TEMA DE ANÁLISIS
A pesar de la relativa rápida recuperación en 2020, el empleo continuará afectado en 2021, con mayor incidencia en trabajadores jóvenes y/o informales.
Las últimas cifras divulgadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) mostraron que en noviembre la economía recuperó unos 9 mil empleos, en línea con un aumento en la tasa de empleo de 54,5% a 55,0%. Por su parte, la tasa de desempleo se redujo tres décimas (de 11,2% a 10,9%) indicando que unas 5 mil personas dejaron de estar desocupadas en el último mes.
Ambas cifras confirman que la economía continúa recuperándose, pero se mantiene lejos del nivel pre-pandemia, con unos 38 mil trabajadores que no han retornado a su empleo.
Sin embargo, existen dos aspectos que deben considerarse y que relativizan la mejora del empleo en noviembre. En primer lugar, los meses de noviembre y diciembre son típicamente meses en los que la tasa de empleo aumenta de forma estacional, por tanto, la tasa suele ser siempre superior a la del mes de octubre. Por otra parte, por primera vez desde que comenzó la pandemia, la caída en el número de ocupados ausentes que se encontraba en seguro de paro o suspensión de actividades se detuvo. Ello podría indicar que la mejora en las cifras de empleo asociada al impacto de la pandemia estaría acercándose a su techo hasta tanto no se reduzcan las restricciones sanitarias. Las cifras divulgadas por el BPS para el mes de diciembre se encuentran en esa línea, el número de beneficiarios de seguro de paro aumentó de 76 mil a 78,5 mil.
En agosto, cuando analizábamos las cifras correspondientes al mes de mayo, que indicaban que unos 174 mil trabajadores estaban ausentes por encontrarse en seguro de paro o suspensión de actividades y unos 33 mil no buscaban empleo por la coyuntura de la pandemia, estimamos que la tasa de desempleo se ubicaría en torno al 13% hacia fines del segundo semestre.
Afortunadamente, estábamos errados. El desempeño del mercado laboral entre junio y noviembre ha sido bastante más positivo, en línea con el buen desempeño que tuvo Uruguay enfrentando la pandemia. En abril, en medio de la pandemia, el número de trabajadores presentes (excluyendo ocupados ausentes en seguro de paro o suspensión de actividades) era inferior en 357 mil al promedio de 2019. Entre abril y noviembre, unos 299 mil trabajadores retomaron sus actividades y solamente unos 58 mil se mantienen ausentes o desocupados en comparación con el promedio de 2019.
A su vez, mencionábamos que la economía arrastraba problemas de empleo desde hace ya más de cinco años. En febrero de 2020 la tasa de empleo se ubicaba casi 4 puntos porcentuales por debajo del nivel máximo alcanzado en 2014, equivalente a unos 60 mil puestos de trabajo. Si bien ello no se reflejó directamente en la evolución del salario real (comienza a caer a mediados de 2019), sí impactó en el ingreso medio de los hogares que comenzó a caer a fines de 2017 y previo a la pandemia arrastraba una caída real del 5%. En tendencia-ciclo, la pandemia provocó una caída adicional del ingreso real de los hogares del 9%, con una recuperación posterior del 3% entre abril y noviembre.
A pesar de la relativa rápida recuperación del mercado laboral, el escenario para 2021 se ha complejizado. El deterioro de la situación sanitaria ha profundizado algunas de las restricciones (ej. horario de restaurantes, espectáculos públicos, entre otras) y ha cerrado las fronteras al turismo. En ese sentido, el escenario base hoy en día indicaría que hasta tanto no se logre un nivel aceptable de inmunización y control de la pandemia, las restricciones actuales seguirán.
Por tal motivo, es de esperar que, al menos hasta fines de 2021, seguirán fuertemente afectados los sectores de restaurantes, espectáculos públicos, hotelería y actividades inmobiliarias, entre otros.
Los sectores afectados son generalmente muy intensivos en mano de obra y en muchos casos emplean a trabajadores relativamente jóvenes y con niveles de informalidad por encima del promedio, lo que dificulta el despliegue de medidas compensatorias, ya que, a diferencia de los formales, no es tan fácil su identificación. En 2019, unas 51 mil personas eran empleadas por el sector de restaurantes, bares y abastecimiento de eventos, de las cuales el 40% tenía menos de 30 años y el 41% era informal. Entre los informales, solamente 1 de cada 5 trabajadores en este sector recibía una asignación familiar. A modo de contraste, a nivel país el 23% de los trabajadores tenía menos de 30 años y el 25% era informal.
Al impacto de las restricciones sanitarias, debe agregársele el del turismo y su profundo impacto en las economías departamentales, no solo de forma directa, por ejemplo, en el sector de hotelería, sino también de forma indirecta (vía menor demanda de insumos y proveedores) e inducida (vía la caída en la masa salarial y su posterior efecto en el consumo). El 10% de los trabajadores en restaurantes, bares y abastecimiento de eventos desempeñaba sus tareas en Maldonado, y entre ellos, el 30% era informal. A su vez, de los 11,5 mil trabajadores del sector hotelero, el 29% era empleado en Maldonado, el 29% en Montevideo, el 9% en Salto y el 7% en Colonia.
Además, si se tiene en cuenta que, del total de trabajadores en el país, solamente el 5,8% estaba empleado en Maldonado, presumiblemente los sectores de limpieza de edificios (17 mil trabajadores, 77% informales) y servicio doméstico (109 mil trabajadores, 41% informales) también han sido fuertemente impactados por el turismo, ya que cerca del 12% de ellos se desempeñaba en Maldonado.
Entre marzo y noviembre, el gasto por seguros de desempleo aumentó en unos US$ 230 millones (0,4% del PIB) mientras que el aumento en las transferencias por asignaciones familiares y la tarjeta Uruguay Social, entre otros planes, alcanzó los USD$150 millones. Por lo mencionado anteriormente, es factible que entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021 el gasto adicional por la pandemia se ubique en torno a los US$ 150 millones por seguro de desempleo y US$ 200 millones por transferencias sociales y otros. A su vez, no debe descartarse que en coordinación con las intendencias departamentales deba realizarse un gasto adicional enfocado en los trabajadores informales que han sido fuertemente afectados por el impacto negativo del turismo, ya que no reciben subsidios por desempleo y como se mencionó, en muchos casos tampoco recibían transferencias sociales en 2019.
El gasto asignado al fondo COVID-19, al que debe agregársele la caída en los ingresos del BPS, continuará impactando de forma negativa en las cuentas públicas. Será clave avanzar de forma decidida en la reforma de la seguridad social, que, si bien no tendrá efectos inmediatos directos en las finanzas públicas, si los tendrá a través de la reducción de la deuda implícita del gobierno que le permitirá financiarse a un costo menor.
(*) Nicolás Cichevski. Gerente del Área de Consultoría Económica de Grant Thornton Uruguay y Paraguay.