Según el docente y experto en temas de Lavado de Activos, Ricardo Sabella, la buena reputación que tiene Uruguay en esta materia se verá exigida por nuevas iniciativas de los organismos internacionales competentes.

Sabella sostiene que la incorporación de nuevos sujetos obligados a reportar es una buena medida, y rechaza la posición de los abogados de considerar esa iniciativa como violatoria de sus derechos. A continuación, un resumen de la entrevista.

—¿Hacia dónde apuntan las tendencias en materia de lavado de activos?

—Es muy dinámico y vertiginoso, porque hay veces que la forma en que se cometen cierto tipo de delitos, hace que se quieran implementar soluciones rápidas que son difíciles de llevar a la práctica y de cumplir. Tal es el caso de los Panamá Papers, cuando se quisieron poner en marcha una serie de medidas que si se hubieran llevado a la práctica desde antes, quizás los Panamá Papers no hubieran existido.

Toda esta serie de trabajos son buenos, pero traen aparejados una serie de desafíos, que es no sobrepasarnos de la raya. El exceso de regulaciones y obligaciones mal interpretado, tanto por el propio empuje que el Estado da, como la mala interpretación de los sujetos obligados, puede traer aparejados efectos absolutamente contrarios.

—¿Cómo visualizamos esos efectos contrarios?

—En el mundo hay una gran preocupación por un fenómeno que se ha dado unos años atrás que llamado De-Risking. Es una modalidad en la cual cierto tipo de instituciones financieras, que tienen cuentas de corresponsales con otras entidades más grandes, se ven presionadas por ciertas autoridades y las sanciones que se les aplican por el manejo de las carteras de determinados clientes, entonces para no incurrir en esas sanciones y no incrementar el costo de atender el riesgo de esos recursos, cancelan las relaciones. De esa forma, hay un montón de financieras de algunos sectores muy particulares que quedan sin cuenta de corresponsalía y sin atención bancaria. Es un fenómeno que se ha venido dando en los últimos años, y lamentablemente al día de hoy no hay una solución específica, tanto que, sujetos obligados por un lado dicen que quieren disminuir el riesgo y supervisores por el otro dicen quiero mejorar sus sistemas antilavado; por lo que se generan muchos nodos en la regulación, en el cumplimiento que hacen que, cierto tipo de personas no puedan acceder a una institución y esto no va con la inclusión financiera. Hay que tener cuidado con estas medidas y balancearlas, para disminuir los eventos no deseados que tienen que ver con el lavado de activos, pero por otro lado también proteger las operaciones.

—En momentos de realizar esta nota se está llevando a cabo un plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), ¿cuáles son las preocupaciones más importantes que están sobre la mesa?

—Uno de los desafíos principales es aprobar un documento que explique a las entidades financieras esa apreciación de riesgo e invite a los supervisores y los reguladores a entender definitivamente estos aspectos para que no sucedan esas cosas. El documento pone foco en limitar ese efecto de De-Risking.

Pero además, algo que no ha tenido mucha difusión es la última evaluación en materia de cumplimiento de las recomendaciones internacionales de prevención de lavados de activos por parte de Estados Unidos y Suiza, que no es menor, porque se supone que el que más exige, más debe cumplir. Y se percibe que, evidentemente, a pesar de que todos intentan incrementar sus medidas de control y sanear sus medidas antilavado, la efectividad con que se aplican ciertas medidas todavía no está en puntos óptimos. Tanto en un país como en otro.

—Uruguay es de los mejores vistos en la región…

—Uruguay tuvo la última evaluación en el año 2009 y no le fue mal, salió bastante bien con relación a los demás países de la región y Latinoamérica. Pero, en ese momento se medía nada más que el cumplimiento de ciertos estándares, si estaban incluidos en las regulaciones y demás. Ahora, en la próxima ronda de regulación, en la que a Uruguay le tocará entre 2018 y 2019, se mide la efectividad de las medidas. Todas estas iniciativas de las que mucho se habla en el país, la ley que se envió al Parlamento recientemente sobre transparencia fiscal, así como la de antilavado y la de financiamiento al terrorismo, son buenas, marcan un acontecimiento para mejorar el sistema uruguayo, pero están en papeles todavía; cuando se formalicen y se apliquen, como dijimos se medirá su efectividad, más allá de su existencia.

—¿Qué opina de la Ley de Transparencia?

—Me parece una buena iniciativa. Nosotros venimos evaluando ese proyecto desde el punto de vista de prevención del lavado, no desde el punto de vista fiscal. La vemos muy bien, pero hay ciertos temas que quizás deberían perfeccionarse para ser realmente aplicables. Por ejemplo, la generación de una base de datos centralizada de los beneficiarios finales de todas las empresas que tengan un interés en Uruguay o las empresas locales, y eso respeta las recomendaciones 24 y 25 del GAFI, pero en las notas interpretativas se establece que esas bases de datos deberían no ser cerradas ni privadas, sino intercambiarse con los sujetos obligados que tienen que responder al cumplimiento de esas medidas. Por ejemplo las instituciones financieras que deben identificar al beneficiario final. Si no puedo acceder a ese registro es una limitante y una debilidad.

