas y pobres. Grynspan en esa entrevista cerraba diciendo que en el actual contexto “se ha marginado toda la cuestión de la responsabilidad común pero diferenciada” que es parte fundamental de los acuerdos climáticos.

Lo anterior expone una emergente y preocupante situación, que utiliza al clima como argumento para aumentar el proteccionismo y consecuentemente ampliar la brecha entre naciones ricas y pobres, restringiendo las posibilidades de desarrollo y la mejora de la calidad de vida y acceso a servicios básicos de las personas más vulnerables del planeta y además desconociendo, o al menos no asumiendo plenamente, la responsabilidad del problema climático.

Por eso el tema es un nuevo espacio de la negociación internacional y que nos enfrenta a desafíos e incertidumbre para el futuro, y posiblemente algunas oportunidades en algunos países. Las preguntas que surgen tienen un juicio de valor implícito, el cual puede estar influenciado por múltiples elementos dependiendo de la perspectiva desde la que se observa. ¿Es válido que las naciones desarrolladas apliquen medidas proteccionistas amparadas en un supuesto interés ambiental global? ¿Es posible exigir un único modelo de desarrollo que implica una exclusión implícita de las naciones más vulnerables? ¿Es razonable exigirle a una nación que no ha logrado satisfacer las necesidades básicas de su población, que retenga recursos fósiles en el subsuelo? ¿La misma pregunta se aplica a la masa boscosa que es patrimonio de la humanidad? ¿Si fuera así, cuáles serían los mecanismos para compensar la pérdida de bienestar de las comunidades y quienes estarían dispuestos a pagar por este bien global?

Posiblemente Uruguay parte de una buena situación en términos de su matriz energética, pero no es ajeno respecto a la incidencia de las emisiones de otros sectores, que hoy están en el ojo de la tormenta. Por otro lado, debemos ser muy cautos en la incorporación temprana de tecnología verde que implique sobrecostos. Lo que no queda dudas es que estos aspectos necesariamente deberán estar en la agenda del corto plazo.

- Alfonso Blanco, columnista invitado, es ingeniero industrial, consultor del Banco Mundial en temas de energía. Fue Director Ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE, 2017-2023), Director de la División Demanda, Acceso y Eficiencia Energética del MIEM (2005-20