Con creciente frecuencia se escuchan quejas de montevideanos que se ven afectados en su desplazamiento para ir a su trabajo o a algún otro lugar, y de quienes ven reducir el valor de sus propiedades, afectados en sus derechos de propiedad, debido al tránsito que crece anualmente en la capital del país, sin acciones que eviten sus consecuencias adversas. Obviamente, hay razones que justifican esas quejas en general y al margen de preferencias políticas.

Las quejas son respuesta a los perjuicios, pecuniarios y no pecuniarios, pero medibles en este aspecto, que de manera creciente se imponen por la no aplicación de regulaciones comunales, por la inexistencia de ellas en algunos casos, por la falta de mantenimiento, adecuación o creación de la infraestructura necesaria para evitar esos perjuicios, por decisiones y por errores que no se comprenden de jerarcas comunales o por otras cosas por el estilo.

El tránsito

Una incorporación neta muy grande de unidades al tránsito capitalino de la última década ha llevado a que el tiempo de desplazamiento de cualquier parte de la ciudad a otra se haya extendido, en algunos casos notablemente. El mayor tiempo referido tiene un costo de oportunidad: el asignable al ocio no gozado y el del ingreso que se habría tenido bajando el tiempo perdido. La agregación del tiempo perdido por la población capitalina y de alrededores tiene un alto costo de oportunidad.

Sin embargo, el costo social por la pérdida de tiempo en el tránsito no es el único. A él se deben agregar otros costos relativamente más explícitos, como el que resulta del mayor uso de combustibles y el del mantenimiento por mayor desgaste de las unidades vehiculares.

Es la suma de todos esos costos para la sociedad que no son captados como beneficios por prácticamente nadie; un costo social que se debe estimar, aunque más no sea aproximadamente, para tomar medidas que, si bien difícilmente les eviten, de alguna manera les minimicen. Algo de lo que estamos, a juzgar hasta donde yo sé, muy alejados todavía. No se aprecian nuevas vías de tránsito que mejoren la circulación. Ni siquiera ampliaciones, ni remodelaciones ni mantenimiento en las ya existentes ni ordenamiento vehicular del tránsito en horas pico por personal comunal.

En definitiva, como se vienen planteando las cosas, es altamente probable que el caos vehicular continúe generando un creciente costo social que no parece importar a ninguna autoridad como sí ocurre en otras ciudades de América Latina. En éstas encontramos obras de infraestructura, públicas y privadas y también regulaciones que permiten una agilidad mayor en la movilidad vehicular y de la gente y, en consecuencia, un costo social menor.

La construcción

También en el caso de la inversión inmobiliaria las quejas existen y no son pocas. Es habitual el incumplimiento de regulaciones que supuestamente tienden a definir derechos de propiedad. Cuando alguien invierte en un inmueble lo hace teniendo presente los derechos y las obligaciones que le asisten al comprarlo en tal o cual lugar. Ese es, en definitiva, el fundamento para la inversión y de los derechos de propiedad que adquiere. Y cuando se cumple con las obligaciones como pago de tributos y buen uso del medio ambiente, y observa que su derecho de propiedad que asimismo tiene la promesa de una ordenanza municipal, no se respeta, se le impone un castigo significativo a su inversión inmobiliaria. Tomemos por ejemplo el caso de una regulación que establece que no se pueden construir o instalar, en determinado lugar, cierto tipo de inmuebles o de negocios, por tratarse de una zona residencial para la que se definió, dada la regulación, el valor de los tributos. Quien allí compra confía que adquiere un inmueble y que no se verá afectado patrimonialmente por cambio de regulaciones. Pero esa creencia no se concreta en muchos e importantes casos. Cuando esas vulneraciones aprobadas o no por la comuna y por sus extensiones institucionales ocurren, la mayoría de las veces terminan afectando al inversor inmobiliario, generándole fuertes pérdidas privadas sin que se modifiquen sus obligaciones tributarias definidas para otras circunstancias, con las mismas regulaciones vigentes. Casos de este tipo se conocen vastamente y en expansión a lo largo de la costa de Montevideo. La búsqueda de menor costo de traslado hacia el Centro, la Ciudad Vieja y alrededores, agravado por la preferencia que se ha pasado a dar al poco uso de inversiones para uso de ciclistas, es también causa de la creciente instalación de oficinas de empresas y similares en las zonas mencionadas.

Foto: Estefanía Leal

En el futuro

A pesar de lo que comentara, no se vislumbra que se produzcan cambios en los próximos años, aunque existan las condiciones para realizarlos. Y si los recursos no se tienen para esos cambios, es el momento de que se permita que las inversiones necesarias sean realizadas por el sector privado. El caso del tren a lo largo del muy amplio cantero central de la Avenida Italia es un ejemplo insoslayable. En otros casos, como en el de la existencia de reglamentaciones que no se cumplen para la construcción de determinados inmuebles en ciertas zonas o para la instalación de negocios, lo que alcanzaría sería cumplirlas.

Basta recordar en estos casos lo que contestara el entonces presidente español y antes Secretario General del PSOE, Felipe González, cuando se le preguntara sobre las numerosas privatizaciones que llevara adelante durante su gobierno: “Soy socialista pero no estúpido”.