—¿Su opinión sobre la Ley de Lavado de Activos, que incorpora nuevos sujetos obligados, como los abogados, los partidos políticos o las iglesias?

—Es una iniciativa que no está aislada de lo que está sucediendo a nivel internacional. Es similar a las que existen en muchas jurisdicciones, y la verdad que no me parece mal. Ha habido algunas quejas de algunos profesionales, pero lo cierto es que el proyecto está bien delimitado y establece claramente en que situaciones son sujetos obligados. Acá no se habla de violar temas vinculados con la legítima defensa por parte de los abogados, por ejemplo. La obligación de reportar opera en ciertas situaciones que generan actividades que pueden no ser del dominio absoluto de la actividad de un abogado, como ser la creación de sociedades comerciales o la intermediación en la compraventa de inmuebles. En ese sentido, no ataca a la profesión del abogado.

Quizás hubiese sido más amigable definir estas situaciones para cualquier tipo de personas que las ejerzan, independientemente de la profesión, de esa forma quizá se sentirían menos impactados.

—Para los partidos políticos y las iglesias no parece sencillo instrumentarlo…

—La verdad que no. Es muy difícil entender y comprender dónde están los riesgos en materia de donaciones y manejo de cierto dinero por parte de las organizaciones civiles y sin fines de lucro. Ellos no tienen el adiestramiento de una institución que trabaja en el ámbito financiero para entender esos riesgos, por lo tanto hay que trabajar mucho en la capacitación para poder generar una guía en la que se puedan basar, para trabajar en temas preventivos y también de detección de operaciones que puedan ser sospechosas y reportarlas. No es fácil, pero es absolutamente necesario. Si las autoridades incorporan a esos sujetos obligados, y hace bastante tiempo que se viene hablando de ello, es seguro que lo hacen porque ven que puede haber posibilidades de riesgo en el manejo de dinero de esas instituciones.

—Por no tener gente capacitada…

—No solamente eso, no solo se desconoce sino que a veces se omite. Puede ser que se extralimiten con recibir dinero sin saber de dónde viene, ni preguntar cuál es el origen de los fondos y demás. Si hoy se hacen controles en algunas instituciones, es con el fin de cubrir cierto riesgo reputacional, pero no con el objetivo de colaborar con las políticas antilavado.

—También hay un nuevo rol del Estado en materia de lavado…

—De hecho, si se implementan medidas para la detección de esos delitos, la DGI debería trabajar como sujeto obligado. Reportar cuando hay una anomalía y generar procedimientos acordes para controlar. Por ejemplo, hacer un chequeo en las listas públicas, como los hace cualquier institución financiera, previo a abrir una cuenta, antes de otorgar un RUT. Es todo un procedimiento que no está previsto.

—Se crean, por el mismo proyecto de ley, nuevos delitos precedentes, como el sicariato, la defraudación tributaria o el abigeato…

—No todos los delitos coinciden con los que se toman en cuenta a nivel mundial, hay muchas particularidades en esto. Por ejemplo el tema de sicariato sí es conocido. En el caso del abigeato es muy local. Pero acá el gran fenómeno a analizar realmente y con mucho detenimiento es el delito fiscal como delito precedente. Pero su aplicación puede tener algunas dificultades, tal como está redactado. Cuando hace referencia a fraguar facturas, por ejemplo. No nos olvidemos que se pretende que esto se aplique no solamente a nivel local sino también a nivel internacional, y no se está en condiciones de saber si una factura, que puede parecer apócrifa, cumple con los requisitos de la autoridad tributaria de otro país. Está bien el delito de defraudación tributaria como delito precedente pero localmente, el problema es en la relación con el exterior.

Y un aspecto más a tener en cuenta: pasará a ser muy importante el rol del contador, que quedará obligado a reportar sobre prácticamente todas las operaciones que realizan.

—¿Es tendencia mundial ampliar la base de delitos precedentes?

Si es tendencia, pero no es un copie y pegue de lo que van haciendo otros, sino que responde al trabajo de los países por penalizar los riesgos que tienen, y en función de esos riesgos es que incorporan nuevas figuras.

Director y docente del Certificado en Prevención de Lavado de Dinero en la Universidad Católica del Uruguay. Es socio director de BST Global Consulting, empresa de consultoría internacional para la cual lidera las operaciones en Uruguay.

NO ALCANZARÁ CON PONER EN MARCHA NUEVAS MEDIDAS, SINO QUE HABRÁ QUE MEDIR LOS RESULTADOS DE SU APLICACIÓN